Vida, pasión, muerte y posible resurrección de los ríos

Por Luis Carvajal.

𝘘𝘶𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘤𝘪𝘯𝘤𝘰

𝗨𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗷𝗮𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗮𝘀

En Bonao caben dos verdades en la misma casa. Quien ha tenido que subir el colchón para que no se le moje tiene razón en exigir que se atienda el río. Y tiene la misma razón cuando pregunta quién se va a llevar la grava. 𝗣𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗹𝗮𝗺𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗷𝗮𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗻𝗮𝗱𝗶𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗹𝗲 𝗲𝗹 𝗬𝘂𝗻𝗮 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝗿𝗮.

El 8 de noviembre, sacerdotes, feligreses y vecinos marcharon en Bonao para reclamar el cese de la extracción. Dos días después, otros dirigentes comunitarios reclamaron que se atendiera la acumulación de sedimentos por el peligro de inundación. Pidieron criterio técnico y participación de las organizaciones. 𝗛𝗮𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗮𝗿 𝗮𝗺𝗯𝗼𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗹𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗶́.

𝗟𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗰𝗮𝗯𝗲 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗿𝗮𝘀𝗲. “𝗦𝗶 𝗵𝗮𝘆 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮 𝗮𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝗱𝗮, 𝗵𝗮𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗰𝗮𝗿𝗹𝗮”. ¿𝗖𝘂𝗮́𝗻𝘁𝗮? ¿𝗗𝗲 𝗱𝗼́𝗻𝗱𝗲?

Un depósito puede estrechar el paso y elevar el agua durante una crecida. Un poco más abajo, otro banco puede repartir la corriente entre dos brazos. Retirar el primero podría aliviar un peligro. Quitar el segundo podría concentrar la corriente contra una ribera. 𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗯𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗼́𝗻, 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗼𝘀 𝘀𝗲 𝘃𝗲𝗻 𝗶𝗴𝘂𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗼𝘀.

Me preocupa personalmente que una oferta como “yo les limpio el río y a ustedes no les cuesta un chele” pueda seducir a gente de buena fe, a un ayuntamiento con poco presupuesto y hasta a organizaciones con años de lucha.

𝗨𝗻𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗮𝗰𝗮𝗯𝗮𝗿 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗮𝗹𝗱𝗮𝗻𝗱𝗼, 𝗮 𝘀𝗮𝗯𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮𝘀 𝗼 𝘀𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗻𝗲́𝗿𝘀𝗲𝗹𝗼, 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗰𝗮𝘃𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲. 𝗘𝗹 𝗺𝗶𝗲𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼 𝗮 𝗶𝗻𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗲𝘀 𝗹𝗲𝗴𝗶́𝘁𝗶𝗺𝗼. 𝗨𝘀𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮.

Desde la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Academia de Ciencias de la República Dominicana y el movimiento ambiental 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗺𝗶𝗿𝗮𝗿 𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗲𝗱𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼.

Antes de prestar el nombre, la firma o el sello de la organización, hagamos dos preguntas. 𝗦𝗶 𝗺𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗻𝗮𝗱𝗶𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗮𝗿𝗮 𝗲𝘀𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮, ¿𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶́𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗮 𝗼𝗯𝗿𝗮, 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗼 𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼 𝘆 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝗱? ¿𝗟𝗮𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝘆 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 “𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝘀𝗮𝗻𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗿𝗶́𝗼” 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝘀𝘁𝗶𝗿𝗶́𝗮𝗻 𝗲𝗻 𝘀𝘂 “𝗹𝗼𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿”?

“𝗠𝗲𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗱𝗼 𝗮𝗾𝘂𝗶́ 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝘁𝗼𝗿𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗮𝗵𝗶́”. El engaño está en prometernos que sacando grava se resuelve la inundación antes de averiguar por dónde entró el agua. El autoengaño empieza cuando nosotros mismos damos la promesa por buena porque necesitamos que sea verdad.

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶́𝗰𝗶𝘁𝗮, 𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗻𝗼 𝘆 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼. En Los Platanitos, empecemos por la marca que dejó el agua en las casas. Midamos el cauce, localicemos el paso estrecho, averigüemos de dónde viene el material.

𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲́ 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿𝗶́𝗮 𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗷𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮́, 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮, 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗮 𝗼 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝗽𝗼́𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹. ¿Qué viviendas protege cada opción? ¿Qué le pasaría al barrio de abajo?

Si la evaluación justifica retirar material, el proyecto debe fijar el sitio, el volumen indispensable, la profundidad y el punto en que se detiene la obra. Puede que esa grava haga falta para recuperar otro tramo.

Si queda una parte aprovechable y se autoriza su venta, que consten el destino del material, el precio, quién cobra y adónde va cada peso. 𝗘𝗹 𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗲 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗯𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗹 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗮𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱, con recursos para prevenir daños, reparar los que ocurran y verificar la recuperación. 𝗤𝘂𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗷𝗮𝗺𝗮́𝘀 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 𝗰𝗮𝘃𝗮𝗻𝗱𝗼.

𝗣𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗯𝗮𝘀𝘁𝗲𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝘀 𝘀𝗲𝗰𝗮𝘀 𝗯𝗶𝗲𝗻 𝘂𝗯𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮𝘀, 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗱𝗮𝘀, 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗱𝗮𝘀 𝘆 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗮𝘀. 𝗣𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗬𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗻𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗲𝗻𝗰𝗮. Lo que baja del Masipedro, lo que retiene Hatillo y lo que llega al Bajo Yuna y a la bahía de Samaná debe pesar en las decisiones que tomemos en Bonao.

¿Quién tiene la última palabra? 𝗘𝗹 𝗼𝗷𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼, 𝗲𝗹 𝗼𝗷𝗼 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿. 𝗟𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀. El primero sabe por dónde entró el agua y quién perdió la cosecha. El segundo puede comprobar, junto al Estado, las causas y comparar soluciones.

𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝗻𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗮𝗰𝘂𝗲𝗿𝗱𝗼 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝘀𝗲𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿 𝗼 𝗱𝗮𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗼𝗯𝗿𝗮. Si cualquiera de los tres advierte un daño imprevisto, debe poder detenerse el trabajo para que entre todos lo verifiquen. 𝗔𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗹𝗲 𝘁𝗼𝗰𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻, 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗹𝗮 𝘆 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.

𝗤𝘂𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗿𝗶𝗯𝗲𝗿𝗲𝗻̃𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝘀𝘂 𝗰𝗼𝗽𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼, 𝗲𝗹𝗶𝗷𝗮 𝗮 𝘀𝘂𝘀 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘆 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗮 𝗮𝗹 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗼 𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲́𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗮. Que pueda decir “hasta aquí” mientras la pala todavía está allí. 𝗟𝗮 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗿𝗶́𝗼 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗶𝗿 𝗾𝘂𝗲́ 𝘀𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗲́𝗹.

Cuidémonos de que el oportunismo comercial encuentre en la ingenuidad de una comunidad una firma, y en la falta de experiencia o de voluntad del Estado, un permiso para seguir cavando. Así se perpetúa un negocio capaz de destruir el mismo río que el barrio salió a defender. 𝗤𝘂𝗲 𝗻𝗮𝗱𝗶𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻̃𝗲 𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻̃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗻𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗼𝘀. 𝗦𝗶 𝗹𝗼 𝘂́𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗲𝗿 𝗲𝘀 𝗹𝗮 𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗼𝗻𝗮𝗱𝗮, 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗰𝗮𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗶́𝗼 𝗲𝘀 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗮.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.