¿Puede un outsider comunicacional llegar al Palacio Nacional?
Por Felipe Carvajal de los Santos
Notas sobre la posdemocracia dominicana rumbo al 2028
En estos días, el amigo investigador y ensayista Pablo Vicente me preguntaba en un grupo académico donde interactuamos: ¿lo que conocemos como posdemocracia le abre camino a los outsiders? Esa pregunta me animó a escribir estas líneas.
Cada ciclo electoral dominicano reactiva la misma interrogante, formulada con distintas palabras, pero con idéntica ansiedad de fondo: ¿podría un candidato ajeno a los partidos tradicionales, sin trayectoria política ni formación intelectual, pero dotado de un liderazgo comunicacional arrollador, quebrar la partidocracia y llegar a la Presidencia de la República? La pregunta no es ociosa. Recorre hoy las columnas de opinión, los programas de análisis político y las conversaciones informales de una ciudadanía crecientemente distanciada de sus organizaciones partidarias. Y, sin embargo, como intentaré argumentar, la respuesta exige distinguir entre el diagnóstico del malestar —real, medible, creciente— y la probabilidad efectiva de que ese malestar se traduzca en una victoria presidencial fuera del sistema de partidos.
Recientemente, la socióloga Rosario Espinal lo ha planteado con claridad: la probabilidad de que emerja un outsider con posibilidades reales se potencia cuando el sistema de partidos colapsa, no simplemente cuando pierde popularidad. Y en la República Dominicana ese colapso, a diferencia de lo ocurrido en el Perú de los años noventa o en El Salvador antes de la irrupción de Nayib Bukele, no se ha producido. Los tres partidos con mayor capacidad de movilización electoral —el Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo y el de la Liberación Dominicana— llegan a las puertas de 2028 con figuras de arraigo social ya perfiladas, maquinarias territoriales operativas y, sobre todo, con algo que ningún outsider comunicacional puede improvisar en pocos meses: estructura.
A esto se suma un factor que trasciende lo estrictamente partidario y que resulta decisivo para entender por qué la partidocracia dominicana ha demostrado una resiliencia mayor que sus pares regionales: el Estado clientelar-asistencial. Su expansión en los últimos años ha incorporado como beneficiarios directos o indirectos a un segmento amplísimo de la clase política —incluida buena parte de la oposición—, del empresariado, de la clase media y de los sectores populares. Mientras ese entramado de dependencias pueda sostenerse sin una crisis fiscal severa, opera como un amortiguador estructural frente a cualquier insurgencia electoral que prometa, al estilo de Javier Milei, arrasar con el aparato estatal existente, o que aspire, como Bukele en su momento, a obtener un cheque en blanco ciudadano a partir de una agenda monotemática.
Y aquí reside, a mi juicio, el dato más revelador de todo el fenómeno: ese outsider comunicacional no está intentando construir una candidatura al margen del sistema de partidos, sino que busca —o le buscan— un vehículo partidario tradicional para viabilizar su proyecto. Lejos de confirmar la tesis del colapso inminente de la partidocracia, el caso Alofoke-PRSC ilustra exactamente lo contrario: la notable capacidad de los partidos cartel para absorber el capital comunicacional de figuras ajenas a su estructura, prestándoles legitimidad institucional a cambio de recibir, ellos, una inyección de relevancia mediática que sus propias dirigencias ya no pueden generar por sí solas. No es insurgencia contra el sistema; es simbiosis con él.
Esta dinámica no debería sorprendernos si la leemos desde la teoría del cartel party: los partidos que han perdido conexión orgánica con la sociedad civil, pero que conservan el control de los recursos del Estado y del aparato electoral, no desaparecen frente a la irrupción de nuevos liderazgos mediáticos; los incorporan. Es una estrategia de supervivencia más barata y menos riesgosa que reformarse internamente.
Sería, sin embargo, un error cerrar el análisis en un diagnóstico de estabilidad tranquilizadora. El politólogo Daniel Pou ha señalado, con razón, que a la distancia que nos separa de 2028 ninguna encuesta puede predecir con precisión el resultado, y que América Latina atraviesa una oleada de outsiders —el caso colombiano de Abelardo de la Espriella, ganador de una segunda vuelta reciente en Colombia, es solo el ejemplo más próximo— con una candidatura sostenida por discursos populistas que conectan con facilidad con el temperamento político regional, precisamente por su simplicidad y su promesa de ruptura inmediata con lo existente.
A esa variable regional se agrega un elemento geopolítico que no puede subestimarse: la disposición de la administración de Donald Trump a respaldar abiertamente a determinados candidatos en procesos electorales latinoamericanos —como se ha observado en Honduras, Bolivia, Chile, Perú y Colombia— introduce en el tablero dominicano una variable exógena capaz de desdibujar, con relativa rapidez, un escenario que hoy luce ordenado alrededor de tres organizaciones tradicionales. Las políticas migratorias, arancelarias y de tratamiento de remesas de ese gobierno afectan de forma directa a una diáspora de poco más de dos millones de dominicanos, cuyo eventual activismo político —hasta ahora contenido por el limitado interés en el voto exterior— podría alterar equilibrios que hoy se dan por sentados.
En este hilo lógico del análisis aparecen tres caminos, no uno. Mi lectura es que el debate sobre el outsider dominicano ha estado mal planteado en términos binarios —¿triunfará o no triunfará? — cuando en realidad existen al menos tres trayectorias posibles, con probabilidades muy distintas entre sí. La primera, un triunfo presidencial en solitario, exigiría el colapso previo del sistema de partidos o una crisis fiscal que rompiera el pacto clientelar-asistencial vigente. Ninguna de las dos condiciones está presente hoy, lo que hace de esta ruta la menos probable en el horizonte de 2028.
La segunda, la cooptación del outsider comunicacional por un partido cartel debilitado, es no solo probable sino observable en tiempo real: es exactamente lo que ilustra el binomio Alofoke-PRSC, y podría replicarse con otras figuras mediáticas en organizaciones igualmente erosionadas. La tercera, la irrupción de una fuerza disruptiva de tercera vía que, sin ganar, module el resultado —fragmentando el voto opositor u obligando a una segunda vuelta, algo que el país no experimenta hace treinta años—, me parece la trayectoria más subestimada en el debate público actual, y quizás la de mayor consecuencia política real, independientemente de quién ocupe finalmente el Palacio Nacional.
Para cerrar la presente reflexión, queda planteada la advertencia de que el sistema de partidos dominicano conserve, por ahora, la capacidad de absorber o neutralizar la insurgencia comunicacional no debe leerse como señal de salud democrática, sino como evidencia adicional de la lógica cartelizada que describo en mi trabajo sobre posdemocracia latinoamericana: partidos que sobreviven no porque representen intereses sociales articulados, sino porque controlan los resortes institucionales y financieros que les permiten cooptar, más que enfrentar, a quienes amenazan su monopolio.
La estabilidad sociopolítica que hoy exhibe la República Dominicana frente a sus vecinos regionales es, en ese sentido, menos una virtud del sistema que una medida de su capacidad de resiliencia adaptativa. Y esa capacidad, conviene no olvidarlo, tiene límites que una crisis económica severa o un realineamiento geopolítico abrupto podrían poner a prueba dicha estabilidad antes de lo que hoy imaginamos.
