Ley de alquiler y promoción de una cultura responsable de alquiler
Por Altagracia Paulino
Los degradables y abusivos desalojos, el abuso de inquilinos que se resisten a abandonar una casa ocupada por tiempo indefinido, la opacidad en la relación entre propietario e inquilino y una ley obsoleta que atenta contra la seguridad jurídica y el Estado de derecho definen la situación actual.
Se trata de una relación desequilibrada donde convive el abuso: por un lado, están los inquilinos que se niegan a dejar la vivienda, y, por el otro, desalojos amparados en un sistema donde el más fuerte impone su voluntad.
Es desgarrador presenciar un desalojo: niños aferrados a las faldas de su madre, cuyos enseres quedan esparcidos en la calle, mientras la policía protege al propietario. Al otro lado, un propietario que recurrió al desalojo tras años de impagos, cuando la propiedad probablemente era su única fuente de ingresos.
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Esta cultura de arbitrariedad persiste debido a la vigencia de la Ley 4-314 de 1955. Setenta años es mucho para una ley, especialmente en un país que pasó de 2,8? millones de habitantes a 11,53 ?millones, con todas las nuevas presiones sociales y culturales.
Afortunadamente, existe una propuesta de ley en la Cámara de Diputados, que fue aprobada en primera lectura el pasado 25? de junio y ahora avanza hacia vistas públicas, buscando corregir estos desequilibrios, incentivar la inversión en viviendas de alquiler y regular el mercado para garantizar seguridad jurídica a ambas partes.
La propuesta toma en cuenta derechos consagrados en la Constitución: derecho a la vivienda, debido proceso, derecho de defensa, eficiencia judicial y plazos razonables. Regula el alquiler de viviendas, locales comerciales y para ONG, y establece que los depósitos se canalicen a través de bancos, quienes deberán compartir los rendimientos. Sin embargo, aún no aclara el cobro de un mes por intermediación —un aspecto que debe incluirse para garantizar mayor transparencia.
La iniciativa encomienda a los jueces de paz la tutela del contrato y propone la creación de una unidad policial especializada en desahucios, mientras el Ministerio de Vivienda asume el rol de regulador del mercado.
Dado que la vivienda es un derecho fundamental, la ley debería contemplar un subsidio de alquiler para familias vulnerables, la construcción de vivienda social en régimen de arrendamiento, asistencia jurídica gratuita y programas de mejoramiento habitacional.
Para que funcione, es indispensable capacitar a jueces, policías y agentes inmobiliarios, además de lanzarla con una campaña pública que informe sobre sus alcances.
En cuanto a precios, deben establecerse mecanismos claros de actualización, protección para poblaciones vulnerables y regulación de plazos. La ley contempla un periodo de gracia por mora, siempre que el inquilino demuestre dificultades reales para cumplir con el pago.
Es muy importante destacar que la propuesta contempla la “conciliación” como primera fase en la resolución de conflictos entre inquilinos y arrendatarios, una figura que ha demostrado eficacia en otras instancias públicas.
Además, no basta con establecer reglas claras si no cambiamos nuestra mentalidad: debemos fomentar una cultura de respeto mutuo, donde el contrato no sea visto como un campo de batalla, sino como un pacto de convivencia. Esto implica enseñar responsabilidades compartidas —como mantener los espacios limpios, respetar los plazos de pago y dialogar ante los conflictos antes que recurrir a la fuerza—. Si logramos que arrendadores y arrendatarios actúen con ética, estaremos cimentando no solo una mejor ley, sino una sociedad más justa y ordenada.
