Víctimas y policías: rostros olvidados por los derechos humanos
Por Rafael Guillermo Guzmán Fermín.
En las últimas semanas, el debate sobre seguridad ciudadana y derechos humanos se encuentra atrapado en una peligrosa comparación entre presentar garantías fundamentales y la actuación policial como fuerzas opuestas.
Según esta visión, reforzar los derechos humanos debilitaría la capacidad del Estado para combatir la delincuencia, mientras que exigir una Policía Nacional eficaz supondría disminuir esas garantías. Ambas posturas no deberían excluirse, sino que deberían reforzarse mutuamente.
Los derechos humanos son fundamentos del Estado democrático y pertenecen a todos: del ciudadano común que camina hacia su trabajo, del comerciante que abre cada mañana su negocio, de la madre que espera que sus hijos regresen seguros a su casa, de la víctima de un atraco, como también del policía que arriesga su vida para proteger a la sociedad, y por igual, a quienes cometen delitos. El verdadero desafío consiste en conciliar esos derechos cuando entran en tensión frente a una amenaza concreta.
Aunque el discurso sobre los derechos humanos se ha centrado en prevenir abusos del Estado, también este incumple su deber de protección cuando no defiende eficazmente a la población frente a la violencia y la criminalidad, fallas evidentes previa a la designación del actual director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García.
En tal sentido, las organizaciones de derechos humanos deben reconocer que las víctimas tienen derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la propiedad, a la dignidad y al acceso efectivo a la justicia. Analizar la seguridad ciudadana sin colocar también a las víctimas en el centro del estudio produce una visión incompleta.
El policía es también sujeto de derechos
El agente policial es otro protagonista frecuentemente marginado de esta discusión. Detrás de ese uniforme existe un ser humano -padre, madre, hijo o hija- que sale de su hogar sin saber qué situación encontrará durante su servicio. No se le puede exigir proteger la vida de otros desconociendo su propio derecho a protegerse. Un agente que enfrenta una agresión ilegítima no pierde su derecho a la vida por vestir un uniforme, ni debe permanecer pasivo frente a una amenaza real o inminente contra un ciudadano o contra sí mismo.
Fuerza no significa violencia.
De este principio surgen tres conceptos: no impunidad para el delincuente, no arbitrariedad para el policía e igual dignidad sin pasividad ante el criminal.
Por ende, reconocer la dignidad humana del victimario no obliga al policía a observar indiferentemente cómo se lesiona o asesina a un ciudadano inocente. Frente a una amenaza real o inminente el Estado debe intervenir para detenerla con una respuesta proporcional a la naturaleza y gravedad; una vez neutralizado el peligro, desaparece la justificación para continuar empleando la fuerza. Así se protege simultáneamente a la víctima frente al delincuente; al policía cuando interviene legítimamente; y al infractor frente a excesos posteriores. ¡Eso es Estado de derecho!
En este contexto, una democracia sólida no debe elegir entre autoridad y derechos humanos, necesita armonizar ambas. La protección de derechos no puede confundirse con impunidad, el reto consiste en alcanzar un equilibrio que permita construir una Policía Nacional profesional, una justicia eficaz y una sociedad verdaderamente segura.
En definitiva, el país debe superar la absurda confrontación entre seguridad ciudadana y derechos humanos, pues todos poseen dignidad humana, pero el Estado debe proteger eficazmente a quienes afrentan una amenaza injusta, lo que implica defender a las víctimas y a los ciudadanos honestos y trabajadores, así como respaldar jurídicamente al policía que cumple correctamente con su deber y garantizar que quienes delinquen sean detenidos, investigados, procesados y sancionados conforme a la Constitución y las leyes.