Sobre la unificación de los ministerios de Educación
Ligia Amada Melo de Carmona
Al estudiar el proyecto de ley que establece la unificación de los Ministerios de Educación y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se observa que más que una unificación de los dos ministerios, lo que se propone es fortalecer al MINERD y disminuir al MESCYT, pues mientras el primero mantiene sus actuales funciones y sus estructuras, el MESCYT pierde su categoría de regulación del Sistema de Educación Superior que le otorga la ley 139-01.
El proyecto, en el Título IV, establece en el capítulo uno, y en sus párrafos I, II, II y IV, que el Ministerio de Educación tendrá las funciones de rectoría, regulación, prestación de servicios y establecimiento de normas como funciones exclusivas del ministerio, entendiéndose que el MINERD pasa a ser ministerio de regulación general del Sistema Educativo.
Una muestra de la disminución del MESCYT es la creación de Agencias descentralizadas y autónomas para ejercer funciones que este ministerio viene realizando con buenos resultados; así vemos en el artículo 10: “Se crea la Agencia Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación ANACE. Esta institución será un ente descentralizado y autónomo, con personalidad jurídica, con las competencias de evaluar y acreditar las instituciones y programas de todos los niveles”. En su párrafo 2 plantea: “Desarrollará mecanismos de evaluación y autoevaluación periódica de todos los niveles y áreas, es decir realizará la evaluación quinquenal que se viene realizando en el MESCYT desde el año 2008, el cual ha funcionado exitosamente, ya que las universidades asumieron con responsabilidad la autoevaluación y la evaluación externa; así como el cumplimiento de los planes de mejora, mediante los cuales se comprometieron a corregir las deficiencias detectadas y a la mejora de la calidad de la educación superior.
El ANACE actuará como una acreditadora nacional, la cual podrá acreditar las instituciones del nivel superior con acreditadoras nacionales e internacionales reconocidas por el ANACE. Sin embargo, en el Pacto Educativo 2014-2030 se establece que estas funciones la coordinarán el MESCYT, con acreditadoras internacionales reconocidas.
Considero que la Evaluación Quinquenal y la Acreditación de las IES pueden ser coordinadas por estructuras internas.
Por otra parte, el Artículo 116 párrafo III dice: “Se crea la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación (ANTEI) y agrega: “Las funciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología establecidas en la ley 139-01 pasan a ser funciones del ANTEI, entre ellas las que corresponden al FONDOCYT. Y me pregunto ¿Por qué pasar estas funciones a una agencia descentralizada? ¿Por qué si se está haciendo bien? El FONDOCYT ha funcionado desde el año 2005, ha contribuido al desarrollo de la investigación, se han motivado cientos de profesores a investigar, se han obtenido patentes nacionales e internacionales, y hemos pasado de una inversión en I+D de 0.003% del PBI en el año 2005, a una de 0.2% del PBI en el 2024. Considero que las funciones de Ciencia, Tecnología e Innovación pueden continuar desarrollándose a través de un viceministerio.
Por otra parte, me pregunto, ¿Por qué incurrir en nuevos gastos si al proponer la unificación de los ministerios se argumentó que los objetivos eran elevar la calidad de la educación y un uso más racional de los recursos?
Con la creación de estas dos agencias, no solo se incurre en el uso de más recursos, sino que se pierde la coherencia entre las funciones propias de la Educación Superior.
Después del análisis del proyecto de ley, estoy más convencida, que lo que procede actualmente es mantener los dos ministerios, actualizando las leyes respectivas 66-97 y 139-01, tomando en cuenta la ley 247-12 de administración pública, para que ambos ministerios respondan a los cambios que ha experimentado el país y el mundo, centralizados en el desarrollo de la calidad de la educación y el uso adecuado de las TIC, con énfasis en los aprendizajes de los estudiantes en todos los niveles educativos, de tal manera que la sociedad pueda recibir egresados con las competencias necesarias para actuar como ciudadanos idóneos que puedan insertarse con éxito al sector laboral, con actitudes abiertas a continuar aprendiendo y responsables de contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país.
