Las Redes Sociales; una preocupación para el Gobierno de Luis Abinader
Por Edy de García. PERSPECTIVA: La dinámica de carácter comunicacional que hoy enfrentan los ciudadanos en cualquier país del mundo, se produce por los Gobiernos que cada vez más experimentan una clara tendencia a promover mecanismos legales con la exclusiva pretensión de coartar total o parcialmente la libertad de expresión que se genera a través de las redes sociales. Lo que evidencia es que este derecho de carácter fundamental se ha ido perdiendo poco a poco, debido a las acciones de los políticos para legitimar un marco legal que transforme la naturaleza de las redes sociales, o dicho de forma más clara, pasar de una plataforma libre dispuesta para generar opinión pública a una herramienta sometida al control político, capaz de silenciar a la oposición y los ciudadanos políticamente independientes o que no piensan conforme a los criterios establecidos por el Gobierno de turno.
Según un informe sobre libertad en las redes sociales emitido en 2019 por Freedom House, una organización que promueve derechos civiles en los Estados Unidos, indica que el 56 por ciento de las personas con acceso a internet viven o han vivido en países donde el contenido político, social o religioso ha sido bloqueados en algún momento, hecho que refleja la disposición existente desde el poder por controlar esa vía alternativa de comunicación. Lo que se entiende, es que las redes sociales hoy se han convertido en un problema para los políticos que acostumbrados a ser tratados como dueños absolutos de la verdad, hoy miran las redes sociales con mucho cuidado y con un interés de manipulación, según el contexto político que se les presente.
Lo cierto es que los movimientos sociales a través de las redes sociales en los últimos años se han convertido en la herramienta de comunicación por excelencia para los ciudadanos poder emitir opiniones, así lo ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, las redes sociales; “proporcionan el mecanismo más poderoso del que disponen los ciudadanos para hacer oír sus voces”. Por consiguiente, este medio de comunicación sin lugar a dudas se ha convertido en una necesidad para el buen convivir en un Estado de derechos.
Las redes sociales están en capacidad de generar hoy el mayor nivel de participación social con dirección a ofrecer un espacio para la libre expresión del pensamiento, sea este individual o colectivo. Se pueden ver como sus antecedentes diversos movimientos de ciudadanos que han acudido a las plataformas de las redes sociales con el propósito de promover acciones de carácter cívico, a fin de expresarse contra el sistema político imperante. Por ejemplo: la Primavera Arabe en 2011, el Movimiento 15-M también llamado los Indignados en España en 2011 y el movimiento Yo Soy 132 en México en 2012.
Analizar el comportamiento e impacto de las redes sociales en el ámbito político nos lleva también a un evento más resiente y no menos importante, las elecciones presidenciales del 2020 en los Estados Unidos, proceso que se ha constituido en una importante nota referencial a tomar en cuenta para el estudio de las redes sociales y su impacto electoral. Que ese proceso haya generado uno de los mayores niveles de confrontación entre agentes del Gobierno estadounidense por ser sometidos a las políticas previstas en las principales plataformas de las redes sociales tiene definitivamente una connotación histórica, hecho que desencadeno incluso la censura de las cuentas del presidente de turno Donal Trump por presuntamente este promover un discurso de odio y contenido racial, algo realmente inédito en la comunicación política gubernamental. Las plataformas de redes sociales prohíben de forma expresa todo discurso que su contenido incite al odio, promueva el terrorismo, fomente el acoso o alguna forma de suicidio, se condena la explotación infantil, todas estas disposiciones buscan garantizar un espacio seguro para los usuarios.
Actualmente, hay más de 5,000 millones de usuarios activos en todo el mundo con al menos una cuenta en alguna red social conocida, lo que significa un 61 por ciento de la población mundial, de cada dos personas más de uno tiene o ha tenido acceso a algunas de estas plataformas, ocupando un tiempo de 2 horas y 24 minutos como promedio diario que pasa una persona en sus redes sociales.
Las demandas cívicas que actualmente se están produciendo a través de las redes sociales indica que se está transitando por la vía correcta, pues es evidente que se ha transformado el modo de gobernar, tendencias reivindicativas que por medio de los métodos tradicionales no se habían logrado superar, hoy se han convertido en una realidad. Por consiguiente, de lo que se trata es que se superen aquellas limitaciones impuestas desde el poder. La lucha desde las redes sociales cada día se torna necesaria y justificable debido a que plantea un control al poder, hecho que fomenta sociedades más justas y amplio respeto de los derechos del ciudadano.
El modelo normativo que se ha venido incorporando en las plataformas de redes sociales para justificar algunas medidas impuestas a los usuarios que pueda ser interpretada como una limitación a la libertad de expresión, es la propia Carta de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El artículo 19 de la Declaración es claro cuando establece: “todo el mundo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye la libertad a mantener opiniones sin interferencias y a buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin tener en cuenta las fronteras”.
En este punto, y es por lo que pretendo llamar la atención respecto a las acciones de algunos Gobiernos que de alguna forma han terminado criminalizando a los usuarios de redes sociales que según sus propias disposiciones legales, creadas a su discreción y caprichos políticos, algún usuario podría estar compartiendo información falsa o contraria a los intereses del poder político constituido. Lo más grave es que en el actual contexto sanitario que vivimos, algunos Gobiernos estén utilizando la pandemia por Covid-19 con el propósito de restringir el uso de las redes sociales de manera libre, aplicando incluso a los medios de comunicación la autocensura por el manejo corrupto de la publicidad proveniente de las instituciones gubernamentales. Estos criterios son impuestos justificando garantizar la seguridad gubernamental, hecho que les legitima suspender y bloquear usuarios de las redes sociales. Para que usted se haga una idea, Surfshark, una agencia de seguridad online presentó un informe sobre censuras en las redes sociales en algunos países; indica la investigación que los bloqueos a plataformas de las redes sociales afectar aproximadamente a 250 millones de personas en todo el mundo.
El Gobierno dominicano lamentablemente comienza a dar señales de que se propone desarrollar un plan tendente a silenciar o incluso someter a la acción de la justicia a aquellos ciudadanos de la oposición política que emiten sus pronunciamientos divergentes a través de las redes sociales, hecho que no puede traducirse de otra forma que no sea un claro planteamiento de persecución política contra ciudadanos que se expresan contrario a los que desde el poder gubernamental se consideran “dueños de la verdad por atribuirse una condición oficial”. Llevan a los ciudadanos forzosamente a la criminalización de sus argumentos bajo el alegato que deberían estar sometidos a los criterios de la información oficialista apropiada por la pandemia, o mejor dicho, se deben adherir al control impuesto por las autoridades de salud.
Tal es el caso de una doctora en medicina que la pasada semana formuló una pregunta a través de su cuenta de Twitter cuestionando el destino de las vacunas AstraZeneca adquirida por el Gobierno en el extranjero. Por ese hecho, la red social de la joven médico fue suspendida, gestión que se le atribuye a una institución gubernamental que ordenó el bloqueo, horas más tardes el Gobierno mediante un comunicado de la Oficina de Información desmintió que hayan intervenido, catalogando el caso como un rumor. Esa misma semana, un alto funcionario del Gobierno, director ejecutivo de Pro-Consumidor, en un programa radial hizo un llamado en estos términos; “responder y enfrentar con contundencia la estrategia de difamación comunicacional planteada por grupos de la oposición política”.
Es evidente que el Gobierno definió tempranamente desplegar un plan de persecución contra la oposición a fin de viabilizar la reelección presidencial mediáticamente, las redes sociales se les han convertido en una piedra en el zapato en sus propósitos de permanencia en el poder. Preocupa que en nuestro país el marco legal que se dispone para regular las plataformas de redes sociales es precario, y peor, por el momento no parece que estemos preparados para una ley que regule de forma especial el uso de las redes sociales hasta tanto no se modifiquen otras legislaciones nacionales precedentes como: la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. Para poner un ejemplo, Brasil país que ha venido avanzando en la materia, tiene previsto que un ciudadano no puede ser demandado por una publicación en las redes sociales, tampoco la plataforma puede ser demandada hasta que no se haya recibido una orden judicial que ordene el retiro del contenido, para lo que se dispone de 24 horas.
Hoy nuestro gran desafío como sociedad es promover y garantizar el fortalecimiento de la libertad de expresión a través de las redes sociales, se trata de un derecho que se ha determinado esencial para poder participar activamente en la sociedad. La libre de expresión desarrollada por cualquiera de los canales establecidos contemporáneamente, son fundamentales para el fortalecimiento de nuestro país y nuestra democracia.
