Exmilitares ingresan al Congreso de Guatemala y amenazan con tomar el aeropuerto

 

 

(Sputnik) — Los exmilitares que protestan desde hace días en Guatemala en reclamo de viejos adeudos forzaron su ingreso al Congreso para exigir ser escuchados y amenazaron con adoptar acciones más drásticas.
«Veteranos militares han forzado las puertas e ingresaron al parqueo (estacionamiento) del Congreso de la República de Guatemala, porque a esta hora aún no han sido atendidos. Han dicho que pernoctarán en estas instalaciones y podrían tomar el aeropuerto internacional La Aurora», tuiteó el reportero maya Santiago Botón.
Diversos colectivos de trabajadores de la salud se unieron a los veteranos del conflicto armado (1960-1996) que desde la semana pasada realizan bloqueos de carreteras en Guatemala en reclamo de indemnizaciones por los servicios realizados.
Los manifestantes marcharon desde la capitalina Plaza de la Constitución hasta el Congreso para pedir a diputados que cumplan su promesa de aprobar una ley que avale la indemnización reclamada.

Según testimonios recogidos por Botón, corresponsal de la cadena TeleSur, los veteranos avisaron al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) que ningún hijo de soldado hará servicio militar hasta que lo hagan los hijos de los millonarios.
El diputado Samuel Pérez Álvarez, jefe de bancada del Movimiento Semilla (izquierda), cuestionó en redes sociales la reivindicación de los exmilitares, y propuso destinar los fondos solicitados a pagar las deudas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
«Veteranos militares ‘salvaron’ a Guatemala y dejaron uno de los modelos económicos, sociales, políticos y culturales más fracasados que existen (…) Destinemos eso a pagar la deuda al IGSS y empecemos a construir el Estado para el bienestar que sigue pendiente», tuiteó Pérez Álvarez.

Por su parte, el diputado guatemalteco Aldo Dávila denunció en redes sociales que los veteranos del conflicto armado (1960-1996) secuestraron al personal del Congreso, sin que la Policía o el Ministerio de Gobernación hiciera algo al respecto.
«No hay policía, no hay antimotines, estamos a oscuras, hay mujeres embarazadas, personas de la tercera edad… Estamos secuestrados adentro del Congreso de la República», relató Dávila en la red social Facebook.
Dávila responsabilizó al presidente Alejandro Giammattei, con el giro tomado por las reivindicaciones de los veteranos, pues fue el mandatario y no el Congreso quien les prometió un pago por sus servicios durante la guerra civil.
Según el parlamentario, unas 200 personas fueron retenidas dentro del edificio legislativo por los manifestantes, sin que se vea un accionar del ministro de Gobernación, Gendry Reyes.

«Gendry accioná, para eso estas. Alejandro Giammattei fue el que se comprometió con los manifestantes, no los diputados», recalcó Dávila, primer diputado abiertamente gay en la historia parlamentaria de Guatemala, y protagonista de duros debates con el oficialismo.

Antimotines

Instantes más tarde un equipo antimotines de la Policía Nacional Civil de Guatemala intentó ingresar al Congreso de la República para controlar los disturbios.

«Alrededor de 50 elementos [del equipo antimotines] están distribuidos con motobombas, equipos de ataque rápido y ambulancias para atender a posibles víctimas», dijo al canal GuateVisión el vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Oscar Sánchez, quien adelantó que al menos cinco vehículos pick-upfueron incendiados por los exmilitares.

Detenciones

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala arrestó a dos sospechosos de participar en los disturbios protagonizados por veteranos del conflicto armado, quienes invadieron el Congreso y causaron destrozos.
«Bajo la coordinación y trabajo articulado de las fuerzas de seguridad se reportan capturas de algunos señalados como responsables de alterar el orden en el Centro Histórico», tuiteó la PNC, que respondió gases lacrimógenos a las pedradas y ataques de los manifestantes.
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, apoyada por Naciones Unidas, la guerra civil en Guatemala dejó unos 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, la gran mayoría indígenas mayas.
La Comisión documentó unas 625 masacres perpetradas por la Fuerza Armada en Guatemala, 420 de ellas ocurrieron entre 1982 y 1983 durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt.

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