La disputa por el Paraná (Segunda parte)
Por María Fernanda de la Quintana.
Las venas abiertas del rio y la soberanía en juego
Mientras Buenos Aires discutía quién se quedaba con la concesión —un entramado analizado en la primera entrega de esta investigación: Hidrovía: el nuevo negocio del siglo— Washington y Pekín ya habían decidido que esa pregunta no era argentina.
El corredor por donde fluye el 80% de las exportaciones agroindustriales del país es hoy el frente sur de la disputa global por los recursos estratégicos. Lo que el menemismo bautizó en los noventa con el término mercantil de «Hidrovía» es el río Paraná: un ecosistema vivo y una vía soberana que exige ser nombrada por su nombre y no por la marca de su privatización. Lo que se presenta como una licitación es, en los hechos, la cesión de una pieza clave del tablero geopolítico regional a manos privadas,en un momento en que ninguna potencia está dispuesta a mirar para otro lado. El precio de esa entrega no aparece en los pliegos. Está en el río.
El dragado infinito: intervenir un ecosistema para siempre
Lo que los pliegos llaman «mantenimiento de calado» tiene otro nombre en la biología fluvial: intervención estructural permanente. El Delta del Paraná no es un canal industrial; es un macrosistema vivo de 17.500 km² de humedales, con más de 240.000 hectáreas reconocidas como Sitio Ramsar, 643 especies vegetales y más de 200 especies de peces. Tardó milenios en configurarse. Puede alterarse en décadas.
El dragado infinito es un ciclo de intervenciones reiteradas que modifica la morfología del río, su régimen de sedimentos y los hábitats que de él dependen. Cada vez que se draga y se remueve el lecho, se destruye el bentos —las capas del fondo donde habitan los organismos que sostienen la cadena alimentaria—. El sábalo (Prochilodus lineatus), especie central de la fauna acuática y sostén de la economía de subsistencia ribereña, pierde sus zonas de desove y alimentación por la turbidez del agua y la destrucción de la vegetación subacuática. Al profundizar artificialmente el cauce para el paso de grandes buques, la dinámica natural del río se rompe de manera permanente.
¿Quién decide la intervención estructural de un patrimonio común de esta magnitud?
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas objetó el proceso licitatorio por irregularidades y defectos en los pliegos: más de 9.000 páginas presentadas en plazos muy cortos vaciaron de contenido la participación ciudadana, mientras la redacción de la cláusula anticorrupción, las restricciones para impugnar y las condiciones de cesión del contrato generaron serios cuestionamientos sobre el direccionamiento del proceso. La ausencia de estudios de impacto ambiental actualizados compromete además todo el procedimiento en una etapa crucial para resguardar el bien común. En ese contexto, la debilidad de los mecanismos de control e información pública deja la gestión cada vez más subordinada a la rentabilidad privada en una concesión de largo plazo, por encima de la sustentabilidad del ecosistema.
La triangulación de la infraestructura: el tablero de control y la intermediación local
China afuera, Europa adentro: las presiones sobre el mapa fluvial
El conflicto en torno al río Paraná excede con creces las fronteras del Cono Sur: se encuentra en el centro de las presiones globales por el control de la infraestructura estratégica. El río concentra el flujo alimentario hacia el mercado mundial, lo que lo convierte en territorio en disputa. La fuerte demanda comercial de la República Popular China —interesada en asegurar el flujo logístico de commodities— opera como el escenario ante el cual Washington despliega su reacción geopolítica. Esa respuesta busca consolidar presencia física en la región mediante convenios de «asistencia técnica» con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. El resultado fue concreto: el pliego de 2024 introdujo una cláusula que prohíbe la participación de empresas controladas por Estados soberanos, marginando formalmente a las firmas chinas de la gestión directa del río y despejando el camino para los operadores europeos. En ese tablero, las élites empresariales domésticas hace tiempo que eligieron bando. No operan como actores con agenda propia sino como socias menores de las potencias dominantes, convirtiendo la administración del patrimonio público en un esquema de intermediación y captura de rentas.
El caso argentino ilustra esta dinámica de intermediación. Mientras las corporaciones transnacionales aportan la tecnología y el capital específico para sostener el negocio extractivo, los grupos de lobby local —históricamente surgidos al calor de las privatizaciones de los noventa y hoy estrechamente vinculados a los entornos de la gestión de turno— ponen la llave de acceso. Su función no es aportar saberes hidráulicos ni inversión productiva real; es estrictamente política: moldear las condiciones institucionales, asegurar el cabildeo y abrir las puertas del Estado. La soberanía no se cede únicamente en las aguas: se erosiona antes, en las oficinas, y se delega después en las cláusulas de los contratos.
La ausencia de un proyecto regionalcoordinado deja a la infraestructura estratégica sometida a una lógica pendular entre potencias globales, donde los Estados periféricos negocian desde posiciones fragmentadas y subordinadas. En ese marco, la soberanía ya no se limita al control territorial del cauce: involucra la capacidad de intervenir sobre la logística exportadora, fiscalizar el comercio exterior y evitar que la infraestructura crítica quede subordinada a consorcios privados de gestión y financiamiento.
Fragmentación regional y las vías de la ilegalidad
Lejos de funcionar como una herramienta de integración productiva para la región, el sistema fluvial se ha convertido en un escenario de fragmentación y disputa comercial entre los países signatarios. Las tensiones en la Cuenca del Plata, agravadas por el cobro unilateral de peajes y la falta de consensos aduaneros, solo benefician a las grandes agroexportadoras transnacionales que instrumentalizan las fronteras jurídicas para maximizar sus ganancias.
Esta debilidad estructural en el control estatal sobre las terminales y puertos privados transforma a la vía navegable en un territorio de fronteras permeables donde proliferan la subfacturación, la evasión impositiva y el contrabando de granos a gran escala. Es la consecuencia directa de un Estado que resigna su rol regulador en nombre del libre mercado fluvial.
El crimen organizado transnacional aprovecha esa misma porosidad logística y la insuficiencia de radares, controles y patrullaje soberano. Informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya catalogan a esta vía fluvial como un corredor hidrográfico crítico para el tráfico transatlántico de estupefacientes, mediante la contaminación de contenedores de carga lícita utilizados como ruta de salida hacia Europa y África.
El blindaje institucional y el cortocircuito judicial
El entramado se cierra mediante los mecanismos de autoprotección del propio aparato estatal. Mientras las alarmas socioambientales y geopolíticas se encienden en los territorios, en los escritorios judiciales se acelera el trámite de devastación ambiental.
Un ejemplo notorio de este blindaje es la postura del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien dictaminó a favor de rechazar las medidas cautelares que buscaban frenar la licitación, impulsadas por organizaciones civiles como el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Al avalar la desestimación de este recurso y relativizar las advertencias de la PIA, este tipo de dictámenes judiciales limita por ahora las vías de freno institucional al avance de la concesión. De este modo, sectores de la Justicia federal no solo clausuran el debate democrático, sino que actúan como el garante institucional necesariopara blindar el negocio de los consorcios de gestión y el poder político que los respalda.
Como escribió Eduardo Galeano, la región sigue pagando con sus recursos la prosperidad ajena. En el Paraná esa sentencia tiene nombre y coordenadas precisas: una pugna estructural por quién decide sobre los recursos estratégicos del territorio, donde instancias de la Justicia desoyen las irregularidades y el poder político que los ampara diseña normas a la medida de la desregulación. El río fluye reconvertido en uncorredor de desposesión: un escenario donde la ganancia corporativa avanza a costa de la soberanía territorial.
TELESUR