Interpol vuelve a negar pedido de difusión roja contra Rafael Correa

Quito, Prensa Latin. Interpol negó nuevamente un pedido de Difusión Roja contra Rafael Correa, expresidente de Ecuador, quien insistió hoy en que la solicitud se inscribe en la persecución política de la cual es blanco.
Mediante un oficio enviado por la Comisión de Control de Ficheros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a la oficina de esa entidad en Quito, se informó que es improcedente hacer efectiva una cooperación dentro del espíritu universal de los Derechos Humanos, en el caso relacionado con el exmandatario.

‘La Comisión determinó que la retención de la información del solicitante (Sr Correa Delgado Rafael) no estaba en concordancia con la obligación de Interpol de asegurar una efectiva cooperación entre las autoridades policiales dentro del espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tal virtud se ha decidido eliminar la información’.

Por su parte, en su cuenta en la red social Twitter, Correa afirmó: ‘La realidad es que Interpol niega nuevamente petición de alerta roja por ser incompatible con Derechos Humanos y reconoce implícitamente que todo es PERSECUCIÓN POLÍTICA’.

En ese sentido, añadió que a nivel internacional, quienes lo persiguen sólo hacen el ridículo y lamentó el daño que esos actos ocasionan.

El pedido a la Interpol se realizó luego de que el tribunal de apelación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la sentencia de ocho años de prisión impuesta contra Correa y otras 20 personas, entre exfuncionarios de su gobierno y empresarios, en el caso conocido como Sobornos 2012-2016.

Los sentenciados en el proceso por supuestos pagos de empresas para financiar actividades proselitistas del oficialista Movimiento Alianza PAIS en el período antes mencionado, incluyen al exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y a la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte.

Tanto los procesados como sus respectivas defensas sostienen que no se pudieron comprobar los cargos imputados y que todo forma parte de una trama para impedir la participación de Rafael Correa en las elecciones generales y legislativas previstas en febrero del año próximo.

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