EL AMPLIO ACUERDO QUE HACE POSIBLE LAS MEGAELECCIONES DEL 21N

MISIÓN VERDAD. Si algo viene a demostrar la madurez de la democracia venezolana es la capacidad que ha tenido para absorber situaciones forzadas de conflicto e inestabilidad dentro del marco jurídico y electoral establecido en la Constitución. Las opciones de violencia política y desconocimiento de las instituciones que insistentemente se buscan reeditar cada cierto tiempo ha chocado con este principio bien asentado en la cultura política del país.

Los procesos electorales, regla fundamental de todo sistema democrático, en Venezuela tienen la particularidad de ser una apuesta renovada por la convivencia y la reconciliación, debido al contexto de fuertes presiones que ha vivido el país.

Las elecciones, que clásicamente son entendidas como un trámite para organizar la balanza de poder, en Venezuela han adquirido un valor crucial en la construcción de condiciones sostenidas de paz y estabilidad. Por tal motivo, el ejercicio democrático del voto de los venezolanos y venezolanas es visto como un objetivo a batir para los factores antipolíticos volcados a la destrucción del Estado de Derecho por medios insurreccionales.

Apuntalados por potencias extranjeras con intereses geopolíticos concretos en Venezuela, estos factores parten del principio de que el cambio abrupto de poder que plantean solo podrá imponerse por vías fácticas, no democráticas.

Para un botón todas las tácticas empleadas entre intentos de golpe de color, insurrecciones armadas, invasiones mercenarias, sediciones militares; todo un abanico de acciones que fueron desarticuladas por el Gobierno Bolivariano y el chavismo en las calles, caseríos y orillas de playa (literalmente).

La propia madurez democrática antes comentada, consolidada por una cultura del voto perfectamente integrada a la perspectiva de una participación protagónica, ha ido quitando espacios de legitimidad a las opciones de violencia.

Particularmente las megaelecciones del próximo 21 de noviembre, y el amplio acuerdo que hizo posible su convocatoria formal, confirma el deseo compartido de la población y de todo el arco político para consolidar las vías democráticas de la Constitución venezolana.

El acuerdo tuvo diversas fuentes y orígenes, en el marco de un proceso de diálogo amplio con diversos sectores políticos, de diverso alcance y orientación ideológica, cuyo consenso común fue establecer una ruta de normalización del clima político e institucional:

  • Los primeros acuerdos alcanzados en Mesa de Diálogo Nacional en 2019, integrada por factores independientes del G4, centrados en favorecer una atmósfera de confianza y disminución de tensiones.
  • La larga preparación de las negociaciones auspiciadas por el Reino de Noruega que concluyó en la firma del Memorando de Entendimiento de Ciudad de México, que establece la ruta electoral como la única posible.
  • Y las negociaciones que, tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, dieron lugar a un nuevo Consejo Nacional Electoral que incluyó a figuras de la oposición.

Estas condiciones, tejidas con paciencia desde hace al menos dos años a través de un acuerdo amplio y trasversal, desembocaron en la postulación de candidatos del denominado G4, lo que implicó su renuncia del abstencionismo ante el fracaso de la agenda violenta.

Aunque podría admitirse que en gran parte el fracaso de la estrategia beligerante se debe a la impronta del antichavismo, dominado históricamente por intereses que se repelen entre sí muchas veces, también es constatable que la presión política por parte del chavismo y de algunos sectores moderados de la oposición lograron neutralizarla a favor del escenario actual.

Las megaelecciones del 21N ponen nuevamente en vigor cómo la conexión entre diálogo político-social, ejercicio democrático del voto y participación protagónica configuran las bases de una democracia propia siempre amenazada, pero madura para imponerse.

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