Fraude Electoral Organizado por Bukele y Aliados
FMLN. Resumen de Acciones
1. La inscripción de la candidatura de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de 2024, es una violación a la Constitución porque, de acuerdo a los artículos: 75 ordinal 4o, 87, 88, 131 ordinal 16o, 152 ordinal 1o, 154, 235, y 248 del texto constitucional; en El Salvador está prohibida la reelección presidencial inmediata; por lo tanto, cualquier acción posterior de un presidente así electo, estaría revestida de ilegalidad e inconstitucionalidad.
2. La concentración de los tres órganos de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en manos de Bukele y sus aliados, que les ha permitido crear legislación para impedir y criminalizar cualquier acción de crítica a la corrupción y resto de actos ilegales, así como favorecer la represión y otras acciones antidemocráticas.
3. El Régimen de Excepción instalado desde el 27 de marzo de 2022, que ha sido utilizado para violar derechos civiles y políticos de la ciudadanía, especialmente, bajo la acusación de pertenecer a grupos de maras y padillas.
4. La persecución política sistemática contra reconocidos dirigentes sociales y políticos, identificados con la oposición, principalmente vinculados al FMLN.
5. La propaganda adelantada y el uso impune del aparato estatal por parte del oficialismo, lo cual es una violación al Código Electoral y a la Ley de Partidos Políticos. También se ha violado el Art. 218 de la Constitución, que establece que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada, por lo que no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. Esta misma disposición constitucional establece que quien lo haga, debe ser sancionado de conformidad con la ley.
6. El papel cómplice que ha tenido el TSE, tanto en la inscripción indebida de la candidatura inconstitucional del actual Presidente, como ante la campaña adelantada y las agresiones en redes sociales a candidatas de partidos de oposición. No es árbitro imparcial.
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7. Las reformas electorales impuestas por el oficialismo, son un retroceso hasta los tiempos de la dictadura militar del país, por ejemplo:
a. Reduccióndelnúmerodemunicipiosde262a44.Conellosereducelafunciónde los gobiernos municipales y la participación ciudadana en el control y desarrollo local, así como manipular los resultados electorales.
b. Reducción de la cantidad de diputados a elegir; de 84 a 60, así como la aplicación del sistema D’Hondt para la asignación de escaños en la Asamblea Legislativa, que violenta la pluralidad y representación proporcional en dicho órgano de Estado.
c. Reformas que permiten votar con pasaporte y DUI vencidos y sin padrón electoral, en el exterior, lo que atenta contra la seguridad jurídica y vulnera el registro electoral y el voto de los ciudadanos. Recientemente el oficialismo aprobó que también se puede votar con DUI vencido en El Salvador, vulnerando totalmente el sistema de controles.
d. Dilatación en los procesos de inscripción de candidaturas y planillas de algunos partidos de oposición, sobre todo al FMLN, lo cual ha puesto en riesgo la inscripción de candidaturas.
8. La bancada legislativa oficialista y partidos afines, reformaron el artículo 295 del Código Penal para castigar con prisión de 10 a 15 años a quienes obstaculicen la inscripción de candidaturas, aunque estas incumplan requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes (tales como la reelección presidencial), con la finalidad de evitar la crítica y denuncia de los partidos políticos y organizaciones.
9. La concentración de los votos legislativos provenientes del exterior en el departamento de San Salvador, que busca asegurarle ventajas al oficialismo, ya que es ahí donde se tendrán que elegir 16 de las 60 diputaciones.
10.Eliminar el padrón electoral del exterior y quitar los controles biométricos, con la supuesta intención de facilitar el trámite a los compatriotas, el llamado Voto en Tránsito, y el hecho de abrir la votación en el exterior a partir del día 6 de enero, son acciones que consuman el fraude electoral, ya que podrán votar todos los compatriotas que se encuentran fuera del país y no sólo los debidamente registrados, como lo indica el Código Electoral.
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11.Se quitó al FMLN el derecho de proponer miembros de JRVEX y JELVEX y vigilantes ante estos organismos. No hay posibilidad de auditar o corroborar todo lo relacionado al voto en el exterior.
12.Sin explicación legal, el TSE ha retenido las credenciales de integrantes de las Juntas Electorales Departamentales (JED), como el caso del departamento de Ahuachapán, de las Juntas Electorales Municipales JEM, y Juntas Receptoras de Votos JRV.
13.Los sorteos y convocatorias de ciudadanos realizadas por el TSE, han sido hechas sin tomar en cuenta aspectos legales, convocando incluso a personas de la tercera edad, empleados del TSE, personas privadas de libertad y a personas ya propuestas por los partidos políticos.
14.El TSE está improvisando en todo el proceso electoral, brinda información parcializada y con poco tiempo a la oposición, y han separado de las principales jefaturas de la institución al personal técnico experimentado.
15.Ahogamiento financiero a los partidos de oposición. Al FMLN recientemente le entregaron parte de la deuda política correspondiente a los comicios de 2021. Y había una negativa a entregar el anticipo de la deuda política, un derecho también constitucional. Fue hasta la noche del 31 de enero, que le fue entregada una parte, dificultando la ejecución presupuestaria por el partido.
16. Ahogamiento financiero de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), para impedir que haga su trabajo de fiscalización del proceso. Durante tres años le han negado el presupuesto para pagar a los representantes de los partidos políticos NT, CD, PAIS y FPS, para obligarlos a respaldar las decisiones pro gobierno. El presupuesto de la JVE es de USD 1,300,000, pero el TSE les entrega menos de USD 800, 000.
