¿Qué ha ocultado y oculta la Barrick Gold?

Por Fidel Soto

*(Ganancias privadas, riesgos públicos)*

-Tratando de entender la afirmación de Andy Dauhajre, de cómo el país perdió mil ciento trece millones de dólares, no cobrado a la Barrick Gold –

El 27 de octubre de 2021, la entonces presidenta de Barrick en el país, Juana Barceló, declaró que “aún no han terminado de pagar los dividendos de la primera inversión realizada por los accionistas, valorizada en 4,500 millones de dólares, y pese a que no han concluido el pago, solicitarán 1,300 millones de dólares más a los socios para extender la vida de la mina” (Diario Libre, 27-10-2021).

Sin embargo, en una crónica del Listín Diario del 25 de noviembre de ese mismo año, el presidente y CEO de Barrick Gold Corporation, Mark Bristow, afirmó que la empresa había obtenido beneficios por 2,300 millones de dólares y que a los inversionistas solo les faltaba recuperar 1,500 millones.

Dos días antes de esta declaración, el 23 de noviembre, el entonces nuevo director de Minería, Rolando Muñoz, declaró en el periódico Acento que se proponía agilizar los procesos de otorgamiento de permisos para aumentar la producción minera del país hasta alcanzar dos millones de onzas de oro.

Ante este conjunto de declaraciones, surge una inquietud legítima: ¿cómo se explica este aparente “bailoteo” de cifras, intereses y urgencias? ¿Por qué la prisa en acelerar la producción, como si se tratara de una agenda empresarial más que de una política pública?

La contradicción se hace aún más evidente si se analiza el enfoque presentado por la revista El Dinero (30 de mayo de 2019), en un artículo de Jairon Severino titulado “Exportaciones de oro son un 77.22% en el sector minero dominicano”. Allí se señala que, entre 2010 y 2018, las exportaciones de oro sumaron 8,575.1 millones de dólares, para un promedio anual de 952.8 millones.

Con estos datos sobre la mesa, resulta difícil no percibir una disonancia. No necesariamente en los números en sí, sino en la narrativa que los acompaña. Más que falsedad directa, lo que se advierte es un entramado de intereses donde se intenta presentar una realidad favorable a ciertos sectores, mientras el interés nacional queda diluido.

Si seguimos hilando los hechos, surge otra información reveladora: según Diario Libre (25 de septiembre del 21), citando a BBC Mundo, la mina de Cotuí se ubica entre las principales del mundo, siendo la cuarta en producción y la de mayor rendimiento en América Latina.

Solo en 2018, su producción superó las 30 toneladas de oro.

Entonces, la pregunta se impone con más fuerza:
si la producción es tan alta, si los precios del oro han sido históricamente favorables, ¿por qué los beneficios para el país no reflejan esa misma magnitud?

Aquí aparece un elemento clave del análisis económico planteado por Andy Dauhajre. Su señalamiento abre una línea de reflexión imprescindible:

¿está recibiendo la República Dominicana lo que realmente le corresponde por la explotación de sus recursos?

Aunque el contrato fue renegociado en 2013 en condiciones más favorables que las originales, hoy surgen cuestionamientos serios sobre su aplicación. Uno de los más preocupantes es que parte de la inversión habría sido estructurada como deuda, con intereses superiores al 10%.

Esto tiene una consecuencia directa: antes de que el Estado reciba beneficios significativos, el proyecto prioriza el pago de esa deuda, reduciendo así la base sobre la cual se calculan los ingresos fiscales.

En términos simples: aunque el negocio sea rentable, el país recibe menos.

A esto se suma otro hecho inquietante: pese al aumento sostenido del precio del oro, los ingresos del Estado no han crecido en la misma proporción. Esto sugiere la existencia de mecanismos —contractuales o financieros— que limitan la participación nacional en esa riqueza.

No se trata de lanzar acusaciones sin sustento, sino de exigir transparencia.

La pregunta sigue siendo la misma:
¿estamos ganando lo que deberíamos por nuestro oro?

Nos dijeron que el oro traería desarrollo.
Nos hablaron de progreso, de inversión, de crecimiento.
Pero hay una pregunta que sigue flotando, incómoda y persistente:
¿dónde está el beneficio real para el país?

El contrato de 2013 fue presentado como una conquista. Y quizás lo fue… en el papel.
Porque en la práctica, los números no terminan de contar esa misma historia.

Hoy se denuncia que parte de la llamada “inversión” no era tal, sino deuda disfrazada, con intereses que superan el 10%.

¿Y qué implica eso?
Que antes de que la nación reciba un solo beneficio justo, el proyecto se paga a sí mismo… y con ganancias.

Mientras tanto, el oro sube, alcanza precios históricos…
y el país no ve reflejado ese brillo en sus ingresos.
Algo no cuadra.
O el oro no vale lo que dicen,
o el contrato no funciona como debería,
o alguien se está quedando con la mejor parte del negocio.

Y como si fuera poco, quedan en el aire interrogantes sobre acuerdos poco transparentes, posibles adendas desconocidas por la ciudadanía y compromisos futuros que podrían terminar recayendo sobre el Estado.

Es decir:
ganancias privadas hoy… y riesgos públicos mañana.
No hace falta ser economista para entenderlo.
Cuando un país rico en recursos naturales sigue siendo pobre en beneficios,
el problema no está en la tierra…
está en cómo se negocia lo que hay debajo de ella.