Nuestramérica. Venezuela-Colombia, un nuevo desafío para la diplomacia de paz

Por Geraldina Colotti

Venezuela y Colombia han restablecido relaciones mutuas. Es oficial. Los respectivos embajadores Félix Plasencia por la República Bolivariana y Armando Benedetti por la de Colombia han llegado a sus sedes. A su llegada a Bogotá, Plasencia manifestó su firme voluntad «de avanzar en la diplomacia de paz, en esta segunda oportunidad que nos ofrece la historia del reinicio de relaciones diplomáticas entre dos naciones hermanas», y prometió «trabajar siete días de la semana para responder a los intereses de ambos países y redimir espacios venezolanos en jurisdicción colombiana”.

La referencia es, principalmente, a la empresa Monomeros, robada al gobierno bolivariano a través de la estafa de la autoproclamación de Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, reconocida por el anterior gobierno colombiano de Iván Duque, a instancias de Estados Unidos, en 2019.

Ya comenzaron las prácticas para que la empresa, que suministra el 37% de los fertilizantes que se utilizan en Colombia, regrese al pueblo venezolano, ya se designó nueva junta directiva. Los medios hegemónicos, en tanto, tratan de ocultar el resultado positivo, hablando de una propuesta de Petro para comprar el 51% de la empresa venezolana, muy importante para la seguridad alimentaria en este momento de aumento de precios en el contexto del conflicto en Ucrania.

El otro tema fundamental es el de la reapertura de la frontera. Una frontera de más de 2.000 km que separa a los dos países, cerrada completamente a los vehículos desde 2015 y reabierta solo a los peatones desde finales de 2021.

En 2006, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela sumaba US$ 2.000 millones, según cifras oficiales. En 2008 llegó a los US$ 5.000 millones. Ahora no supera los US$ 300 millones y la meta de la nueva relación, siguiendo al embajador colombiano Armando Benedetti, es  llegar a los US$ 10.000 millones.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que propondrá a su homólogo colombiano el desarrollo de una vasta zona comercial-productiva en la frontera de los dos países, entre el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira. Un experimento -dijo Maduro- que luego podría extenderse a Zulia, Apure, Amazonas. Apuntamos -prosiguió el presidente- a “una economía que produzca bienes y servicios y satisfaga las necesidades y la demanda interna. Una economía que produzca la riqueza física y monetaria necesaria para las inversiones que el país necesita recuperar”. En ese sentido, dijo, “es una prioridad monetizar las reservas y acabar con la persecución petrolera contra Venezuela. Esta es un área -añadió- en la que los empresarios pueden hacer mucho con sus relaciones en EE.UU., haciendo loby ante el Congreso estadounidense, el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros. ¡Ya basta, dejen a Venezuela en paz! No se ha podido ponerla de rodillas, ni se podrá jamás”, concluyó Maduro.

“Nunca debieron interrumpirse las relaciones con Venezuela: somos hermanos y una línea imaginaria no nos puede separar”, dijo el embajador Benedetti, haciéndose eco de una declaración del presidente Gustavo Petro, quien había definido la ruptura de relaciones con Caracas como “un tremendo error”.

Un error que viene de lejos, y que ha perseverado de forma nefasta en los últimos años. Los principales ataques al gobierno y al pueblo venezolano han venido desde la frontera con Colombia, desde un país que es prácticamente una base militar estadounidense, cuyos soldados no tienen que pedir permiso a nadie para hacer lo que más les gusta. La hipocresía imperialista hace pasar por operaciones de «seguridad» los instrumentos de una verdadera colonización del país.

La Comisión de la Verdad (Indepaz), organismo creado a raíz del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, en 2016, mostró cómo la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (Dea) y la Fiscalía han organizado acusaciones falsas de narcotráfico contra el exguerrillero Jesús Santrich, diputado, para inducirlo nuevamente a la clandestinidad, donde luego fue asesinado.

Y, de nuevo recientemente, 10 policías fueron condenados por organizar un «falso positivo», matando a tres personas sin antecedentes penales, hacíendolas pasar por «terroristas» y justificar el gran negocio de la “seguridad”. Indepaz acaba de denunciar una nueva masacre ocurrida en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico: la número 71 desde principios de año, durante la cual fueron asesinados 121 líderes sociales. Un mecanismo que llega a su apogeo en zonas fronterizas y territorios indígenas, y que Petro quiere romper.

Por eso, el Gobierno ha comenzado a instalar Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMU) en el Cauca, una de las regiones más devastadas: para llevar la presencia del Estado a 77 zonas más afectadas y responder a la demanda de seguridad de las comunidades, sobre todo indigenas y mujeres, mediante la reconstrucción del vínculo social. En su discurso de investidura, Petro afirmó que la política antinarcotráfico aplicada hasta ahora ha fracasado y que su gobierno aplicará otra diferente, anticipando que ya no habrá fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.

También prometió dar cabida a la política de género, tomada personalmente por la vicepresidenta Francia Márquez, y el nombramiento de una reconocida feminista internacionalista como Gloria Inés Ramírez en el Ministerio del Trabajo. Y una primera señal positiva llegó con la decisión de Colombia de abandonar el «Consenso de Ginebra», integrado por un grupo de 36 países cuyos gobiernos se oponen a la interrupción del embarazo.

Otro punto de contacto con la diplomacia de paz bolivariana proviene de la reanudación del proceso de paz con la guerrilla, del cual Venezuela ha sido uno de los principales valedores. Por ello, el presidente colombiano suspendió las órdenes de captura existentes contra varios comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), actualmente en Cuba, y apeló a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUG), paramilitares fusionados con el narcotráfico del cártel denominado Clan del Golfo, para que se adhieran a los beneficios que prevé su propuesta de «paz total». Y ha decidido que las Fuerzas Armadas de Colombia ya no realizarán bombardeos aéreos para atacar a grupos armados.

Con esto en mente, Petro renovó la jefatura militar, con miras a defender la paz y los derechos humanos, y ya no según la doctrina de seguridad estadounidense. La mayor parte del ejército colombiano está entrenado en la Escuela de las Américas, una escuela de tortura y desestabilización dirigida por Estados Unidos, que manipula su histórico anticomunismo.

Un camino abierto para que Caracas y Bogotá restablezcan las relaciones militares. Otro gran desafío para la diplomacia de paz bolivariana, que podrá reivindicar la importancia de la unión cívico-militar.

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