Reacciones al Mensaje “Las AFP y las ARS”

Luis Holguin Veras

En un espacio pagado publicado en varios medios impresos el 4 de octubre del 2022, se presenta un mensaje titulado Las AFP y las ARS.  Consideramos necesario reaccionar con algunos comentarios a las afirmaciones que en esta publicación se hacen.

“No se les ocurra convertir en un organismo público lo que hasta el día de hoy viene funcionando correctamente, aunque con defectos corregibles, pero sin la interferencia perturbadora de intereses políticos.”

La verdad es que no me queda claro a quiénes va dirigida esta afirmación.  En principio pensé que era para los afiliados, las organizaciones e instituciones que en defensa de los derechos de la población, de los afiliados, demandamos una reforma de la Ley 87-01, y que el Consejo Nacional de la Seguridad Social tome las Resoluciones necesarias para cumplir la Constitución y las Leyes vigentes, en interés de cumplir con los derechos de los afiliados.

Luego pienso que parece ser una amenaza a las autoridades y a los legisladores que tienen la responsabilidad de la modificación integral de la Ley 87-01, por mandato de la Ley 13-20 que así lo dispone, al entender que esta revisión ha sido retardada y que las modificaciones que se le han hecho a esta Ley, más que corregir los errores, han sido modificaciones acomodaticias a los intereses de los negocios parasitarios insertados en la seguridad social. Es decir, las modificaciones realizadas han beneficiado la operación y sobre todo las ganancias de estas empresas, pero en nada han beneficiado a las personas afiliadas, excepto cuando a cuenta gotas les han ido cediendo partes minúsculas de los derechos conculcados.

Finalmente entendí que la expresión es el llamado del sector, que, ante el fracaso de ambos negocios insertados en la seguridad social, ven su futuro afectado, ante una población indignada que cada día se empodera más de sus derechos y los contrasta con las migajas que recibe.  Un pueblo indignado al ver que lo que recibe como prestaciones de la seguridad social solo da certidumbre a los negocios, manteniendo a las personas afiliadas en la más espantosa incertidumbre, que para nada se corresponde con lo ofrecido cuando se aprobó esta Ley 87-01.

Los dominicanos hemos tomado consciencia de que la Ley 87-01 y sus regulaciones han sido elaboradas para favorecer los negocios en perjuicio de la población.

Visto así, entendemos la expresión del empresario que firma el mensaje del espacio pagado, como un grito que busca preservar por un tiempo más, el estatus quo que beneficia a los negocios de las AFP y las ARS.  Pero no lo compartimos, consideramos que el aporte de estas instituciones no se corresponde con lo que reciben los afiliados.

Tampoco consideramos válida la recurrida expresión de que lo público es malo y que lo privado es bueno.  La experiencia en la seguridad social nos ha demostrado que la aplicación de esta creencia ha sido un fracaso.

“Desde hace un buen tiempo tanto las AFP como las ARS vienen siendo sometidas a un sistemático ataque que incluye acusaciones mentirosas y la existencia de una campaña que trata de estatizar el sistema existente.”

Parecería que el autor está mal orientado cuando habla de “acusaciones mentirosas”, pues los reclamos que hacemos los afiliados y cientos de organizaciones sociales no se basan en mentiras, sino en análisis de los datos servidos por las instituciones responsables, así como de las disposiciones legales y normativas vigentes, así como los testimonios de las personas afiliadas.

Si se desea hablar sobre mentiras, podemos recomendar indagar cómo se hicieron las afiliaciones de los trabajadores a las AFP, que el propio Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) reconocieron, en dos Resoluciones cada una, que el proceso de afiliación se realizó con desinformación, desorientación e incluso, con traspasos automáticos.  Para mayor claridad, les invitamos a conversar con los trabajadores que fueron afiliados en los primeros años de ejecución del Plan de Pensiones, e indagar lo que les recomendaron los Promotores contratados por las AFP y cuya prioridad para la eficiencia de su trabajo era afiliar trabajadores, al parecer, sin ningún control de calidad sobre el proceso realizado.

Sobre su afirmación de que se “trata de estatizar el sistema existente”, personalmente creo que sería lo mejor.  La privatización de la administración de los fondos de pensiones y de los riesgos de salud, lamentablemente ha sido un fracaso, teniendo un costo muy alto que reduce la posibilidad de invertir más en las prestaciones de las personas afiliadas.

Ya hemos expresado antes que es muy difícil conciliar la naturaleza de los negocios con los derechos que deben asegurarse, mucho más cuando las empresas participantes actúan con angurria y actitud depredadora.

Ante esta realidad, caracterizada por prestaciones mínimas para las personas afiliadas sin ningún tipo de garantías de derechos, versus ganancias garantizadas y con un mercado cautivo por obligación, consideramos que el sistema de reparto es el mejor modelo que se puede impulsar, ya que garantiza prestaciones definidas para las personas afiliadas que cumplan los requisitos establecidos.

“Para comenzar por el principio, es necesario decir que la aprobación del sistema de seguridad social en el año 2001, fue una de las más importantes conquistas logradas por los dominicanos, la cual garantizó cobertura de salud para millones de personas que no la tenían y la recepción de una pensión bajo determinadas condiciones para la clase trabajadora, bajo la modalidad de capitalización individual.”

Quizás es oportuno comenzar desde antes del año 2001, haciendo un reconocimiento de todos los actores que hicieron que fracasara el sistema administrado por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), institución que fue canibalizada por todos los sectores que participaron en sus órganos directivos y que se presentó, irresponsablemente, como un fracaso del sistema de reparto, cuando en realidad el fracaso de esta institución se debió a la explotación a la que se vio sometida por todos sus directivos, incluyendo los representantes sectoriales, suplidores, funcionarios y políticos, quienes fueron complacientes, para luego buscar sus cuotas de aprovechamiento personal.

“Es necesario señalar, que al momento de entrar en vigencia este sistema muchos centros de salud se encontraban en una precaria situación económica y una gran cantidad de médicos con ingresos muy bajos. La masificación de la medicina, salvo de la desaparición a más de una clínica y elevó los ingresos de una buena cantidad de médicos.”

Parecería que ese texto se refiere a otro país, debido a que, como sabemos, en la República Dominicana, de forma ilegal, el CNSS aprobó la existencia de una lista discriminatoria de los servicios y prestaciones de salud que establecen cuáles se ofrecen y cuáles no.  Se olvidan de que, pese a que la ley 87-01 reconoce a los pensionados como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo, las personas afiliadas que se pensionan pierden el disfrute del mismo, debido a que el CNSS no ha establecido el porcentaje con el que los pensionados contribuirán al financiamiento del Seguro de Salud.  Olvidan también el copago o los gastos de bolsillo con el que las personas afiliadas tienen que pagar adicionalmente a lo cotizado por las consultas, medicinas, procedimientos relacionados a la salud, todo lo cual difiere a lo que establece la ley 87-01.  Ni qué decir del tratamiento a prestadores de servicios de salud, así como las tarifas reducidas con las que se compensa su trabajo.

“Ahora bien, ese gran incremento de pacientes que llegaron al sistema de salud cubiertos por la seguridad social, es evidente que no se les podía cobrar lo mismo que a los cinco o seis que llegaban antes de existir el sistema y las compañías de seguros médicos establecieron tarifas tanto para las clínicas como para los profesionales de la medicina, esto provocó que algunos especialistas “exitosos” no aceptarán seguros médicos, como tampoco pagos con tarjetas de crédito, sólo efectivo y transferencias, otros añadieron un suplemento por consulta y un grupo representado por el Colegio Médico, vive en un constante conflicto con las ARS, que a quien realmente perjudica es a los necesitados del servicio médico.”

Al leer este párrafo uno podría quedar con la impresión de la supuesta insensibilidad de los médicos, sin tomar en cuenta la participación de las ARS en cuanto a cómo quieren gestionar a los prestadores de servicios de salud y cómo les discriminan, menospreciando a los médicos, en cuanto a ignorar su cualificación para el ejercicio profesional.

“Ha pasado mucho tiempo desde que la Ley 87-01 fue aprobada y creo que nadie puede negar que los más de cuatro millones de personas afiliadas al régimen contributivo y una importante cantidad que se encuentran como usuarios del régimen subsidiado, han recibido beneficios importantes en materia de salud que antes les era imposible obtener.”

Si bien es cierto que más personas están siendo beneficiarias de la seguridad social, no podemos desconocer que el SDSS ha fracasado en cuanto no ha cumplido con lo que supuestamente se ofrecería a los afiliados.  Así mismo, podríamos afirmar que nadie puede negar que las ARS y las AFP han tenido ganancias exageradas que no se justifican por el aporte que ofrecen al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

“Parece ser que la mencionada Ley necesita ciertas modificaciones que logren hacerla más justa y equitativa. Pero con esto se debe ser muy cuidadoso, ya que este es un tema complejo y especializado que no todo el mundo maneja correctamente. Para muestra un botón, recientemente el Tribunal Superior Administrativo dictó una sentencia que deja en evidencia su desconocimiento sobre la materia, al ordenar a la Superintendencia de Pensiones la devolución de una suma superior a los ocho mil millones de pesos, por haber sido estos “sustraídos de las cuentas de los afiliados, está clarísimo que nadie sustrajo nada, simplemente se produjo un cambio transitorio en los rendimientos por fluctuación de la tasa de cambio. Que unos jueces de ese alto Tribunal evacuen una sentencia como la comentada, es sumamente peligroso pues puede dar lugar a situaciones que pongan en peligro la integridad misma del sistema de pensiones.”

La Ley 87-01 necesita una modificación integral y no parches aislados, que no resuelven los aspectos claves que permitirían asegurar los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar a las personas afiliadas y a la población.

La Sentencia referida no establece que la SIPEN devuelva el dinero descontado ilegalmente, sino que esta institución se asegure de que las AFP devuelvan el dinero descontado ilegalmente.

“Sería muy extenso reproducir aquí todas las mentiras, inexactitudes y disparates que constantemente se dicen tanto sobre el sistema de seguridad social, como de las instituciones y empresas que lo integran, estas van desde el reparto puro y simple de un porcentaje de los aportes realizados, hasta acusaciones de robo.”

Sería extenso listar los aspectos en los que las personas afiliadas han sido afectados por los derechos que le siguen siendo negados.

“Esperamos que reine la sensatez entre los responsables de modificar la Ley mencionada, y no se les ocurra convertir en un organismo público lo que hasta el día de hoy viene funcionando correctamente, aunque con defectos corregibles, pero sin la interferencia perturbadora de intereses políticos.”

La experiencia nos ha demostrado que no es cierto que la administración privada es buena y la administración pública no.  Ya tuvimos más de 20 años de ejecución del SDSS y los resultados obtenidos son insatisfactorios.  Ahora vale la pena probar un nuevo sistema basado en reparto con órganos más efectivos y funcionales.

“Para terminar quiero recordarles a los que con razón abogan por mejores pensiones, que donde los salarios son balos no se puede tener pensiones altas.”

En una sociedad como la nuestra, con realidades como la mencionada y muchas más, no es factible imponer un sistema basado en capitalización individual, pues ya sabemos que no hay forma de que sea funcional y factible.  El sistema de reparto es la opción que debemos impulsar, a los fines de que la población pueda tener la certidumbre del cumplimiento de sus derechos.

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