Ueno Bank, el esquema con dinero público que tumbó a Santiago Peña

El expediente judicial describe otra cosa que una quiebra, porque la Fiscalía imputa a 27 personas por lesión de confianza y tentativa de estafa, y el Banco Central denunció que Ueno prestó el dinero del público a empresas de su propio dueño, Miguel Vázquez, disfrazadas de independientes. El jueves, Vázquez y otros cinco directivos quedaron en prisión preventiva.

 

 

Mientras las ganancias de ese circuito se quedaron en manos privadas, el rescate de casi tres millones de ahorristas moviliza ahora recursos públicos. Ocho claves explican cómo se armó el esquema, quién lo dejó crecer y qué se decide en los próximos días.

 

1. Un banco que nació con el nuevo Gobierno

 

Ueno obtuvo la licencia bancaria a fines de 2023, el mismo año en que Peña llegó al Palacio de López. Su presidente hasta agosto había sido Carlos Carvallo, que ese año pasó a presidir el Banco Central, el organismo que desde entonces debía vigilarlo.

Seis meses más tarde, cuando Ueno absorbió Visión Banco y con él su cartera morosa, el Banco Central aprobó la fusión con dos facilidades por 5,1 billones de guaraníes, unos 691 millones de dólares, y le permitió diferir el reconocimiento de la cartera deteriorada del banco absorbido. Con ese respaldo, la entidad digital recién nacida se convirtió en uno de los cuatro bancos sistémicos del país, y su crecimiento empezó a apoyarse en otra fuente, menos visible en los balances.

 

2. El banco le prestaba a su propio dueño

 

Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA le debían a Ueno 743.784 millones de guaraníes en abril de 2026, unos 123 millones de dólares. La ley le permitía prestar a su grupo, como máximo, 82 millones.

Para esquivar ese tope, el banco declaró que las tres firmas ya no tenían relación con el Grupo Vázquez. Los supervisores del Banco Central concluyeron lo contrario. Las acciones habían pasado a exgerentes y empleados del grupo, entre ellos una jefa de Recursos Humanos, y doce de las personas que manejaban sus cuentas en línea trabajaban para itti, la empresa tecnológica de la casa.

Los créditos salían «a sola firma», sin garantías y por montos que las deudoras no podían pagar. Cuando el regulador hizo las cuentas, exigió ajustes por más de 1,6 billones de guaraníes, y la solvencia de Ueno cayó a 5,56 %, menos de la mitad del 12 % que pide la ley.

 

El exsenador Jorge Querey, que presidió la comisión del Congreso que investigó el lavado de dinero en Paraguay, eleva la cuenta. Según dijo a teleSUR, hubo préstamos a «unas 40 empresas vinculadas, algunas de maletín y otras que fueron constituidas estrictamente con ese fin». La Fiscalía pidió, por ahora, medidas sobre siete sociedades.

 

3. Una venta para esconder la deuda

 

En junio, la Superintendencia de Bancos ordenó a Ueno reducir lo que le debían sus vinculadas. El banco respondió con la venta de esa cartera, por 74,4 millones de dólares, a Vinanzas SA, otra firma del entorno.

El 10 de julio, Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión del Banco Central, recomendó por escrito rechazar la operaciónporque buscaba simular que el banco cumplía el tope legal. Ese mismo mes, el presidente de Ueno, Juan Manuel Gustale, aseguraba en una radio de Asunción que la entidad cumplía con holgura todos los índices.

El cierre llegó recién el 2 de noviembre, casi cinco meses después de la primera alerta interna. Esa demora ya figura en la denuncia penal que la oposición amplió contra Peña y contra el directorio del regulador.

 

4. El dinero del Estado y de los jubilados

 

Desde que Peña asumió, en agosto de 2023, los depósitos estatales en Ueno no pararon de crecer. A fines de junio de 2026 sumaban unos 869 millones de dólares, el 29 % de todo lo que captaba el banco. Querey calcula una cifra mayor, de unos 1.200 millones en dinero público, que las fuentes oficiales no confirman.

Las jubilaciones siguieron la misma ruta desde octubre de 2024, cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) compró bonos de Ueno por 32 millones de dólares y Peña despachó las críticas como una «campaña mediática». Once meses más tarde, el instituto tenía 316,4 millones en el banco, casi la mitad del dinero público depositado allí. El economista Rodrigo Ibarrola observó que el salto coincidió con un cambio en el reglamento de inversiones del IPS.

Querey sostiene que ese cambio fue apenas uno entre varios y que la serie incluyó, en sus palabras, «leyes del Banco Central del Paraguay», la ley orgánica del IPS y nuevos decretos y reglamentaciones. Hoy quedan atrapados 355 millones de dólares de los jubilados, y unos 32.000 cobraban su pensión por Ueno. El IPS dice que esa suma equivale al 9 % de su cartera; el libelo acusatorio la ubica cerca del 11 %, por encima del tope de 10 % que la norma fija para un solo banco.

 

5. Un presidente socio del grupo

 

Peña fue accionista de Ueno Holding, una sociedad vinculada al Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025, cuando ya llevaba un año y medio en el cargo. El libelo lo acusa de haber callado esos intereses al asumir. Él sostiene que su inversión fue anterior y que nunca tuvo vínculo con el banco.

Del lado de la acusación, Querey describe algo más amplio que un conflicto de intereses y lo atribuye a una estructura armada desde el poder. «Aquí hay un esquema y una estructura que fue conformada para que el Estado funcione para los intereses de este sector», dijo a teleSUR, y pidió que la investigación penal termine en un juicio contra el exmandatario.

 

 

La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu y exministra de Salud, extiende la responsabilidad a toda la cúpula del Gobierno. En un mensaje difundido el jueves, definió la caída de Ueno como «solo una parte del enorme negociado» de un círculo de poder al que llamó «toda una rosca», con empresas satélites que ganaron licitaciones y se llevaron dinero público.

La defensa de Peña se escuchó horas antes de la dimisión, cuando el presidente de Diputados, Raúl Latorre, afirmó que el mandatario está «convencido de su inocencia». En su mensaje de despedida, Peña pidió disculpas «si en algún momento he fallado».

 

6. Bonos afuera, matriz en Luxemburgo

 

En marzo de 2026, Ueno colocó bonos por 350 millones de dólares en el mercado internacional, la mayor emisión de un banco paraguayo. En abril, dos calificadoras locales le mejoraron la nota. El grupo bancario húngaro OTP elevó a 47 millones su inversión en la matriz, y organismos de financiamiento para el desarrollo le abrieron líneas por 171 millones. Ocho meses después de la emisión, el banco estaba cerrado.

La sociedad que controla el ecosistema Ueno funciona desde 2023 en Luxemburgo, y hacia allí y hacia Estados Unidos apuntará la Fiscalía con pedidos de información, aunque el fiscal adjunto Manuel Doldán admitió que «aún no tenemos nada». Querey va más lejos y asegura tener datos de que parte del dinero terminó en paraísos fiscales. Esa hipótesis todavía no figura en el expediente.

Paraguay vendía al mundo impuestos bajos y estabilidad, un modelo que Javier Milei suele poner de ejemplo para la Argentina. Las calificadoras que avalaron a Ueno meses antes del cierre figuran ahora en la denuncia penal que anunciaron legisladores de la oposición.

 

7. El juicio y el cálculo colorado

 

El libelo entró a Diputados el miércoles 4 con 35 firmas de la oposición y de la disidencia colorada. Faltaban votos, y los terminó de poner el oficialismo. El jueves, Basilio Núñez, presidente del Congreso, reclamó la renuncia de Peña, y el Partido Colorado de Horacio Cartes, mentor político del mandatario, le pidió que se fuera.

Peña anunció su salida en plena sesión, y aun así la Cámara aprobó la acusación por unanimidad. En la misma jornada archivó, por 48 votos contra 30, la que pesaba sobre el vicepresidente Pedro Alliana, a quien el libelo acusaba de haber blindado la crisis desde lo legislativo. El partido entregó al presidente y protegió a su sucesor.

La pelea que sigue abierta es por los fueros, porque el Congreso convocó a las 17.00 del jueves una sesión para aceptar o rechazar la renuncia. Los opositores quieren rechazarla y que el Senado juzgue a Peña, porque aceptarla le abriría la puerta a una banca de senador vitalicioy a la inmunidad que la acompaña. Para destituirlo hacen falta 30 de los 45 senadores. Si la renuncia prospera, Alliana gobernará hasta agosto de 2028, mientras la Fiscalía General prepara su propia denuncia penal contra Peña.

 

8. Quién paga la cuenta

 

Unas 500.000 personas tenían todo su dinero en Ueno, y a ellas se suman 15.000 conductores de aplicaciones que no pueden cobrar, 4.621 trabajadores del banco y del grupo pendientes de su futuro, según el Ministerio de Trabajo, y multitiendas que vendieron un 35 % menos en los primeros días.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona, cerca de 38.000 dólares. El Banco Central calcula que eso alcanza para el 97 % de los ahorristas, aunque Moody’s advirtió que, medido en dinero, apenas el 30 % de los depósitos entra en ese límite. Lo que exceda depende de lo que se recupere del banco. Para los fondos públicos y los del IPS, la ley que impulsó el Gobierno pone al Estado como garante.

Ueno creció con dinero público, con el aval del regulador y con la confianza de los mercados, y prestó a empresas de su dueño. Ahora es el Estado el que sale de garante para devolverlo.El plazo legal para reintegrar los depósitos vence el 17 de noviembre, y para entonces se sabrá si el Senado juzga a Peña o lo deja ir con su renuncia.