La encuestocracia versus la democracia

Rafael Alburquerque

Pasada la Semana Santa la Gallup de la República Dominicana dio a conocer su anunciada encuesta sobre la intención de votos para las elecciones generales del año 2024. Tan pronto fue publicada sus resultados fueron cuestionados por una opinión pública que hizo resaltar sus múltiples errores, entre estos, un gráfico que incluía a tres candidatos presidenciales para la segunda vuelta electoral en la que solo participan los dos más votados en la primera; el dato revelador de que un 67.3% de los entrevistados pertenecía a un determinado partido político, lo que evidenciaba el sesgo de sus conclusiones; y la sorprendente inclusión en el sondeo de una nota con recomendaciones para el gobierno, lo que revelaba que había sido pagada por las presentes autoridades.

El escándalo fue de tal naturaleza que el propio gestor de la empresa autora de la encuesta se vio precisado a declarar ante una ciudadanía indignada que no había leído algunas páginas de sus resultados, que aceptaba que en ella se habían cometido errores y que estaba en la disposición de repetirla.

Dado el debate que se ha suscitado cabe reflexionar respecto a la influencia social que tienen las encuestas sobre la intención del voto, y en particular, sobre las decisiones que asumirá la ciudadanía en la elección de sus gobernantes. Desde luego, nadie discute que las buenas encuestas son herramientas estadísticas que sirven para anticipar tendencias en los más variados escenarios, y uno de ellos es el del voto de los ciudadanos, pero es necesario preguntarse en este último ámbito si la encuesta real y verdaderamente refleja en su resultado la voluntad de las personas encuestadas o si están contaminadas por los intereses de una determinada organización política o por los de grupos económicos que medran a la sombra del poder político.

Y aquí está el peligro que amenaza la democracia, pues una encuesta amañada tiene el claro propósito de distorsionar la realidad con fines de condicionar la percepción de la ciudadanía para generar escenarios imaginarios que a la postre buscan beneficiar a un candidato determinado. De este modo se escamotea la voluntad popular para dar paso a una opinión ciudadana sesgada o cambiada por la casa encuestadora, de modo tal, que a la postre, las elecciones no se ganarán en las urnas, sino a partir de un sondeo fraudulento pagado con el dinero público o de intereses particulares.

Es obvio que la democracia dominicana se enfrenta a un nuevo desafío: la tiranía de las encuestas, que terminará por desplazar la voluntad ciudadana, el poder del pueblo -demos y kratos- para sustituirla por la encuestocracia -inquiesta y kratos-, el privilegio del poder de las preguntas.

Por consiguiente, es necesario para preservar el pleno funcionamiento del estado de derecho la regulación del trabajo que realizan las empresas encuestadoras, pues no podemos aceptar que una encuesta sospechosa por su bajo rigor técnico y metodológico adultere los procesos democráticos, engañe a la ciudadanía, erosione la institucionalidad y conspire contra la libertad que tienen todos los ciudadanos de votar en procesos electorales transparentes y no inducidos.

La reciente ley sobre régimen electoral en sus artículos 212 y siguientes dispone que las firmas encuestadoras deben registrarse por ante la Junta Central Electoral y que la publicación de los resultados de sus sondeos o encuestas debe necesariamente incluir las características técnicas de la encuesta, como son el método y tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de representatividad, el procedimiento de selección de los encuestados. la fecha de realización del trabajo de campo y el texto íntegro de las preguntas y cuestiones planteadas, así como su contestación.

Es un avance importante en el fortalecimiento de nuestra democracia, pues sobre la base de esas disposiciones legales la Junta Central Electoral podrá elaborar y poner en vigor un reglamento en el cual las firmas encuestadoras se obliguen a suministrar a la Junta Central Electoral el acceso a otros datos técnicos que garanticen ante los partidos políticos y ante la opinión pública el marco y diseño estadístico de la muestra, su distribución, la tasa de respuesta, el dominio del estudio, los subgrupos de interés, el método de elección de las personas entrevistas en los hogares elegidos y sus probabilidades de selección, la metodología aplicable para el ajuste de los factores de expansión del diseño, y otros datos.

El incumplimiento de tales exigencias será suficiente para que el organismo rector de nuestras elecciones haga saber a la opinión pública que la encuesta publicada no goza de la confiabilidad ni de la garantía ética necesarias para orientar a la opinión pública.

Nuestra democracia, que tanto esfuerzo y sacrificio nos ha costado debe ser defendida. El pueblo merece todo nuestro respeto, y en este sentido, partidos y ciudadanía en general deben unirse para exigir confianza y fortalecer la contraloría social. La transparencia debe predominar y de este modo evitar que se nos imponga la tiranía de la encuestocracia.