SeNaSa expediente visible y daño invisible

Por Roberto Lafontaine

Primero fue una rueda de prensa de la oposición, convocada por el Partido Fuerza del Pueblo. Luego vinieron las preguntas incómodas sobre los atrasos de pago a médicos, clínicas, laboratorios y suplidores. Después, la respuesta irónica desde el poder, minimizando lo que ya se sentía en los pasillos de hospitales y en las farmacias de barrio. Más tarde, la prensa nacional y el periodismo de investigación ampliaron la grieta. Finalmente, el Ministerio Público presentó un expediente contra varios encartados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del seguro público. El país asistió así a una secuencia política y mediática ordenada. Pero mientras el expediente se hacía visible, el daño real quedaba, una vez más, debajo de la alfombra.

Porque lo que se ha discutido con mayor intensidad no ha sido la salud de la gente, sino los millones, los contratos, los nombres, los cargos, las medidas de coerción. Se ha hablado de una presunta estructura, de sobrecostos, de sobrefacturación, de desvíos de fondos. Todo eso debe investigarse en la justicia, con garantías, con debido proceso, sin linchamientos. Pero el problema estructural es otro: ¿qué pasó con los servicios de salud mientras todo eso ocurría?

Cuando una ARS pública retrasa pagos de manera sostenida, no se retrasa un trámite administrativo: se paraliza una cadena de cuidado. El médico que no cobra reduce consultas. La clínica que no recibe transferencia cierra quirófanos algunos días. El laboratorio deja de suplir reactivos. La farmacia suspende despachos. El suplidor exige efectivo. Y el usuario —ese que no da rueda de prensa ni sale en los titulares— recibe la respuesta más dura del sistema: “no hay cobertura”, “vuelva luego”, “eso no está autorizado”, “el sistema está caído”.

Así operó el daño real: en forma de negativas cotidianas, de estudios pospuestos, de cirugías diferidas, de tratamientos interrumpidos. No como escándalo, sino como rutina. La corrupción, cuando se instala en el financiamiento de la salud, no mata con titulares; mata con retrasos.

La reacción del poder ante las primeras denuncias también forma parte de la historia. La ironía frente a la prensa, la negación de la crisis, el intento de reducir todo a una exageración política, funcionaron como un mensaje simbólico devastador: si desde arriba no hay problema, abajo tampoco existe el sufrimiento. Mientras tanto, los usuarios seguían pagando de su bolsillo lo que el seguro dejaba de cubrir. Así se produce el empobrecimiento por enfermedad: silencioso, progresivo, sin discurso oficial que lo nombre.

Después vino el trabajo de la prensa. Se investigaron contratos, se rastrearon vínculos empresariales, se documentaron privilegios. Se habló —con razón— de redes, de evasión, de sobrefacturación. Pero incluso ahí se mantuvo una omisión clave: se narró el circuito del dinero, no el circuito del daño. No se contó cuántos hospitales restringieron insumos, cuántas camas se cerraron, cuántos pacientes fueron derivados porque ya no había capacidad de respuesta. La salud volvió a ser tratada como un “sector”, no como una experiencia humana.

La intervención de la Procuraduría, con su expediente, marca una fase necesaria: ahora es la justicia la que deberá determinar si hubo dolo, si existió beneficio personal, si se desviaron recursos del Estado. Esa discusión es legítima y corresponde a los tribunales. Pero hay una pregunta que no depende de sentencias futuras: ¿quién está reparando hoy el deterioro de la red pública de prestadores que quedó financieramente erosionada? ¿Quién está restableciendo la capacidad instalada que se fue apagando por falta de pagos, por retrasos encadenados, por asfixia administrativa?

Ese punto sigue fuera del debate. Y no es un detalle técnico: es el corazón del sistema. Porque sin red pública fortalecida, el seguro no es protección social; es apenas una credencial sin respaldo material. La salud no se garantiza con contratos, sino con servicios funcionando. No con balances, sino con quirófanos abiertos, farmacias abastecidas, laboratorios operando, personal con condiciones dignas para trabajar.

Lo más grave es que esta historia vuelve a mostrar el mismo patrón: cuando el financiamiento se captura, el daño se socializa. Los presuntos beneficios se concentran. El perjuicio se distribuye. El sistema pierde solvencia. El usuario pierde protección. Y el Estado pierde algo aún más profundo: la credibilidad de su promesa sanitaria.

Hoy el país sigue el expediente. Mañana seguirá la audiencia. Pasado mañana vendrán los fallos. Todo eso es necesario. Pero si el debate se queda solo en los encartados, habremos perdido la oportunidad de discutir lo esencial: la fragilidad de un modelo que permite que el dinero de la salud se desacople del cuidado de la vida.

Porque en salud el verdadero delito no es solo contra el erario. Es contra el cuerpo del otro. Y ese delito —cuando se vuelve estructural— no deja acusados en fila, sino pacientes esperando.