Meritocracia vs. Partidocracia. Despolitizar la educación empieza por los ascensos: el pendiente de los concursos para técnicos docentes

 

Por Cesarin Leonardo Febles M. A.

Este lunes 24 de agosto, en el acto de inicio del año escolar 2026-2027, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, dijo algo que muchos maestros dominicanos llevan décadas esperando escuchar desde la cima del sistema.

Pidió despolitizar la educación dominicana. Advirtió que las diferencias políticas, gremiales o sectoriales no deben afectar el derecho de los estudiantes a recibir sus horas de docencia. “Ningún niño debería perder aprendizaje por una diferencia entre adultos”, expresó.

Sus palabras merecen respaldo. Pero también merecen una exigencia: que la despolitización no se quede en las aulas. Que baje —o suba, según se mire— hasta las oficinas donde se decide quién asciende y quién no en el Ministerio de Educación.

Porque la politización más dañina del sistema educativo dominicano no ocurre en el aula ni en la escuela o en la unidad de base sindical. Ocurre en el escritorio donde se firma una designación provisional que después se convierte en un derecho adquirido, sin que nadie haya concursado.

Lo que planteamos en la Consulta Nacional
Cuando el presidente Luis Abinader convocó, mediante el Decreto 309-26, la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación, entendimos que era el espacio correcto para decirlo con nombre y apellido.

Desde nuestra designación de asesor técnico y como ciudadano en aras de aportar deposite en la plataforma de la consulta un planteamiento incómodo pero necesario ya que la política partidaria castra las aspiraciones justas y legales de miles de docentes dominicanos que quieren ascender dentro del sistema.

No pueden hacerlo porque no se convocan concursos abiertos, transparentes y apegados al derecho que cada docente tiene de participar. El mérito quedó subordinado al carnet.

El presidente recibió el informe final de esa consulta el pasado 22 de julio y asumió el compromiso de convertir los consensos en políticas públicas. Este es uno de ellos. Y no requiere una nueva ley: requiere cumplir la que ya existe.

La ley es clara y el Reglamento del Estatuto Docente también

El artículo 16 del Reglamento del Estatuto del Docente, Decreto 639-03, establece que el ingreso a la carrera docente —cualquiera sea la clasificación, cargo y categoría— se efectuará mediante concurso de oposición de antecedentes profesionales, prueba de oposición y entrevista personal.
Y añade una frase que debería estar enmarcada en cada dirección regional: sin discriminación por razones de edad, credo, raza, sexo o afiliación política.

El artículo 10 del mismo reglamento dispone que los cambios de clasificación, cargo y categoría se efectuarán por concurso. La Ley General de Educación 66-97 sostiene el andamiaje. El numeral 5.2.1 del Pacto Nacional para la Reforma Educativa lo ratifica.

Más aún: en 2022, el propio MINERD, mediante la Circular 0875, prohibió expresamente la designación provisional de personal docente en cualquier categoría. La norma existe. Lo que falta es voluntad para obedecerla.

Cronología: tres procesos, un mismo patrón

Repasemos lo ocurrido con los técnicos docentes nacionales, regionales y distritales en la última década. El patrón se repite con una regularidad que ya no admite el beneficio de la duda.

Antecedente (2016). El MINERD informó que los técnicos faltantes serían nombrados mediante concurso de oposición, como manda la ley. Reconoció entonces que más de 600 docentes habían sido movidos a direcciones regionales y distritales para ocupar funciones temporales de técnicos. Primero se colocaron; después se prometió el concurso.

Primer proceso (2022-2023). La Orden Departamental 46-2022 convocó un concurso-evaluación para regularizar el estatus laboral de más de 4,400 técnicos que ya ejercían de forma interina. Se inscribieron 4,345 y fueron entrevistados 4,125. Aprobaron inicialmente 2,986; tras las reclamaciones, 3,403 superaron el proceso, un 82.4 por ciento.

Nótese la naturaleza del ejercicio: no fue un concurso abierto al magisterio nacional. Fue una evaluación cerrada a quienes ya habían sido colocados por vía interina. Los demás maestros del país nunca tuvieron oportunidad de competir por esas plazas.

Una auditoría realizada en 17 regionales y distritos, los días 1, 2 y 3 de febrero de 2023, comprobó que 317 participantes ni siquiera se desempeñaban como técnicos docentes interinos. Aparecían en el proceso sin ejercer la función. La Orden Departamental 25-2023 formalizó las designaciones.

Segundo proceso (2023-2024). En diciembre de 2023, el Consejo Nacional de Educación aprobó la ordenanza que regula la convocatoria y ejecución de los concursos de oposición docente. El entonces ministro Ángel Hernández anunció un concurso para técnicos en febrero de 2024, destinado a completar los niveles nacional, regional y distrital.

Esa misma ordenanza abrió una puerta que conviene mirar de frente: para las vacantes de personal técnico docente y funcionarios docentes administrativos, la convocatoria podrá realizarse en cualquier período del año. La flexibilidad que debía servir a la necesidad terminó sirviendo a la discrecionalidad.

El concurso abierto de técnicos anunciado para febrero de 2024 nunca se materializó como el proceso participativo que se prometió. Sí se ejecutó el Concurso de Oposición Docente Focalizado 2024, para 8,024 plazas de aula, del cual la Asociación Dominicana de Profesores se retiró en junio de ese año alegando irregularidades y falta de respuesta institucional.

Tercer proceso (2025-2026). En junio de 2025, ya bajo la gestión de De Camps, el MINERD habilitó una plataforma de autopostulación para que los 6,804 integrantes del banco de elegibles optaran por 5,153 plazas docentes. Fue un avance real en transparencia, y hay que decirlo.

Pero ese avance fue para el aula. Para los técnicos, nada. Este mes de agosto de 2026, la ADP volvió a reclamar el nombramiento de entre 800 y 900 docentes que siguen en el banco de elegibles antes de convocar un nuevo concurso.

Mientras tanto, ¿cuántos ascensos a funciones técnicas se han producido por vía provisional en los últimos meses, en pleno año preelectoral, pese a la prohibición vigente? Esa es la pregunta que el ministro debe responderse antes de que otra Orden Departamental los convierta en definitivos.
El patrón, dicho sin eufemismos

Primero se sube a los interinos. Meses después se convoca un “concurso” diseñado para fijarlos. Y cuando el maestro de Barahona, Nagua, Miches, o de El Seibo pregunta cuándo puede competir, la respuesta es que las plazas ya están ocupadas.
Ese mecanismo no selecciona a los mejores.
Selecciona a los del partido de turno. Y lo hace con una consecuencia que trasciende la injusticia individual ya que el sistema termina asesorado y supervisado por personal que, en no pocos casos, carece de las competencias que el cargo exige.

Un técnico distrital o regional acompaña, forma y evalúa a decenas de docentes. Si llega por padrinazgo y no por mérito, el daño no se detiene en él sino que se multiplica en cada aula que visita. La cadena de calidad se rompe en el eslabón intermedio.

Sinteticemos las consecuencias, porque conviene verlas juntas. La politización de los ascensos encarece la nómina sin mejorar el servicio, coloca en funciones de acompañamiento a personal sin las competencias requeridas, desalienta la formación de posgrado, erosiona la autoridad moral del Ministerio para exigir resultados y convierte el Estatuto del Docente en letra muerta.

Pero hay un efecto que rara vez se contabiliza y que es el más grave de todos: la desmotivación y la deserción profesional. Cuando el ascenso no llega por los medios que establece la Ley 41-08 de Función Pública —mérito, igualdad de acceso y carrera administrativa—, el docente competente entiende el mensaje.

Y el mensaje es que no hay otra ruta. Ningún profesional joven se visualiza treinta años haciendo exactamente la misma función, sin horizonte de crecimiento, porque el sistema politizado ofrece poquísimas oportunidades reales de ascenso a quien no milita.

Así perdemos a los mejores. Se van a la educación privada, a las universidades, a otros sectores o simplemente al extranjero. Y el sistema público se queda con quienes se resignaron y con quienes nunca aspiraron a más que un sueldo seguro por treinta años.

Lo que un concurso serio debe medir

Un cargo tan sensible no puede definirse con una hoja de vida y una entrevista amable. La evaluación de técnicos docentes debe incorporar pruebas psicométricas rigurosas, junto a evaluaciones de conocimiento disciplinar, competencias pedagógicas y capacidad de acompañamiento.

Las pruebas psicométricas permiten valorar lo que ningún expediente revela: manejo de conflictos, estabilidad emocional, liderazgo, capacidad de escucha y ética profesional. Un técnico no solo debe saber; debe saber acompañar sin humillar y corregir sin destruir.

Se trata del personal que traduce la política educativa en práctica de aula. Evaluarlo con seriedad no es un obstáculo burocrático. Es la inversión más rentable que puede hacer el Ministerio de Educación en calidad educativa.

A la ADP y su Comité Ejecutivo Nacional
Hay un actor que no puede seguir mirando este problema de reojo. La Asociación Dominicana de Profesores es cofirmante del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 y tiene asiento en la Comisión Nacional de Concurso Docente.

Ese lugar no es decorativo. Es una responsabilidad. El Pacto, suscrito en el Palacio Nacional el 1 de abril de 2014 por gobierno, empresariado, universidades, iglesias, sindicatos y los ocho partidos y bloques con representación legislativa, comprometió a todos con el cumplimiento irrestricto de la normativa vigente.

Entre esa normativa el propio documento cita expresamente la Constitución, la Ley 41-08 de Función Pública, la Ley General de Educación 66-97 y el Estatuto del Docente. Es decir: el marco que ordena que se ascienda por concurso y no por padrinazgo.

Al Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y sus seccionales.

A ustedes le corresponde exigir formalmente la convocatoria de un concurso abierto para técnicos docentes. No una consulta. No una mesa. Una convocatoria pública, con calendario, con reglamento y con veeduría del gremio en cada etapa.

Al gremio hay que reconocerle que en el último año logró, por la vía del reclamo institucional, el nombramiento de más de cinco mil docentes del banco de elegibles. Esa capacidad de gestión probada es exactamente la que hoy se necesita para los ascensos.

Porque defender el salario sin defender la carrera docente es defender la mitad del magisterio. La dignidad docente no termina en la nómina: incluye el derecho a crecer profesionalmente sin tener que pedir permiso a un dirigente político.

Al ministro Luis Miguel De Camps

Señor ministro: su antecesor también dijo, en 2022, que el Ministerio de Educación estaba muy politizado y que trataría de despolitizarlo “si me lo permiten”. Esa frase condicional terminó siendo profética. Denunció la presión y luego sucumbió ante ella.
No repita ese guion. Cuando identifique las presiones partidarias —y las identificará, porque llegarán— no basta con nombrarlas en un discurso. Hay que resistirlas con una convocatoria pública, con reglas escritas antes de conocer los nombres y con veeduría independiente.

La despolitización que usted reclamó este lunes se mide en un solo indicador verificable: si el próximo concurso para técnicos docentes es abierto a todo el magisterio nacional o si vuelve a ser una ceremonia para legitimar lo ya repartido.

Al presidente Abinader

Señor presidente: usted asumió el compromiso de convertir en políticas públicas los consensos de la Consulta Nacional. Le pedimos que garantice la probidad y la transparencia de este proceso específico.

Que todos los docentes ascendidos a funciones técnicas en los últimos meses, pese a las prohibiciones vigentes, participen en igualdad de condiciones con el resto de los maestros del país. Si son los mejores, lo demostrarán en el concurso y nadie podrá cuestionar su designación.

Si no lo son, el sistema educativo habrá ganado. Y ese debe ser el único beneficiario del proceso: no el partido, no el funcionario, no el operador político del distrito. El sistema.

Le pedimos también algo más difícil: no seguir apañando actuaciones que atentan contra los derechos de los docentes dominicanos. Cada designación provisional que se tolera es una sentencia contra un maestro que sí cumplió con todos los requisitos legales.

Su gobierno heredó y suscribió, a través de su partido, un pacto educativo que compromete al Estado con la meritocracia. Exigir rigor en este concurso no es un gesto de dureza con los suyos. Es coherencia con su firma.

La partidocracia le ha hecho al sistema educativo dominicano un daño que ninguna inversión en infraestructura logra compensar. Se pueden construir mil quinientas aulas al año, y las construyen; pero si quien acompaña pedagógicamente esas aulas llegó por cuota, el aprendizaje no mejora.

Hablo desde la experiencia

No escribo esto desde la teoría. En 2017, cuando el Ministerio de Educación reglamentó el sistema competitivo de selección de directores regionales y distritales mediante la Ordenanza 24-2017, me presenté a concurso siendo coordinador pedagógico.

Ascendí a director distrital. Y lo hice sin contar con la anuencia ni el favoritismo del partido gobernante de entonces. Si aquel proceso no hubiera sido abierto, ese renglón sencillamente no existiría en mi hoja de vida profesional.

Esa es toda la diferencia entre un sistema que premia el mérito y uno que premia la lealtad: la posibilidad real de que un profesional sin padrino llegue donde sus competencias le permitan llegar. Yo soy prueba de que funciona cuando se hace bien.

Por eso insisto en que este reclamo no es contra nadie en particular. Es a favor de un método. El mismo método que a mí me abrió una puerta y que hoy miles de docentes encuentran cerrada.

Al magisterio dominicano

Como académico, gremialista y ciudadano consciente, hago un llamado a los maestros y maestras del país. Basta de señalar con el dedo a quienes acompañan los procesos, como si el problema fueran las personas y no el mecanismo que las coloca.

La solución no es sospechar de cada técnico. La solución es que todos se evalúen. Que quienes hoy ocupan esas funciones concursen junto a los demás y que asciendan quienes demuestren capacidades, experiencia y méritos verificables.

Un técnico que gana su plaza en un concurso abierto llega al distrito con una autoridad que ninguna designación política otorga: la autoridad de haber sido el mejor entre quienes se atrevieron a competir. Eso también dignifica a quien ocupa el cargo.

La urgencia que nadie discute

Los distritos y las regionales educativas necesitan cubrir sus plazas vacantes. Esa necesidad es real y este año escolar la vuelve apremiante. Pero la urgencia no puede seguir siendo la coartada del interinato.

Existe además una solución encadenada que el MINERD debería aprovechar. Todo docente de aula que ascienda a técnico deja una vacante en su centro educativo, y esa vacante debe llenarse con el banco de elegibles y con un nuevo concurso de oposición docente.

Un concurso transparente para técnicos no vacía las escuelas: activa un ciclo virtuoso. Ascienden los mejores maestros, y entran al aula los jóvenes profesionales que llevan años esperando su nombramiento. Dos deudas saldadas con un mismo proceso.

Aquí en El Seibo conocemos esta historia desde el lado de quien espera. Maestros con maestrías, con años de servicio y con evaluaciones sobresalientes que ven pasar los ascensos hacia quienes tienen mejor cuña, no mejor expediente.

Despolitizar la educación es, ante todo, un acto de justicia con ellos. Y es también la condición sin la cual ninguna reforma curricular, ninguna estrategia digital y ningún plan de alfabetización alcanzará los resultados que la República Dominicana necesita.