Mercadom, Rena e Inespre
Por Altagracia Paulino
En mis primeros cinco años, recuerdo que en mi casa no se necesitaba dinero todos los días; quizás una vez a la semana para comprar azúcar, gas kerosene para las lámparas, fósforos, velas y algunos productos manufacturados que mi madre adquiría con un canasto de huevos que intercambiaba en la “pulpería” de Pedro Ureña, como se llamaba el dueño del colmado de abasto.
La mayoría de los alimentos eran producidos por la familia, incluyendo la grasa comestible, que se trataba de manteca de cerdo, la cual se freía y se guardaba en latas y botellas.
No creo que esos tiempos volverán, porque hemos crecido como país en todos los sentidos, pero principalmente en población. Hace poco más de 60 años éramos apenas 3 millones de personas y hoy solo en el Gran Santo Domingo somos más de cuatro millones, casi la población de Panamá.
Estos datos fueron los que las autoridades dominicanas utilizaron como criterio para propiciar la Ley 108-13, que crea los Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom) y la Red Nacional Alimentaria (Rena). El objetivo de la ley fue crear un sistema que integraría todos los mercados mayoristas y minoristas, así como los mataderos de todo el país, lo cual implicaría una articulación entre la administración de los mercados y los gobiernos locales.
La Ley fue pensada para facilitar a los pequeños productores llevar sus ofertas y los consumidores pudieran lograr mejores precios, al menos de los productos agrícolas.
El proyecto concebido también como el modelo de gestión de los mercados de España y de otros países donde se toman en consideración valores como la higiene, salubridad y seguridad, para garantizar precios razonables para los consumidores, así como la calidad y la inocuidad de los productos.
La Red Nacional Alimentaria (Rena) se previó para garantizar la seguridad alimentaria y, como su nombre lo indica, debería estar en todo el país.
Mientras la ley establece eso, por otro lado, tenemos al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), que fue concebido para “estabilizar los precios” cuando los controles de precios de los alimentos, fijados por la Ley 13 del 27 de abril del año 1963, comenzaron a salirse de control. Inespre fijaba los precios de referencia, pero, al igual que ocurrió con los controles de precios, el crecimiento del país dejó atrás las intenciones de referentes de precios relacionados con los alimentos.
Como los mercados referidos por la Ley 108-13 no han funcionado y como Inespre ha sido un mecanismo para funcionar solo en contingencias, lo ideal es que la inversión que se gasta en esa entidad sirva para restablecer en cada provincia y municipio mercados de abasto semanal, para que los pequeños y medianos productores vendan directamente a los consumidores y los precios sean justos y razonables.
El Gobierno puede invertir para ayudar a que los productos lleguen a los centros de abasto. Sería una forma digna de ayudar a los productores y a los consumidores a librarse de los intermediarios. De esa manera, también se justificaría la existencia del Inespre; serviría de incentivo para los productores y se generaría el comercio justo.
A principios de este siglo, la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) apoyó ese tipo de iniciativas y mis primos del campo vendían en San Francisco de Macorís todo lo que producían, incluyendo miel de abejas. En países desarrollados, los gobiernos apoyan este tipo de iniciativas.
