Reacción populista y realidad estructural en el conflicto domínico-haitiano
Por Manolo Pichardo.
El anuncio del ministro de Deportes, Kelvin Cruz -luego matizado-, de que la selección de fútbol haitiana no volverá a jugar en las instalaciones deportivas de nuestro país -tras los incidentes escenificados en el Estadio Olímpico Félix Sánchez el pasado primero de octubre- es, a mi juicio, una reacción populista ante la ola de indignación nacional. Antes de empezar el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf, ciudadanos del país que vio nacer a Jean-Pierre Boyer, según reportaron medios tradicionales y alternativos con notas y videos, entraron por la fuerza al recinto y dañaron instalaciones que habían sido remodeladas apenas semanas antes para adecuarlas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados entre el 24 de junio y el 8 de agosto con una inversión millonaria.
El malestar que causó entre los dominicanos este acto vandálico fue aderezado por la acción del delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos goles en la victoria de su país 4-1, quien fue captado en cámara gritando “La Española es Haití” y remachando con un “esto es Haití” mientras señalaba el terreno de juego en el corazón de Santo Domingo. Ante la creciente indignación, el presidente Luis Abinader se encaramó en las declaraciones de su ministro de Deportes, recurriendo a su habitual instrumentalización del tema haitiano por sus implicaciones migratorias. En medio del descontento en redes sociales, se denunciaba que, de los 21,703 asistentes al juego, 18,000 eran extranjeros y solo 3,000 dominicanos; mientras tanto, medios como CDN Deportes y el periódico El Nacional destacaron, sin dar cifras, la aplastante mayoría de ciudadanos haitianos.
Tras el impacto de estos números y la ola de especulaciones sobre el estatus migratorio irregular de los asistentes -como denunció el comunicador Manuel Cruz los días 2 y 3 de octubre en el programa El Sol de la Mañana de la emisora Zol 106.5 FM-, el presidente Abinader encontró de nuevo una excusa recurrente para la distracción. Olvidó que no es un ciudadano cualquiera, sino el jefe de Estado dominicano, por lo que sus palabras deben ajustarse al manual del estadista y nunca a la conducta de un activista político o un hincha callejero. Cualquier expresión que involucre a un país con el que se mantienen relaciones diplomáticas puede provocar situaciones indeseadas en el ámbito diplomático e interrumpir el comercio, como ya se ha vivido en varias ocasiones con Haití debido a la tensión histórica entre ambas naciones.
Pero ese episodio en el que la presencia dominicana se vio reducida en las gradas revela algo más grave que la agresión y el desafío: la vulnerabilidad de nuestra frontera y el peso, ya estructural, de la migración haitiana en la vida económica nacional. El X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022 arrojó que en el país vivían 441,272 personas nacidas en Haití -cifra que subestima a quienes están en situación irregular-, pero el dato laboral es aun más revelador. Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), aproximadamente dos de cada tres trabajadores haitianos se concentraban en la construcción y la agropecuaria. Por su parte, la ENAGROT-2022 reveló que la mano de obra haitiana alcanzaba el 66.8 % en el campo, mientras que la ENSECON-2025 del Instituto Nacional de Migración la situó en el 68.3 % en la construcción. También ocupan espacio en el comercio, el sector informal, los servicios y, en menor medida, la hostelería y la manufactura, con una presencia que empieza a asomarse en las zonas francas. En la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en cambio, solo 15,360 haitianos figuraban como cotizantes formales al cierre de 2023: la mayor parte de esa inserción ocurre al margen de la formalidad.
Esa realidad no se sostiene al margen de intereses económicos que de facto crean una dinámica que desafía nuestra constitución, nuestras leyes y normas. Avanza impulsada por la demanda del sector empresarial, la tolerancia de sectores políticos y la gestión migratoria de instituciones del Estado que, según se denuncia, han convertido el control fronterizo en un gran negocio asociado al tráfico de personas, de armas y a otras actividades delictivas. No pienso que la alarma por el desbordamiento migratorio sea una paranoia ni una “posición enfermiza” de la derecha dominicana; creo que se trata de un desplazamiento que ya se percibe en el trabajo y en el espacio público; y que forma parte de nuestro paisaje territorial. Si el país sigue tratando este problema como un simple incidente deportivo o como una mera cuota de mano de obra barata, en 15 o 20 años podría cruzar un punto de no retorno y acercarse a lo que aquí se teme como un Kosovo del Caribe: un territorio donde la soberanía se dispute en la calle -con posibilidades de causar tensiones impredecibles con luchas por la defensa de cada centímetro de territorio- porque el Estado dejó de ejercerla en la frontera.