Por Rafael Guillermo Guzmán Fermín
El propósito de toda reforma institucional es responder a un objetivo superior, con la finalidad de fortalecer la institución, elevar su eficiencia y dignificar a quienes la integran, para ello, debe considerar sus características esenciales, adoptar enfoques específicos y respetar su idiosincrasia, costumbres y tradiciones doctrinarias que preservan conquistas motivacionales y fortalecen la moral institucional.
Cuando una reforma genera incertidumbre entre sus propios miembros, especialmente sobre la carrera policial, el régimen de pensiones o el sistema de asistencia para ayudas funerarias, es legítimo preguntarse si es realmente el camino más adecuado, ya que son áreas sensibles que exigen prudencia, diálogo y consensos.
La Policía Nacional es uno de los pilares del Estado democrático. Sobre sus hombros recae la enorme responsabilidad de preservar el orden público, proteger la vida y garantizar los derechos fundamentales. Su misión exige disciplina, sacrificio y una vocación de servicio, renunciar a la tranquilidad familiar y asumir riesgos permanentes.
En ese contexto, toda modificación a su Ley Orgánica debe analizarse con visión de Estado, no como soluciones coyunturales. Estoy de acuerdo con una reforma que modernice la institución, siempre que no debilite los derechos e incentivos adquiridos de la carrera policial ni genere incertidumbre entre quienes han servido a la nación en condiciones de alto riesgo, con jornadas extendidas, días festivos y horas extras no remuneradas, razones por las cuales, sus miembros no deben equipararse a un servidor público común.
La creación de un “Sub-director General Administrativo y Financiero” -con rango equivalente al de Subjefe de la Policía Nacional- prevista en los artículos 32 y 37 del proyecto de ley, plantea una seria preocupación; pues permitir que un civil administre de manera exclusiva el presupuesto institucional, pondría en riesgo la unidad de mando, la cohesión interna y la autonomía funcional de la Policía Nacional.
Tal disposición podría abrir espacios de injerencia externa, ya sea de sectores económicos, políticos o de intereses particulares, colocando la gestión financiera policial en una vulnerabilidad incompatible con la seguridad institucional y los más altos intereses de la nación.
Ante la comisión de reforma encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, planteé una fórmula razonable y equilibrada para atender las necesidades administrativas de la institución sin afectar su cohesión ni su desarrollo interno. Esta propuesta fue presentada en FUNGLODE, durante la visita realizada al expresidente Dr. Leonel Fernández, el 19 de septiembre de 2025.
La alternativa consiste en que, durante una etapa de transición, la administración financiera recaiga temporalmente en un profesional civil altamente calificado, junto con un programa serio de formación de talento policial propio, un escalafón administrativo y financiero aparte, que incluya especialidades y maestrías en universidades nacionales e internacionales.
El objetivo estratégico debe ser que, en 10 a 15 años, la Policía Nacional cuente con oficiales plenamente capacitados para asumir esas responsabilidades con los más altos estándares técnico-profesionales, éticos e institucionales.
En efecto, las grandes instituciones no importan capacidades de manera permanente, las desarrollan internamente. Un oficial que combine experiencia operativa, conocimiento profundo de la cultura institucional y sólida formación financiera, estará en mejores condiciones de comprender prioridades estratégicas y administrar los recursos públicos con eficiencia.
Por ello, recomiendo que la reforma policial siente las bases de la Policía que necesitará la República Dominicana en 20 o 30 años. Fortalecer la carrera policial significa proteger el mérito, estimular la capacitación continua, ofrecer seguridad jurídica y crear oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones de oficiales.
Una institución fuerte no se construye debilitando la confianza de sus miembros, sino invirtiendo en ellos. Eso debe ser el verdadero espíritu de la reforma.
Invito, finalmente, a reformar la Policía Nacional con sentido de Estado, fortaleciendo, no debilitando; construyendo una institución más profesional, transparente y eficiente, pero fiel a su misión y a sus principios. Una transformación que busque fortalecer sin desnaturalizar, modernizar sin improvisar, evolucionar sin debilitar, porque al final, fortalecer la Policía Nacional es fortalecer la seguridad ciudadana y el Estado de derecho.
LD
