Una nueva arquitectura política para los gobiernos progresistas

Por: Carlos Medina Gallego

Urgencia, Desafíos y Propuesta de Camino.

Para mi amigo HUMBERTO VERGARA de una conversación sin concluir…

En el siglo XXI, los gobiernos progresistas en América Latina y otras regiones del mundo enfrentan no solo el desafío de gobernar con justicia social y eficiencia, sino también el de perdurar y avanzar en contextos profundamente adversos. Las democracias actuales, acosadas por la desigualdad, la corrupción estructural, el poder mediático concentrado y la injerencia de intereses trasnacionales, demandan mucho más que buenos programas de gobierno: exigen estructuras políticas sólidas, democráticas, modernas y conectadas de forma orgánica con las mayorías populares.

Los gobiernos progresistas no pueden limitarse a coaliciones electorales temporales, ni a figuras carismáticas aisladas que, aunque puedan ganar elecciones, quedan rápidamente solas frente al poder profundo del régimen oligárquico de la extrema derecha. Se necesita algo más profundo, más estructural y más duradero: una nueva forma de partido político progresista, forjado en el fuego de las luchas sociales, con capacidad para representar los intereses de las grandes mayorías excluidas, actuar con eficiencia en la gestión pública, y mantener su vocación transformadora aún desde el gobierno.

1.⁠ ⁠MÅS QUE COALICIONES: UNIDAD PROGRAMÁTICA, AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA.

Una lección que ha dejado la experiencia de gobiernos progresistas, desde Brasil hasta Bolivia, desde México hasta Colombia, es que las fuerzas del cambio no pueden basarse únicamente en la suma mecánica de sectores dispares. La victoria electoral y, sobre todo, la gobernabilidad transformadora, dependen de construir una verdadera unidad programática. No basta con acordar se candidaturas: es imprescindible forjar un proyecto político común, una visión de país que aglutine diversas fuerzas sociales, políticas y populares en torno a propósitos claros de transformación.

Pero esa unidad no puede ser impuesta desde arriba ni subordinada a lógicas partidistas tradicionales. Requiere, por el contrario, el respeto a la autonomía de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, feministas, sindicales, ambientales, juveniles y culturales. La nueva estructura partidaria progresista debe ser capaz de convocarlos, no de instrumentalizarlos. Debe ser un punto de encuentro entre la lucha social y la disputa electoral, un espacio de confluencia y no de cooptación.

2.⁠ ⁠RUPTURA CON LOS VACÍOS DEL PASADO: CLIENTELISMO, BUROCRATISMO Y CORRUPCIÓN

Uno de los grandes desafíos de los procesos progresistas es evitar que sus estructuras políticas reproduzcan los mismos vicios que critican en sus adversarios. El clientelismo, el uso del Estado como botín burocrático, la concentración de decisiones en camarillas cerradas, y la tolerancia con prácticas corruptas, han debilitado la legitimidad de muchos proyectos progresistas.

Por eso, la construcción de nuevas estructuras partidarias debe comenzar con una ruptura ética y política. Se requieren partidos con liderazgos auténticos, con dirigentes comprometidos y surgidos de las luchas populares, alejados de las componendas y del cálculo electoralista. Partidos que no vivan del Estado ni lo conviertan en fuente de privilegios personales. Partidos que renueven sus cuadros constantemente, que fomenten la participación interna y la deliberación colectiva, que tengan mecanismos de control y rendición de cuentas hacia sus bases y hacia la sociedad.

Esta nueva ética partidaria es indispensable para recuperar la confianza ciudadana en la política como herramienta de cambio, especialmente en un tiempo en que el descrédito hacia los partidos tradicionales ha dado paso a nuevas formas de autoritarismo populista, muchas veces disfrazado de “antipolítica”.

3 UNA ESTRUCTURA PARA DEFENDER LA LIBERTAD Y GARANTIZAR JUSTICIA SOCIAL.

El nuevo partido que requieren los procesos progresistas no puede ser solo una maquinaria electoral. Su razón de ser debe estar anclada en una ética de la libertad, en la defensa activa de los derechos humanos, y en el compromiso irrenunciable con la justicia social. Su proyecto debe plantearse como una reorganización profunda de la vida económica, política y cultural de nuestras sociedades.

Esa estructura partidaria debe ser capaz de promover una democracia que no se agote en las elecciones, sino que impregne todos los ámbitos de la vida social y productiva: desde el control ciudadano sobre los presupuestos públicos, hasta la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas; desde la descentralización real del poder, hasta el reconocimiento de las formas propias de organización de los pueblos originarios y comunidades rurales.

En el gobierno, esa estructura debe servir para garantizar los derechos fundamentales de la población con eficacia y transparencia. La salud, la educación, el trabajo digno, la alimentación, la vivienda y la cultura no pueden seguir siendo privilegios de unos pocos ni promesas eternas. Tienen que traducirse en políticas públicas concretas, sostenibles y con resultados tangibles. Y para ello, se requiere una fuerza política que respalde con coherencia y convicción esas decisiones, que no le tiemble la mano frente a los poderes fácticos, y que no negocie principios a cambio de gobernabilidad.

4.⁠ ⁠UNA ESTRUCTURA CON VOCACIÓN INTERNACIONALISTA Y LATINOAMERICANA

En un mundo profundamente desigual, en el que los países dominantes imponen sus intereses a través de estructuras financieras, comerciales, militares y mediáticas globales, ningún gobierno progresista puede sobrevivir en soledad. La integración regional respetuosa, democrática y solidaria es no solo una necesidad política, sino una estrategia de supervivencia frente al poder imperial.

La nueva estructura partidaria progresista debe incorporar como una de sus tareas fundamentales la construcción de espacios comunes con otros procesos emancipatorios del continente. Debe promover una diplomacia de los pueblos, una cooperación Sur-Sur, y una articulación entre partidos, movimientos y gobiernos que apuesten por una América Latina unida, soberana, ambientalmente responsable y socialmente justa.

La integración latinoamericana no puede estar al servicio de los capitales transnacionales ni de las élites locales que les sirven. Debe ser un proyecto de los pueblos para los pueblos: una plataforma para defender nuestros bienes comunes, proteger nuestros territorios, fortalecer nuestras democracias y garantizar derechos para todos y todas.

5.⁠ ⁠EL ROL ESTRATÉGICO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En este nuevo diseño partidario, los movimientos sociales no son comparsas ni “aliados menores”. Son actores estratégicos y fundamentales. Representan las demandas reales, los sufrimientos concretos, las esperanzas colectivas. Tienen la legitimidad que da la resistencia, el arraigo territorial, la creatividad organizativa.

Por eso, los partidos progresistas deben abrirse a una nueva relación con ellos: no como fuerzas subordinadas ni como cuotas decorativas, sino como parte activa en la formulación de programas, la construcción de candidaturas, la toma de decisiones, el control social al gobierno y la defensa del proyecto popular.

Una estructura partidaria democrática e inclusiva debe garantizar mecanismos para esa participación. Asambleas programáticas conjuntas, vocerías rotativas, procesos de consulta territorial, formación política compartida, y alianzas en torno a objetivos comunes, son algunos de los instrumentos posibles.

6.⁠ ⁠HACIA UNA NUEVA ERA POLÍTICA PARA LOS PUEBLOS

El desafío es grande, pero también lo es la necesidad histórica. La derecha, cada vez más autoritaria y violenta, se articula en torno a proyectos reaccionarios que combinan neoliberalismo, racismo, misoginia, negacionismo climático y represión. No se detiene ante nada para defender sus privilegios. Tiene a su favor los grandes medios, los poderes económicos, y muchas veces el aparato judicial y militar.

Frente a eso, los pueblos necesitan estructuras políticas sólidas, modernas y eficaces. No basta con resistir. Es hora de disputar el poder con capacidad transformadora, con coherencia ética, con propuestas audaces y con vocación de permanencia.

Los gobiernos progresistas que no comprendan esta necesidad, que se limiten a sobrevivir en el cortoplacismo de las alianzas oportunistas, que toleren las prácticas corruptas en sus filas o que ignoren las demandas de los movimientos sociales, están condenados al desgaste, a la traición de sus ideales o a la derrota.

Pero aquellos que apuesten por construir nuevas estructuras partidarias, profundamente democráticas, arraigadas en las luchas sociales, capaces de garantizar derechos y de gobernar con dignidad y justicia, podrán abrir una nueva etapa en la historia política de nuestras naciones.

Una etapa en la que el poder deje de ser una herramienta de dominación para convertirse en instrumento de liberación. Una etapa en la que la esperanza se organice y la democracia se haga carne en la vida cotidiana de los pueblos. Una etapa en la que, por fin, la política recupere su sentido original: el de servir, transformar y dignificar la vida.