La JCE: Confianza, autonomía e integridad electoral

La confianza que la ciudadanía deposita en el órgano de administración electoral es uno de los indicadores más sensibles de la salud de un régimen democrático. No mide la calidad técnica de una elección, pero anticipa algo que ninguna auditoría puede garantizar por sí sola: la disposición de ganadores y perdedores a reconocer el resultado. La medición de ACD Media publicada en septiembre de 2026 bajo el sello RD Elige ofrece dos lecturas complementarias sobre la Junta Central Electoral (JCE), el índice de percepción de autonomía y el índice de confianza institucional. Su examen conjunto permite ir más allá del lugar que ocupa el organismo en cada tabla.

El concepto que ordena esta discusión académica es el de integridad electoral. Norris (2014) lo define como el apego a las normas y estándares internacionales que rigen las elecciones a lo largo de todo el ciclo electoral, desde la aprobación de las reglas hasta la proclamación de los resultados, y con él sustituye la fórmula más estrecha de las elecciones «libres y justas». La Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad (2012) precisó que una elección íntegra exige una administración profesional, imparcial y transparente en todas sus etapas. Birch (2011), que estudia el fenómeno desde su reverso, la manipulación electoral, subraya que el daño a la legitimidad depende tanto de las irregularidades efectivas como de la creencia de que existen. La percepción ciudadana forma parte, por tanto, del propio objeto de estudio.

La autonomía del órgano electoral es la variable institucional que la literatura ha vinculado con mayor insistencia a esa integridad. Mozaffar y Schedler (2002) distinguen tres niveles en la gobernanza electoral: la formulación de las reglas, su aplicación y la resolución de controversias. En los dos últimos actúan los organismos electorales, y de su diseño depende que la competencia sea creíble. La independencia formal, consagrada en la Constitución y las leyes, no equivale necesariamente a la independencia de hecho, que se comprueba en las decisiones concretas (López-Pintor, 2000; van Ham y Garnett, 2019).

La confianza, por su parte, admite varias lecturas. Easton (1975) separó el apoyo específico, derivado de la evaluación del desempeño, del apoyo difuso, que expresa una adhesión más estable a la institución. Levi y Stoker (2000) la entienden como un juicio sobre la fiabilidad de quien la recibe, en el que se combinan la percepción de competencia y la de un compromiso de actuar con equidad. Rothstein y Teorell (2008) sitúan la imparcialidad en el centro de la calidad de las instituciones públicas. Aplicado a un órgano electoral, esto significa que se confía en él en la medida en que se cree que aplicará las mismas reglas a todos los contendientes. De esa confianza depende lo que Przeworski (1991) consideró el rasgo definitorio de la democracia, un sistema en el que los partidos pierden elecciones, y lo que Anderson et al. (2005) denominaron el consentimiento de los perdedores.

En el índice de confianza institucional, la JCE obtiene 53.6 puntos y se ubica en el sexto lugar entre veintiuna instituciones. La preceden la Iglesia (67.8), las universidades (66.7), el Ejército (59.1), el Banco Central (55.8) y el Tribunal Constitucional (54.4). Las distancias con los dos últimos, de 2.2 y 0.8 puntos, son estrechas y probablemente no resultan significativas desde el punto de vista estadístico. La JCE supera a la Presidencia de la República (51.1), al Tribunal Superior Electoral (47.0), a la Suprema Corte de Justicia (46.7) y, con amplitud, a los partidos políticos (42.8), a la Cámara de Diputados (39.3) y al Senado (39.1). Entre los actores vinculados directamente al proceso electoral, es el mejor valorado.

Tabla 1. Índices de autonomía percibida y de confianza institucional (0-100)

Fuente: elaboración propia con datos de ACD Media, RD Elige, septiembre de 2026. La diferencia corresponde al índice de confianza menos el de autonomía.

La comparación muestra que autonomía y confianza son dimensiones relacionadas, pero distintas. La Suprema Corte de Justicia encabeza la percepción de autonomía y, no obstante, cae casi once puntos en confianza; el Senado pierde más de catorce. En ambos casos la ciudadanía reconoce un margen de independencia que no se traduce en credibilidad, de modo que la confianza parece responder a otros factores, como la evaluación del desempeño. En sentido inverso, el Banco Central obtiene más confianza que autonomía, un patrón compatible con la dimensión de competencia que destacan Levi y Stoker (2000): se confía en la institución por su desempeño técnico, aunque se dude de su independencia. En la Cámara de Cuentas ocurre algo similar, si bien parte de la diferencia obedece a que su índice de autonomía se ve deprimido por el alto porcentaje de respuestas «no sé» (9.5 %).

La JCE presenta una de las diferencias más reducidas entre ambos índices (2.9 puntos). Su autonomía percibida y la confianza que recibe son casi coincidentes, lo que indica que esa confianza descansa en buena medida en la convicción de que el órgano actúa con independencia. Es el patrón que la literatura anticipa para una autoridad electoral, cuya credibilidad depende ante todo de su imparcialidad (Kerr y Lührmann, 2017; Rothstein y Teorell, 2008). La consecuencia práctica es doble: la autonomía constituye el principal activo de confianza de la institución y, por la misma razón, cualquier duda sobre su independencia repercute de inmediato en su credibilidad.

El desglose de la pregunta sobre autonomía matiza esta conclusión. La JCE registra el porcentaje más alto de ciudadanos que la consideran muy autónoma (38.9 %), pero también un 23.6 % que la considera nada autónoma, proporción superior a la de la Suprema Corte (16.2 %) y a la del Tribunal Constitucional (20.1 %). La valoración está polarizada: un núcleo amplio de alta confianza convive con una minoría significativa que niega la independencia del órgano. Es probable que esta división refleje en parte las preferencias partidarias, pero su efecto sobre la integridad electoral no depende de su origen. Como advierte Norris (2014), la percepción de irregularidades erosiona la legitimidad de las autoridades electas y puede desalentar la participación. Una cuarta parte del electorado que no reconoce la autonomía del árbitro constituye un terreno propicio para los relatos de fraude, tengan o no fundamento.

Cabe añadir una observación sobre el sistema electoral en su conjunto. El Tribunal Superior Electoral obtiene 47.7 puntos en autonomía y 47.0 en confianza, cerca de nueve y siete puntos por debajo de la JCE, respectivamente. Si se retoma la distinción de Mozaffar y Schedler (2002), la aplicación de las reglas goza de mayor crédito que la resolución de los conflictos. La integridad de un proceso electoral depende de ambos eslabones, y una percepción débil de la instancia contenciosa puede comprometer la aceptación de los resultados justamente cuando estos se impugnan.

Como síntesis y a la luz de la data presentada por la encuesta RD Elige, podemos afirmar que la JCE ocupa una posición favorable en relación con las demás instituciones del Estado en términos absolutos, pero no para dormirse en sus laureles, su confianza depende estrechamente de la autonomía que se le atribuye, y esa autonomía es valorada de manera desigual por la ciudadanía. La tarea institucional consiste en ampliar la base del respaldo y reducir el segmento que desconfía. Ello exige procesos auditables, publicación oportuna de la información, rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas y una comunicación sostenida durante todo el ciclo electoral, y no solo en los meses que preceden a la votación. Un análisis más profundo requeriría la ficha técnica de la encuesta y los cruces por variables sociodemográficas y políticas, que permitirían identificar dónde se concentra la desconfianza y a qué obedece.