Los derechos sociales amenazados por la lógica del mercado
Por Altagracia Paulino
Los derechos sociales están vinculados desde su origen a los cambios políticos y económicos generados por la Revolución Industrial y el movimiento obrero, que cobró fuerza cuando los trabajadores despertaron a la conciencia de la desigualdad existente y se reconocieron como la fuerza motora del capitalismo.
Las desigualdades entre los dueños de fábricas y los trabajadores —manifestadas en condiciones laborales pésimas, jornadas extenuantes, salarios bajos y ausencia de seguridad social— obligaron a transformar las relaciones laborales tras intensas luchas del movimiento obrero mundial.
En el siglo XIX surgieron las primeras cartas y códigos laborales, donde se establecieron conquistas fundamentales: la jornada máxima de ocho horas, la prohibición del trabajo infantil y las primeras nociones de seguridad laboral.
El socialismo y el movimiento obrero impulsaron la idea de que el Estado debía intervenir para garantizar esas conquistas, ya reconocidas como derechos. En el siglo XX, con la expansión del llamado Estado de Bienestar, los derechos sociales comenzaron a integrarse en las constituciones. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se incluyeron como derechos fundamentales la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo digno. Todos ellos sustentados en la idea de que la igualdad formal no es suficiente: se requieren condiciones materiales y sociales mínimas para que esos derechos puedan ejercerse realmente.
Estos derechos sociales —también llamados de segunda generación— complementan los derechos civiles y políticos. En la Constitución dominicana están consagrados como derechos fundamentales: salud, educación, vivienda, trabajo digno, seguridad social, alimentación, cultura y medio ambiente sano.
Sin embargo, hoy estos derechos están amenazados por modelos económicos profundamente desiguales. La lógica del mercado orientada a maximizar beneficios suele proponer el recorte de presupuestos destinados a programas que garantizan estos derechos.
La privatización de servicios ha convertido los derechos en mercancías, accesibles solo a quienes pueden pagarlos. A ello se suman las crisis fiscales y la agobiante deuda pública, que representan riesgos reales para las inversiones sociales.
Otra amenaza significativa es el cambio de orientación política: gobiernos con visiones neoliberales tienden a ver los derechos sociales como gasto, y no como inversión en el desarrollo humano.
También constituyen amenazas los conflictos ambientales, la migración forzada, la degradación de los ecosistemas y la expansión de la minería, que ponen en grave peligro el acceso al agua, la tierra y la vivienda.
En un post reciente, Rubén Blades reivindicó que, si no fuera por el socialismo, no existirían los derechos sociales. Son derechos universales, a los cuales no debemos renunciar. Al contrario: deben ser fortalecidos.
Desde el siglo pasado, Europa y América Latina han adoptado políticas públicas para garantizar la educación gratuita y obligatoria, la salud pública, la seguridad social y las pensiones, así como los derechos laborales y sindicales. Son pilares esenciales de la dignidad humana.
En este siglo XXI, dominado por la lógica del mercado, estos derechos son cuestionados por las élites y sometidos a revisión, como si fueran obsoletos, como si la esencia de la humanidad también lo fuera. Lo más grave es que los sectores que buscan desmantelar estos derechos cuentan con cómplices en los más altos niveles de toma de decisiones. Esto plantea un nuevo y profundo desafío para quienes entienden que, aunque la humanidad ha avanzado, las razones que originaron los derechos sociales siguen vigentes.
Urge una defensa activa de estos derechos: no como nostalgia del pasado, sino como una apuesta del presente y el futuro.
