La retaguardia del rearme francia protestas montpellier foto efe
Por María Fernanda de la Quintana.
Europa entró en economía de guerra y necesita una retaguardia que acepte el racionamiento. De Créteil a Tirana, los adolescentes llamados a cumplir ese papel salieron a reclamar docentes, aulas y un techo, y los gobiernos les respondieron con granadas, detenciones masivas y leyes para cobrarles los daños a sus familias.
Poco antes de las seis de la mañana del 20 de octubre, la policía portuguesa rodeó la plaza del Rossio, en el centro de Lisboa, y dio entre cinco y diez minutos para levantar las carpas. Adentro dormían jóvenes que acampaban desde hacía días contra los alquileres. Hubo 55 detenidos. En la plaza, más de un centenar de manifestantes cantó “Grândola, Vila Morena”, la canción que en la madrugada del 25 de abril de 1974 dio la señal para derribar la dictadura.
La madrugada de este domingo la escena se repitió. La policía volvió al Rossio pasadas las dos, se llevó a 31 personas, y los equipos de limpieza municipales entraron enseguida hasta dejar la plaza casi sin rastro de la acampada. Cincuenta y dos años después, la democracia que nació con aquella canción desaloja de madrugada a sus nietos y manda a lavar la plaza, para que la ciudad siga siendo lo que los alquileres ya decidieron: un decorado para quien puede pagarlo.
Un mapa en un mes
Lisboa es el último punto de un mapa que se dibujó en cuatro semanas. Empezó a mediados de septiembre en un liceo de Créteil, en el cinturón popular del sur de París, cuando los docentes pararon por falta de personal y los alumnos salieron detrás. Lo que pedían cabía en una lista corta: profesores para los cargos vacantes, cursos más chicos, edificios en condiciones y menos angustia frente a Parcoursup, la plataforma que decide quién entra a la universidad. Una alumna de un liceo del norte de París describió aulas prefabricadas que en invierno bajan a cinco grados bajo cero y en verano llegan a cuarenta.
En los primeros días de octubre la protesta cruzó a Lieja, en Bélgica, y a Turín, donde los estudiantes ocuparon liceos con una consigna que se repitió en toda Italia: “Hagamos como en Francia”. El 13 de octubre, los universitarios albaneses llegaron al Ministerio de Educación en Tirana, y ese mismo día los griegos levantaron carpas en la plaza Síntagma, frente al Parlamento. El sábado 24, en Barcelona, una convocatoria por redes tradujo al catalán el nombre del movimiento francés: Instituts Indignats.
Dinero para la escuela, no para la guerra
Esa frase iba en las banderas de los estudiantes italianos el 16 de octubre, el día que bautizaron No Meloni Day. Es el diagnóstico más preciso que circula hoy en Europa.
En junio de 2022, Emmanuel Macron anunció que Francia entraba en una “economía de guerra”. Toda economía de guerra necesita una retaguardia: una población que acepte el racionamiento, financie el frente y no pregunte por el destino del gasto. En la Europa de 2026, esa retaguardia está en los liceos y en las universidades. Se le raciona el aula y el techo, se le pide paciencia en nombre de una amenaza exterior, y cuando sale a la calle se la trata como a una retaguardia indisciplinada: con gas, con tribunales y con la sospecha de que alguien la manipula.
En junio de 2025, en La Haya, los gobiernos de la OTAN se comprometieron a llevar el gasto militar al cinco por ciento del PBI hacia 2035. La Comisión Europea ya había presentado un plan para movilizar hasta 800.000 millones de euros en rearme. El proyecto de presupuesto francés para 2027 fija el orden sin adjetivos: la suba más alta de todo el Estado es la de las Fuerzas Armadas, 6.400 millones de euros, mientras Educación suprime 1.588 cargos docentes el mismo otoño en que los liceos salen a la calle porque faltan profesores. El Gobierno lo justifica con la baja de la natalidad; en los liceos movilizados hay cursos de treinta y cinco alumnos.
En Italia, la ley de presupuesto 2027 destina a defensa casi el doble que a sanidad, y habilita por deuda otros 14.400 millones para defensa y energía. Meloni respondió que no son fondos quitados a la escuela, y su gobierno aprobó un decreto que limita la proporción de alumnos extranjeros por aula: el ajuste llega con su chivo expiatorio incluido.
La cuenta tiene domicilio de clase. La protesta francesa prendió primero en los liceos de la periferia obrera e inmigrante de París, donde el Estado ahorra primero. Las ganancias del rearme se reparten entre contratistas de defensa. El recorte se reparte entre chicos que no tienen otra escuela a la que ir.
El segundo reclamo es el techo. En Lisboa y Oporto las acampadas denuncian alquileres que expulsan a quien vive de un salario. En Atenas los estudiantes plantaron carpas contra el precio del alojamiento universitario, y el 21 de octubre los maestros de primaria fueron a la huelga para pedir aumento y ayuda para la vivienda. En Tirana, un estudiante lo dijo frente al ministerio: vienen a la capital a estudiar y terminan obligados a trabajar. Cuando el alquiler decide quién puede vivir cerca de la universidad, la educación pública vuelve a ser herencia: estudia quien tiene una casa familiar en la ciudad.
En Albania, la protesta estudiantil se sumó a la Revolución Flamenco, que pide la renuncia del primer ministro, Edi Rama, por denuncias de corrupción.
Una multa con código postal
La respuesta fue la misma en todas las capitales, con distinta intensidad. Las cifras dibujan el mismo patrón. En Francia, más de 6.800 detenidos hasta el 9 de octubre, el 86 por ciento menores de edad. En Barcelona, 128 en una sola noche: 72 menores, y solo dos con antecedentes. En Albania, 152 detenidos y 324 procesados en cuatro días. En Lisboa, dos desalojos en cinco días. El relato oficial habla de violentos organizados; donde la policía informó edades, sus planillas describen adolescentes.
El 5 de octubre, frente a un liceo profesional de Lens, una granada policial le arrancó la mano a un chico de quince años, y dos días después el Gobierno suspendió el uso de esas granadas. El Estado revisó el arma en dos días; para revisar el aula, el primer ministro se dio plazo hasta fin de mes.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación y pidió un uso proporcionado de la fuerza. Amnistía Internacional y la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia denunciaron un uso desproporcionado contra menores.
Después del gas, el gobierno francés pasó la factura. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió a los fiscales que reclamen a los padres el pago de los daños. Y este martes 27 el Senado francés debate un proyecto que hace responsable económico a cualquiera que participe en una concentración donde haya destrozos, con multas de hasta 10.000 euros, aunque no se pruebe que haya causado nada. Como la mayoría de los detenidos son menores, la cuenta llega a la mesa familiar.
La misma multa pesa distinto según el código postal. En Saint-Denis, uno de los epicentros de la protesta, el nivel de vida mediano es de 18.130 euros al año y casi cuatro de cada diez habitantes viven bajo la línea de pobreza: allí 10.000 euros son más de medio año de vida. En Neuilly-sur-Seine, del otro lado de París, el nivel de vida mediano es de 56.030 euros, y la misma multa equivale a poco más de dos meses. Para un trabajador con salario mínimo son casi siete meses de sueldo. Una multa igual para todos funciona como un impuesto a la protesta, y lo pagan sobre todo los barrios que protestan.
El otro instrumento es el enemigo interno. El gobierno francés atribuyó el movimiento, citando a sus servicios de inteligencia, a una operación de La Francia Insumisa, y un candidato presidencial de la derecha llegó a plantear su prohibición. En Lisboa, el ministro del Interior anunció que las acampadas terminarán.
Lo que el poder teme
En las capitales europeas preocupa sobre todo la suma. En Apulia, los estudiantes italianos se manifestaron junto a camioneros y agricultores asfixiados por el precio del gasoil. En Atenas, la huelga docente y la acampada estudiantil ocuparon la misma semana. En Bélgica, los secundarios se sumaron a la protesta contra el ajuste del gobierno federal.
Esta vez la suma cruza fronteras. Estudiantes italianos viajaron a París para marchar con los liceístas franceses, y en Barcelona el movimiento adoptó en catalán el nombre francés. Cada gobierno presenta su recorte como una decisión nacional, atada a su déficit y a su parlamento. La meta militar, en cambio, se fijó en una cumbre de la OTAN, y las reglas fiscales que obligan a recortar se escriben en Bruselas. Cuando estudiantes de media Europa reclaman lo mismo el mismo mes, señalan la mesa donde se decide, y esa mesa queda fuera del alcance de cualquier ministro de Educación. Un reclamo sectorial se negocia en un ministerio; uno continental obliga a discutir el modelo, y para eso los gobiernos solo tienen policía.
Europa ensayó esta receta sobre Grecia hace más de quince años, cuando la troika cambió hospitales y salarios por pagos de deuda. Ahora la aplica sobre su propia juventud, con el rearme en el lugar del acreedor. Ese rearme tiene también una cara austral: es el mismo que este mes llevó a Londres a ensayar otra vez, en el Atlántico Sur, la defensa militar de su enclave colonial.
La misma proporción cruza el Atlántico. En la Argentina, el proyecto de Presupuesto 2027 deja a las universidades un 21 por ciento por debajo de 2023 en términos reales y suma partidas para Defensa y para la SIDE bajo el nombre de “Proyecto Malvinas”. El 19 de octubre, cuatro días después de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno declaró secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas y la exceptuó de las reglas de publicidad: no se informa qué se compra, a quién ni por cuánto.
La Argentina conoce también la otra mitad de la secuencia: la misma semana en que los estudiantes albaneses llegaban al Ministerio de Educación de Tirana, las fuerzas federales reprimían en Buenos Aires la Quinta Marcha Federal Universitaria. El ajuste cambia de idioma de una capital a otra y conserva la misma policía, y del Rossio al Congreso argentino una generación que se niega a ser retaguardia empezó a leer el presupuesto como lo que es: la lista de lo que un Estado está dispuesto a proteger y de lo que está dispuesto a gasear.
*Periodista. Máster en Bioética Internacional. Especializada en Bioética y Derechos Humanos en América Latina (Universidad de Buenos Aires). Formada en geopolítica en CLACSO.