Las prácticas etnocidas contra los pueblos originarios de Estados Unidos
Jorge Elbaum
El último jueves se inició la investigación sobre uno de los internados de Colorado en los que, durante un siglo y medio, fueron confinados niños y niñas pertenecientes a pueblos originarios de los Estados Unidos después de arrebatárselos a sus familias de origen. En la primera comunicación pública del equipo de investigación, la responsable del relevamiento, Holly Norton, reveló que el objetivo de la iniciativa es “promover la comprensión de los habitantes (…) sobre el abuso físico y emocional y las muertes que ocurrieron en los internados federales indios”.
Desde 1819 hasta 1969 –año en que los estadounidenses llegaron al satélite natural más cercano–, decenas de miles de criaturas, desde los tres años, fueron secuestradas y entregadas a un sistema de internación forzada, desplegado a lo largo y ancho del país. El informe preliminar, difundido por la Secretaría del Interior de los Estados Unidos, incluyó el relevamiento de 408 escuelas en 37 estados o territorios, incluidas 21 escuelas en Alaska y 7 en Hawái. Durante ese periodo, los niños y niñas fueron separadxs de sus tribus y enviados a esos cautiverios, en cumplimiento de una política de asimilación forzada. En las inmediaciones de dichos internados, ya han sido descubiertos –durante el último año– fosas comunes y tumbas sin identificación de medio millar de criaturas fallecidas como producto de la negligencia, los malos tratos y la violencia imperante en esas instituciones de confinamiento. “Se espera que ese número se incremente –señala el informe de 106 páginas– hasta alcanzar los miles o las decenas de miles” de niños muertos en los internados.
El documento hecho público es el resultado de las demandas generadas por la Comisión de la Verdad, institucionalizadas en 2020 luego del estrépito suscitado por el descubrimiento de centenas de tumbas anónimas encontradas en las inmediaciones de escuelas católicas en Canadá. Los documentos oficiales divulgados por Ottawa registran el descubrimiento –hasta julio de 2022– de 1.300 tumbas, alguna de ellas colectivas. En Canadá, 150.000 niños fueron sustraídos de sus familias y de sus colectivos tribales hasta el año 1996, en el marco de diferentes iniciativas de asimilación forzada de los pueblos originarios, administradas mayormente por la Iglesia Católica.
En 2015 se divulgó el primer informe gubernamental canadiense, impulsado por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, en cuyas conclusiones se afirma que se “utilizaron los internados como herramienta para cometer un genocidio cultural contra la población indígena”. El programa canadiense se extendió durante 125 años y los relevamientos describen los abusos psicológicos, físicos y sexuales cometidos contra sus víctimas. Según los antropólogos y peritos biológicos que llevaron a cabo el relevamiento de campo, las muertes de los y las niñxs se debieron a la malnutrición, las enfermedades curables, la negligencia sanitaria, la violencia, el abandono y el maltrato. Se estima que esas son las causas por las que los decesos no fueron documentados ni se han encontrado los informes médicos pertinentes.
Los jóvenes sometidos a internados confesionales fueron avalados por el Estado canadiense, desde 1883, para “civilizar a la población indígena, erradicando su cultura”. Luego de la asunción de responsabilidades por parte del gobierno, se produjo la visita del Papa Francisco, quien pidió perdónen nombre de la Iglesia Católica ante los familiares y sobrevivientes de las diferentes comunidades que fueron víctimas del etnocidio y los crímenes.
En los dos países de América del Norte, donde se presume de la defensa de los derechos humanos, se acepta que la motivación central de los confinamientos se vincula con el objetivo de despojar de sus tierras y posesiones a los pueblos originarios. “Creo que el contexto histórico es importante para entender la intención y la escala del sistema federal de internados”, prologó Bryan Newland, subsecretario para Asuntos Indios de los Estados Unidos, en la presentación del informe. Los documentos y los testimonios recabados también consignan que muchas tribus se resistieron a entregar a sus hijos e hijas, razón por la cual fueron asesinados. “Las normas a menudo se hacían cumplir mediante castigos, entre ellos castigos corporales como el aislamiento, la flagelación, la privación de alimentos, azotes, bofetadas y esposas”, añade el informe.
