La región Sur carenciada también de plantas de tratamiento de aguas residuales
Por Octavio Santos
La región Sur de la República Dominicana genera cada año más de 222 millones de metros cúbicos de aguas residuales, pero apenas trata el 4.44 % de ese volumen. El resto, equivalente a unos 212.5 millones de metros cúbicos, queda fuera de las instalaciones de tratamiento registradas por las autoridades.
La dimensión del déficit aparece en una infografía de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), elaborada con información administrativa del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa). El documento retrata una región donde el acceso al agua potable ha avanzado mucho más rápido que la infraestructura necesaria para recoger, depurar y disponer de las aguas después de su utilización.
El estudio abarca San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Baoruco, San Juan y Elías Piña. En conjunto, esas provincias reúnen una población estimada de 1,811,685 personas, equivalente al 16.65 % de los habitantes del país.
Aunque el 78.51 % de la población de la región se abastecía mediante acueductos públicos en 2024, la capacidad para gestionar las descargas domésticas continúa rezagada. San José de Ocoa, Bahoruco y Pedernales no cuentan con alcantarillado sanitario, mientras que Azua dispone de un sistema de recolección sin planta de tratamiento, de acuerdo con los registros citados por la ONE.
AGUA QUE LLEGA, PERO NO COMPLETA EL CICLO
Para estimar las aguas residuales generadas, la ONE aplicó la metodología que considera como descarga el 80 % del agua potable producida. La producción de agua potable de las diez provincias alcanzó unos 278 millones de metros cúbicos durante el año 2025.
Barahona encabezó la producción regional de agua potable en 2025 con 78.3 millones de metros cúbicos. Le siguieron San Cristóbal, con 68.6 millones; San Juan, con 42.6 millones; Azua, con 35.4 millones, y Peravia, con 26.2 millones. Pedernales registró el volumen más bajo, con 2.3 millones.
Llevar agua por tuberías es solo la primera mitad de un sistema sanitario. La segunda exige conexiones domiciliarias, colectores, estaciones de bombeo, plantas depuradoras, disposición adecuada de lodos y vigilancia de la calidad del agua devuelta al entorno.
Cuando esas piezas no existen, los hogares recurren a pozos sépticos, letrinas u otras soluciones individuales. La infografía no precisa cuántas viviendas utilizan esos mecanismos ni cuál es el destino final de las aguas no tratadas.
Por ello, los datos no permiten afirmar que todo el volumen restante termine directamente en ríos, cañadas, suelos o costas. Sí muestran que la infraestructura pública registrada procesa una fracción mínima de lo generado.
TRES PROVINCIAS SIN ALCANTARILLADO
La ausencia de alcantarillado en San José de Ocoa, Bahoruco y Pedernales coloca sobre las familias y los negocios la responsabilidad de resolver la disposición de sus aguas servidas. Esa dependencia de soluciones particulares suele representar mayores costos y dificultades en comunidades densamente pobladas o con terrenos poco adecuados para sistemas sépticos.
En Azua, el desafío es diferente. La provincia posee alcantarillado, pero los datos oficiales indican que no dispone de una planta de tratamiento. Una red sin depuración puede retirar las aguas de las viviendas y trasladar el problema hacia otro punto, pero no elimina la carga contaminante.
Para considerar que el servicio es seguro, las aguas deben ser recogidas, conducidas y tratadas antes de regresar al medioambiente o ser reutilizadas.
La Organización Mundial de la Salud vincula el saneamiento deficiente con enfermedades diarreicas, cólera, disentería, fiebre tifoidea, parasitosis intestinales y otros problemas de salud. También advierte que las aguas residuales mal gestionadas pueden contaminar fuentes de abastecimiento y agravar las desigualdades.
Esos riesgos son generales y no significan que la infografía haya documentado brotes específicos en las provincias estudiadas. El informe presenta datos sobre cobertura, producción y tratamiento, pero no ofrece estadísticas epidemiológicas que permitan establecer una relación directa con enfermedades registradas en el Suroeste.
UNA BRECHA EN UNA REGIÓN VULNERABLE
La carencia de saneamiento adquiere relevancia particular en esa región por la relación de muchas comunidades con la agricultura, los ríos, los acuíferos y las zonas costeras. La contaminación de una fuente no solo puede afectar el consumo humano: también compromete el riego, la pesca, el paisaje y el aprovechamiento recreativo o turístico.
En Barahona, el Inapa rehabilitó e inauguró en 2021 una planta de tratamiento que llevaba más de dos décadas abandonada. La institución explicó entonces que parte de las aguas residuales era desviada hacia el mar Caribe sin tratamiento previo, con efectos sobre la calidad visible del agua, el paisaje y los ecosistemas hídricos.
Esa intervención ilustra la utilidad de recuperar instalaciones existentes y la necesidad de garantizar su operación continua. Una planta rehabilitada puede volver a perder capacidad si no dispone de mantenimiento, energía, personal y recursos suficientes para funcionar.
Las Matas de Farfán, en San Juan, también recibió obras para mejorar el alcantarillado y rehabilitar su planta. El proyecto incluyó lagunas facultativas, una laguna de acabado y alrededor de ocho kilómetros de tuberías para reforzar la operación del sistema.
Sin embargo, las actuaciones puntuales no han bastado para elevar de manera significativa el porcentaje regional procesado. El 4.44 % registrado muestra que las plantas disponibles, aun sumadas, tienen una capacidad muy inferior al volumen calculado para las diez provincias.
EL CONTRASTE DE PEDERNALES
Pedernales resume una de las contradicciones más visibles. La provincia aparece en la estadística de la ONE sin alcantarillado sanitario, mientras Cabo Rojo cuenta desde agosto de 2025 con una planta de tratamiento construida específicamente para el proyecto turístico.
La instalación requirió una inversión de RD$1,304 millones, posee capacidad para procesar 164 litros por segundo y utiliza un sistema de lodos activados con aireación extendida. El Gobierno informó que el agua tratada puede reutilizarse para riego, mientras los residuos del proceso pueden aprovecharse en abono o composta.
La existencia de esa planta no invalida el dato de la ONE. La obra atiende la infraestructura hidrosanitaria del destino turístico de Cabo Rojo y no equivale a una red provincial que conecte los hogares y comunidades de Pedernales.
La diferencia plantea una pregunta de política pública: si las instalaciones creadas para sostener la expansión hotelera estarán acompañadas de inversiones equivalentes para la población residente.
El crecimiento turístico aumentará la demanda de agua y las descargas. Sin planificación integrada, puede ampliar la distancia entre los enclaves dotados de servicios modernos y las comunidades que dependen de soluciones domésticas.
También coloca el saneamiento en el centro de la sostenibilidad del destino. Las playas, los ecosistemas costeros y la calidad del paisaje forman parte de los principales activos turísticos de Pedernales, por lo que el manejo de las aguas residuales no constituye únicamente un servicio urbano, sino una condición para proteger la inversión.
UN ASUNTO DE INVERSIÓN Y GESTIÓN
Construir plantas no resuelve por sí solo el problema. Estas instalaciones necesitan electricidad, personal capacitado, laboratorios, mantenimiento, reposición de equipos y recursos para manejar los lodos. Una planta fuera de servicio puede convertir una inversión millonaria en una estructura sin impacto sanitario.
También es necesario ampliar las conexiones domiciliarias. Una red puede atravesar una comunidad sin captar todas las descargas cuando los hogares no están conectados, las acometidas resultan costosas o persisten vertidos hacia canales y drenajes pluviales.
El desafío exige coordinación entre el Inapa, las corporaciones regionales, los ayuntamientos y los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente.
Esa fragmentación obliga a definir responsabilidades sobre construcción, operación, vigilancia ambiental y financiamiento. Sin una planificación común, pueden ejecutarse acueductos sin capacidad equivalente para manejar el aumento de las aguas residuales.
La sostenibilidad financiera representa otra dificultad. Los sistemas de saneamiento producen gastos permanentes y necesitan ingresos para cubrir su funcionamiento. La ampliación de la cobertura requiere definir cómo se pagarán las conexiones, el consumo eléctrico, la reparación de bombas, la limpieza de colectores y la vigilancia de los vertidos.
DEL DATO A LA PRIORIDAD PÚBLICA
El 4.44 % tratado convierte el saneamiento en uno de los mayores rezagos de infraestructura del Suroeste. La región produjo el 19.24 % del agua potable nacional contabilizada para 2025, pero carece de capacidad proporcional para manejar las descargas resultantes.
La respuesta requiere identificar dónde se generan los mayores volúmenes, conocer el estado real de las plantas y determinar qué comunidades pueden conectarse a sistemas colectivos. En zonas rurales dispersas, las soluciones descentralizadas podrían ser más viables que grandes redes; en ciudades y polos turísticos, la escala de las descargas exige instalaciones de mayor capacidad.
También se necesita información pública más detallada. El dato regional permite dimensionar el problema, pero no indica cuánto se recolecta en cada provincia, cuáles plantas operan a plena capacidad, qué calidad alcanza el agua tratada ni qué ocurre con los lodos.
Esos indicadores permitirían evaluar si las inversiones producen resultados, comparar el desempeño de los sistemas y establecer prioridades verificables. También ayudarían a diferenciar entre una planta instalada, una instalación operativa y un servicio que realmente alcanza a la población.
El Sur ha sido presentado durante años como una zona con potencial agrícola, energético y turístico. Ese desarrollo dependerá no solo de carreteras, hoteles, acueductos y electricidad.