Seguridad alimentaria dominicana: ¿estamos sacrificando nuestros productores para favorecer las importaciones?

El campo no puede seguir esperando

Un país no puede medir su seguridad alimentaria solamente por la cantidad de productos que encuentra en los supermercados. Hay otra pregunta, mucho más importante: ¿cuánto de lo que consumimos somos capaces de producir? Si nuestros agricultores abandonan sus tierras y nuestros ganaderos pierden sus mercados, tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Importar es necesario en determinadas circunstancias. Lo que no podemos aceptar es que la importación termine convirtiéndose en la respuesta más fácil, mientras el campo dominicano se debilita.

Llevo tiempo preocupado por esa contradicción. Hablamos de apoyar la producción nacional, pero algunas decisiones parecen caminar en dirección contraria. El arroz, alimento cotidiano de la familia dominicana, nos ofrece un ejemplo que merece explicaciones claras.

Arroz: las cifras que el Gobierno tiene que explicar

En 2024 la República Dominicana importó aproximadamente 213,921 toneladas métricas de arroz, equivalentes a unos 4.7 millones de quintales, por un valor cercano a 152.5 millones de dólares, de acuerdo con cifras divulgadas a partir de registros oficiales. No estamos hablando de una compra rutinaria. Ese volumen fue más de ocho veces el promedio anual de 25,870 toneladas registrado durante la década anterior. ¿Cómo se explica semejante salto?

La comparación con los años anteriores resulta todavía más reveladora. En 2023 se importaron 495,731 quintales; en 2024, alrededor de 4.71 millones. Es decir, más de nueve veces lo importado el año anterior: un incremento superior al 850 %. En dinero, pasamos de unos 15.61 millones de dólares en 2022 y 15.95 millones en 2023 a 152.49 millones en 2024. Son cifras de importaciones registradas, no simples permisos anunciados.

Comparación de importaciones de arroz (cifras publicadas a partir de registros oficiales)

Nota: el promedio histórico corresponde a la década previa a 2024, no al promedio exclusivo de 2018–2023. No se incluyen cifras anuales 2018–2021 sin una serie homogénea verificada.

La pregunta inevitable: ¿faltaba arroz?

Hay un dato que vuelve más difícil comprender lo ocurrido. La producción nacional fue de unos 13.58 millones de quintales en 2023 y rondó los 14 millones en 2024. Mientras el país producía más arroz, también multiplicaba sus compras en el exterior. No afirmo que toda importación sea injustificada; afirmo que una decisión de esa magnitud exige una explicación convincente.

Se ha hablado de inventarios, de posibles faltantes y de la necesidad de prevenir aumentos de precios. Bien. Entonces que se publiquen los inventarios disponibles, el consumo estimado, los permisos concedidos y los precios que recibieron los productores. Quien trabaja la tierra tiene derecho a saber por qué se abre la puerta a compras extraordinarias precisamente cuando su cosecha necesita mercado.

El expresidente Leonel Fernández ha cuestionado estas importaciones y ha advertido sobre la necesidad de proteger al productor arrocero frente a los compromisos del DR-CAFTA. En declaraciones difundidas en octubre de 2026 se le atribuyó una cifra de seis millones de quintales; los datos de importaciones registrados y publicados que utilizamos aquí rondan los 4.7 millones. Conviene distinguir ambas cifras. Una crítica seria no necesita exageraciones: lo ocurrido es suficientemente preocupante.

Hay otro episodio que no debemos pasar por alto. La peste porcina africana golpeó al país en 1978 y volvió a hacerlo en 2021. Resulta llamativo que ambas crisis ocurrieran bajo gobiernos de una misma tradición política. La coincidencia merece ser señalada, aunque sería irresponsable presentarla, por sí sola, como prueba de culpabilidad.

La crisis de 2021 significó pérdidas para criadores y familias que dependen de esa actividad. El entonces senador Bautista Rojas Gómez, Bauta, hizo denuncias que no deberían quedar en el olvido. ¿Fallaron los controles sanitarios? ¿Hubo negligencia? ¿Existió alguna actuación deliberada, como se llegó a denunciar? Esta última es una acusación grave que requiere pruebas. Lo que sí podemos exigir desde ahora es una investigación rigurosa y medidas eficaces para que el productor porcino no vuelva a quedar desprotegido.

No se trata solamente del arroz y del cerdo

También debemos mirar lo que ocurre con el pollo, las habichuelas, el maíz, la leche, el ajo y la cebolla. Cada producto tiene una realidad distinta y sería un error meterlos todos en el mismo saco. Pero hay una preocupación común: cuando el productor nacional compite en condiciones desiguales, pierde él, pierde el empleo rural y termina perdiendo el país.

Necesitamos conocer, año por año, cuánto producimos, cuánto importamos, cuánto consumimos y a qué precio se paga en la finca. Sin esa información, el debate se llena de discursos y el agricultor sigue esperando respuestas.

Defender el campo no es oponerse al comercio

Nadie está proponiendo cerrar las fronteras ni impedir las importaciones necesarias. Lo que reclamo es una política que primero conozca y valore nuestra capacidad de producción. Hacen falta crédito oportuno, riego, asistencia técnica, seguros agropecuarios, vigilancia sanitaria y facilidades para almacenar y comercializar las cosechas. También hacen falta reglas claras, para que el negocio de unos pocos no se construya sobre las pérdidas de miles de familias campesinas.

El consumidor merece precios justos y el productor merece poder vivir de su trabajo. No son intereses enemigos. Un Estado responsable debe proteger a ambos, sin improvisaciones y sin privilegios.

El país merece una respuesta

Insisto en el caso del arroz porque sus números hablan por sí solos. Si en 2024 importamos más de nueve veces lo que habíamos importado en 2023, al tiempo que aumentaba la producción nacional, el Gobierno tiene la obligación de decir qué necesidad concreta justificó esa decisión, quiénes se beneficiaron de los permisos y cuál fue el impacto para nuestros arroceros.

No podemos seguir hablando de seguridad alimentaria mientras dejamos sin respuestas a quienes producen nuestros alimentos. El campo dominicano no necesita discursos de ocasión; necesita una política sostenida y decisiones transparentes. Porque cuando un país pierde su capacidad de producir lo que come, también pierde una parte esencial de su independencia.