La suma de todas las calamidades
Por Pedro Cruz Pérez.
Transcurridos seis años desde la llegada al poder de la administración de Luis Abinader, el balance de la gestión pública dominicana se asemeja más a un inventario de daños que a la marcha triunfal de promesas que el oficialismo insiste en proyectar. Bajo un discurso que pretendía erigirse como el estándar de la regeneración ética e institucional, la realidad cotidiana ha demostrado ser imperturbable y desoladora: el país habita una encrucijada donde la ineficiencia, el endeudamiento desenfrenado y la desprotección ciudadana convergen para configurar una verdadera suma de todas las calamidades.
El diagnóstico de las preocupaciones sociales revela un patrón irrefutable. La inseguridad ciudadana, el costo de la vida y la corrupción, el deterioro del servicio de agua potable, el deficiente servicio eléctrico con sus facturas abultadas, el dispendio del 4% PIB con una educación ineficaz, constituyen las heridas abiertas más lacerantes en la conciencia colectiva. Lejos de tratarse de fenómenos aislados, responden a una falta de visión holística para articular políticas públicas efectivas.
En materia de seguridad, la cacareada reforma de la Policía Nacional se ha traducido en un rotundo fracaso operativo y conceptual. Las cifras oficiales registran que solo en los primeros cuatro meses del presente año murieron 394 personas de manera violenta. Más grave aún resulta la inestabilidad institucional: por la dirección general de los cuerpos policiales han desfilado cinco directores en seis años, reflejando una improvisación sistemática. Esta inacción estatal y la falta de controles internos no solo perpetúan la impunidad, sino que alimentan una profunda desconfianza de la población hacia sus instituciones protectoras.
A la par de la vulnerabilidad física, el ciudadano enfrenta una implacable asfixia económica. La pérdida del poder adquisitivo es alarmante; la canasta familiar básica se ha disparado dramáticamente desde los 28,000 pesos en 2020 hasta situarse cercana a los 49,000 pesos. ¿Cómo puede una familia trabajadora cubrir sus necesidades elementales de nutrición, salud y educación cuando el ingreso real se encoge de forma sostenida? Esta crisis del costo de la vida socava directamente el desarrollo humano y la calidad de vida en cada comunidad.
El motor que ha sostenido financieramente esta arquitectura de promesas ha sido un endeudamiento público sin precedentes. La deuda consolidada del Estado dominicano ha experimentado un incremento astronómico de 25,524 millones de dólares en este quinquenio, escalando de 57,266 millones de dólares en 2020 a más de 82,790 millones de dólares. Para el presente presupuesto, el servicio de la deuda supera los 9,000 millones de dólares, exigiendo que aproximadamente 24 de cada 100 pesos recaudados por el fisco se destinen únicamente al pago de intereses. Este drenaje de recursos confiscados a la inversión social empeña la soberanía presupuestaria del país y compromete de manera irresponsable el futuro de las próximas generaciones.
La crisis de gestión no concluye en la economía; se hace patente en la parálisis de la vida urbana y la movilidad. La saturación vehicular, la indisciplina y la falta de un régimen de consecuencias han convertido el tránsito en un caos cotidiano que dilapida la productividad y la salud mental. Casos emblemáticos como el escándalo del contrato semafórico del Intrant demuestran cómo la supuesta modernización ha quedado sepultada bajo sospechas de irregularidades y falta de transparencia. Por otro lado, megaproyectos como el Monorriel de Santiago ejemplifican un modelo de inversión cuestionado por retrasos y sobrecostos que evolucionaron de 450 millones a más de 1,200 millones de dólares, anteponiendo la vitrina tecnológica a la planificación costo-efectiva.
Adicionalmente, el compromiso con la justicia y la transparencia muestra profundas incongruencias. Pese a las constantes proclamas sobre la lucha contra la impunidad, organismos internacionales y la sociedad civil señalan que la mora judicial y el aplazamiento indeterminado de los juicios de fondo impiden la emisión de sentencias ejemplarizantes, dejando los grandes casos de corrupción en un limbo institucional que erosiona la fe democrática.
Frente a este recorrido trágico, la sociedad dominicana no puede resignarse a la apatía ni a las explicaciones justificativas. Exigir una rigurosa rendición de cuentas, coherencia entre el discurso y la práctica, y un viraje hacia verdaderas políticas de desarrollo humano es un deber ético impostergable. La inacción colectiva ante esta suma de calamidades solo garantizará la profundización del deterioro social y el colapso del bienestar de la nación.