Haití ante el discurso de Bukele:¿una misión de solidaridad o una operación que evita las verdaderas responsabilidades?

Por Jean Clebert Eloius

Pueblo haitiano, no confundamos las promesas con las garantías.

El reciente discurso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dirigido al pueblo haitiano para explicar el despliegue de tropas y equipos militares en nuestro territorio, merece una reflexión profunda. No porque debamos rechazar automáticamente cualquier cooperación internacional, sino porque la historia de Haití nos obliga a examinar cuidadosamente las intenciones, los intereses y las consecuencias de toda intervención extranjera.

El presidente Bukele asegura que su misión no constituye una invasión, que El Salvador no tiene ambiciones territoriales ni económicas en Haití, que está financiando más del 90 % de la operación y que su único propósito es recuperar a cuatro aerotécnicos salvadoreños y combatir a las pandillas que mantienen aterrorizada a nuestra población.

También nos pide confianza, nos recuerda el sufrimiento que vivió su propio país y promete regresar a su territorio una vez concluida la misión.

Son palabras que pueden despertar esperanza en una población agotada por años de violencia. Sin embargo, el pueblo haitiano no puede permitirse confundir un discurso tranquilizador con una garantía de resultados.

¿Quién permitió que Haití llegara hasta aquí?

La pregunta fundamental no es solamente quién llegará a combatir a las pandillas. También debemos preguntarnos quiénes hicieron posible que esas organizaciones criminales adquirieran semejante capacidad militar.

¿Quién financió, compró, introdujo y distribuyó las armas y municiones que hoy utilizan las organizaciones armadas en Haití?

¿Quiénes se beneficiaron económicamente de la circulación de esas armas?

¿Qué redes comerciales, financieras y transnacionales facilitaron el abastecimiento de los grupos criminales?

¿Y por qué, después de tantos años de violencia, todavía no hemos visto una investigación internacional suficientemente profunda sobre las estructuras que alimentan este mercado de armas?

No podemos pretender desarmar a Haití mientras permanecen intactas las redes que permiten que las armas continúen llegando a manos criminales.

¿Los intereses económicos permitirán el éxito de Bukele?

Existe otra cuestión que merece atención: los intereses económicos y políticos que rodean la crisis haitiana.

La inseguridad en Haití no solamente representa una tragedia humana. También tiene consecuencias económicas y estratégicas para diferentes actores nacionales e internacionales.

Es necesario investigar, con independencia y pruebas verificables, las posibles responsabilidades de empresarios, intermediarios, funcionarios y actores políticos dominicanos y haitianos que pudieran haber contribuido al tráfico de armas, al financiamiento de grupos criminales o al mantenimiento de estructuras de corrupción.

No sería responsable señalar colectivamente a una clase empresarial o política como culpable sin pruebas. Pero tampoco sería responsable excluir a quienes pudieran tener responsabilidades por su influencia económica o política.

Por eso debemos formular una pregunta incómoda:

¿Están dispuestos todos los sectores que se benefician directa o indirectamente del desorden haitiano a permitir que una operación internacional elimine las estructuras de las que algunos podrían obtener beneficios?

Si existen intereses económicos vinculados a la prolongación de la inseguridad, ¿qué garantías tenemos de que esos intereses no obstaculizarán una misión que pretende restaurar el orden?

La comunidad internacional debe comprender que combatir a los hombres armados sin investigar las redes que los abastecen puede significar combatir los síntomas y dejar intacta la enfermedad.

¿Por qué no comenzar por un verdadero proceso internacional de justicia?

Quizás una de las decisiones más coherentes para comenzar el desarme de Haití sería impulsar una investigación internacional independiente sobre las redes de tráfico de armas, el financiamiento de las pandillas, la corrupción y las posibles complicidades políticas y empresariales.

Un proceso de justicia internacional, respaldado por pruebas, transparencia y garantías judiciales, permitiría identificar y llevar ante los tribunales competentes a quienes hayan participado en la creación, financiación y sostenimiento de las estructuras criminales.

No se trata de perseguir nacionalidades, castigar colectivamente a empresarios ni fabricar culpables. Se trata de establecer responsabilidades individuales, sin importar el poder económico, político o la nacionalidad de los implicados.

Haití necesita justicia tanto como necesita seguridad.

La solidaridad internacional no puede sustituir nuestra soberanía.

Reconocemos que El Salvador tiene derecho a recuperar a sus ciudadanos y que la cooperación internacional puede contribuir a enfrentar amenazas criminales. Sin embargo, cualquier operación en territorio haitiano debe respetar la soberanía nacional, el derecho internacional, la protección de la población civil y la transparencia sobre sus objetivos, sus costos y su mandato.

La experiencia histórica de Haití nos enseña que las promesas de ayuda internacional no siempre han terminado en la construcción de instituciones fuertes ni en el bienestar de nuestro pueblo.

Por eso, el presidente Bukele y los países que participan o respaldan esta misión deben responder preguntas esenciales:

– ¿Cuál es exactamente el mandato jurídico de esta operación?
– ¿Cuáles son sus límites territoriales, militares y temporales?
– ¿Quién supervisará las actuaciones de las tropas?
– ¿Qué mecanismos garantizarán la protección de los civiles?
– ¿Qué sucederá después de la operación?
– ¿Cómo se investigarán las redes que suministran armas y recursos a las pandillas?

La seguridad no puede construirse sobre la ausencia de transparencia.

Haití no necesita solamente una guerra contra las pandillas; necesita una guerra contra la impunidad.

Pueblo haitiano:

No debemos rechazar la solidaridad de ningún pueblo, pero tampoco debemos entregar nuestra capacidad de pensar, cuestionar y decidir nuestro futuro.

Si realmente queremos recuperar Haití, debemos exigir que las investigaciones lleguen hasta el origen del problema: el tráfico internacional de armas, el financiamiento criminal, la corrupción institucional y las complicidades que puedan existir dentro y fuera de nuestras fronteras.

No podemos aceptar que los hombres armados sean los únicos responsables visibles mientras quienes pudieran haber financiado, abastecido o protegido sus estructuras permanezcan fuera del alcance de la justicia.

La misión de seguridad de Bukele puede representar una oportunidad de cooperación, pero su verdadero éxito no debe medirse únicamente por el número de pandilleros neutralizados o de territorios recuperados. Debe medirse también por su capacidad para contribuir a desmontar las redes que reproducen la violencia y permitir que Haití recupere sus instituciones y su soberanía.

Nuestra posición es clara: Haití necesita seguridad, pero sin justicia no habrá paz duradera; necesita cooperación internacional, pero sin sacrificar su soberanía; necesita desarme, pero comenzando también por quienes suministran las armas.

El futuro de Haití no puede depender únicamente de las decisiones de gobiernos extranjeros. Debe ser construido por los haitianos, con el acompañamiento de una comunidad internacional transparente y respetuosa de nuestra dignidad.

Jean Clebert Eloius
Joven intelectual y líder popular haitiano
29 de Octubre de 2026

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