Una bola de nieve que podría comprometer al Gobierno de Noboa: ¿Por qué Ecuador tendrá deuda récord en 2026?
Por Sergio Pintado
Ecuador deberá pagar más de 12.000 millones de dólares durante 2026 únicamente por los servicios de su deuda, una cifra récord en su historia. Expertos consultados por Sputnik señalaron que la deuda representa más de un tercio de los ingresos previstos para el período y hacen que la economía del país «gire en torno» a este tema.
A finales de noviembre, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2026, un documento en el que el Gobierno del presidente Daniel Noboa presenta ante los legisladores sus perspectivas presupuestales para el año entrante. En el documento, la Administración del país sudamericano prevé un presupuesto de más de 46.000 millones de dólares para el año y un déficit apenas superior a los 5.000 millones de dólares.
Sin embargo, el dato que más alarma a los especialistas está en el peso que el servicio de la deuda ecuatoriana adquirirá en 2026. De acuerdo con la Proforma, Ecuador deberá pagar 12.387 millones de dólares durante 2026 únicamente por su deuda, entre amortizaciones e intereses.
Eva Martínez-Acosta, coordinadora del área de Justicia Económica del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), comentó a Sputnik que la cifra a pagar durante 2026 representa «uno de los niveles de servicio de la deuda más altos de la historia reciente de Ecuador» y que, lejos de ser «una cifra aislada», se trata «del resultado de cómo se ha reconfigurado el perfil de vencimientos en la última década».
«Varios gobiernos fueron pateando obligaciones hacia adelante y hoy tenemos un muro de pagos que se acumulan en el corto plazo, en lugar de tener un calendario de deuda distribuido y manejable», explicó la experta.
Para Martínez-Acosta, si bien el endeudamiento ya se arrastraba desde antes, el problema se acrecentó en 2020, año de la pandemia de COVID-19, cuando Ecuador emprendió «una reestructuración de bonos que dio un alivio temporal, pero concentró fuertes pagos de capital a partir de 2026«.
A eso deben sumarse, apuntó la integrante del CDES, cronogramas de pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) —a quien el país debe más de 8.700 millones de dólares— y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pero el problema no radica únicamente en la cantidad de dinero que Ecuador deberá destinar al servicio de deuda en 2026, sino al peso que esos desembolsos tendrán en el presupuesto total del Estado ecuatoriano para el período. «Esos 12.000 millones equivalen aproximadamente al 41% de los ingresos totales y al 35% del gasto presupuestado«, advirtió Martínez-Acosta.
De este modo, el Gobierno de Noboa deberá operar en 2026 con una «altísima rigidez presupuestaria» que «antes de discutir políticas públicas ya tiene una parte muy grande del presupuesto preasignada a amortizaciones e intereses».
Una tendencia que se arrastra desde Lenín Moreno
También consultado por Sputnik, el sociólogo ecuatoriano especializado en deuda, Andrés Chiriboga, aportó otro dato ilustrativo del peso de la deuda: «Mientras el servicio de la deuda es de 12.000 millones, la inversión en el próximo presupuesto no llega ni a 1.000 millones de dólares».
«Los niveles de endeudamiento del país son tremendamente altos y la política económica del país está girando alrededor del servicio de deuda, en detrimento de gastos necesarios en salud, educación y otras inversiones», subrayó el experto.
Para Chiriboga, el crecimiento del endeudamiento es producto de «una visión miope de corto plazo» que privilegia acumular recursos para el pago del servicio de deuda y no formas de reducir la deuda en sí misma.
La tendencia, según el experto, se inició fuertemente durante el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y se amplió durante las gestiones de Guillermo Lasso (2021-2023) y la actual de Noboa. «La deuda se ha duplicado durante estos tres gobiernos«, insistió el analista.
Chiriboga cuestionó que estas administraciones prioricen la acumulación de recursos para afrontar los vencimientos a través de «recortes fiscales y de la masa salarial en el Estado y la privatización de activos y empresas públicas«, medidas que suelen aparecer en las exigencias de los programas del FMI, uno de los principales acreedores de Ecuador.
Los recortes contrastan, remarcó el experto, con las políticas de los gobiernos ecuatorianos para «cubrir la expulsión de divisas de las élites nacionales«. Un problema nada menor teniendo en cuenta que, de acuerdo con datos del propio FMI, los activos de ecuatorianos en el exterior representan ya cerca del 58% del producto interno bruto (PIB) del país sudamericano. El proceso de endeudamiento de Quito termina, según Chiriboga, financiando estos procesos de salida de capitales.
Martínez-Acosta coincidió en que los gobiernos ecuatorianos han incurrido en «una gestión de deuda cortoplacista» que, por ejemplo, «apostó de forma agresiva por bonos externos de alto costo» y acumuló demasiados vencimientos para el año 2026, al tiempo que multiplicó los créditos con organismos multilaterales.
«Lo que hace falta en Ecuador no son más desembolsos, sino una discusión acerca de cómo salir de este ciclo de sobreendeudamiento sin seguir subordinados a la política fiscal y la lógica de los programas del FMI», aseveró la experta.
De lo contrario, Martínez-Acosta alertó que el mayor riesgo radica en que «la agenda de un próximo gobierno no la marque una planificación derechos y desarrollo, sino el calendario de pagos de los acreedores«.
En ese sentido, consideró que, de no haber un cambio en esta tendencia, el escenario para una próxima gestión ecuatoriana «parece definitivo».
