César Pérez
Contra el sentir mayoritario del pueblo dominicano y de la mayoría de los feligreses de algunas de sus iglesias, el gobierno les hace la absurda concesión de derogar la Orden Departamental 33- 2019, mediante la cual se estableció como prioridad el diseño e implementación de la política de género.
Termina el año, la COVID-19 se resiste a morir y se transforma como diversas variantes, pero pierde fuelle y, como en todas partes, poco a poco comenzamos a acostumbrarnos a vivir con este flagelo, lo cual se expresa en una relativa normalización de la vida social, económica y política después de casi dos años de generalizada inmovilidad de esas tres esferas claves. Pero aquí, esa circunstancia no se traduce en sosiego porque se mantienen viejos problemas en diversos órdenes que difícilmente puedan ser despejados en el próximo año preelectoral, debido a los perenes lastres de nuestra cultura política y de la intolerancia en general. A eso se suma el factor de la guerra Rusia/Ucrania, que tiende a agravarse haciendo más incierto el futuro de todo el mundo.
Durante el discurrir del presente año, se mantiene el proceso de mejoría sustantiva en cuanto al adecentamiento de los procesos de compra y contrataciones en determinadas instancias claves del gobierno y de instituciones descentralizadas. No se identifican esas estructuras de carácter mafioso de los anteriores gobiernos del PLD que enriquecieron tanto a dirigentes como a cuadros medio de ese partido; según proyecciones de organismos internaciones, el país terminaría el año con un crecimiento económico de algo más de un 5%, sigue la recuperación del empleo, a pesar del peso del informal, y del sector turismo, pero la inflación no da tregua, situándose alrededor de un 8%, sin que se vislumbre un freno debido a los efectos de la guerra Rusia/Ucrania sobre la economía mundial.
El área que más legitimidad le ha dado al gobierno ha sido el Ministerio Público, pero sus limitados recursos, sin soslayar las presiones que este recibe, limitan el conocimiento de varios casos de corrupción y la instrumentalización de expedientes para proceder con otros. Eso determina una cierta preocupación sobre el futuro del proceso de lucha contra la corrupción de esa dependencia estatal. Esa incertidumbre se acentúa por el conocimiento de denuncias de corrupción en algunas dependencias del gobierno que involucran a dos ministros que fueron claves en la campaña electoral del partido oficial y del gobierno. Ambos han sido excluidos de sus respectivos cargos en una pesada atmósfera convertida en un pesado fardo/revés para el gobierno.
El año político termina, y se acercan fechas electorales inevitables sin que se haya producido un acuerdo sobre la Ley de Partido y la de Régimen Electoral que reclaman diversos partidos y movimientos llamados minoritarios, para ponerle fin a las prácticas que favorecen a los mayoritarios, a través de usos de fondos públicos como privados; al tiempo que se acentúa la política de expulsión en caliente de migrantes haitianos sin el debido proceso y protocolo. En esas expulsiones se han cometido intolerables violaciones a derechos humanos inalienables, manifestándose la conocida propensión al abuso y la corrupción de una policía y militares que, con saña, despojan el poco de dinero de que disponen los apresados para dejarlos en libertad, en una miserable guerra de pobres contra pobres que nos abochornan como sociedad.
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Por otro lado, por presión de dirigentes religiosos que, contra el sentir mayoritario del pueblo dominicano y de la mayoría de los feligreses de algunas de sus iglesias, el gobierno les hace la absurda concesión de derogar la Orden Departamental 33- 2019, mediante la cual se estableció como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación. Una orden de obligado e inmediato cumplimiento tendente a hacer de la educación una herramienta para impulsar el reconocimiento y respeto a derechos inalienables de la mujer en la lucha contra la violencia y el femicidio. Así, la ultraderecha conservadora impone su agenda en su campaña contra lo que llama la “agenda de la conjura internacional contra el orden natural”. Un retroceso en materia de reconocimiento de derechos.
Pero hay otros retrocesos en esta sociedad relativos a la libertad de pensamiento que, si bien no son atribuibles directamente al gobierno, sí apuntalan las tendencias conservadoras enquistadas en esta administración y en importantes esferas de esta sociedad. Es la manifiesta intolerancia de algunos intelectuales convertimos en una suerte de cortesanos de los grupos económico/eclesiales que se oponen, con obstinada soberbia, a nuevas interpretaciones de nuestra historia de parte de algunos científicos sociales que desde nuevas perspectivas y con nuevas herramientas del conocimiento científico interpretan y reinterpretan determinados hechos y momentos claves de nuestra historia.
Ese fenómeno tiene algunos años de gestación, pero en este año que terminada, quizás por el embate del conservadurismo en el país, ha alcanzado una insospechada presencia, constituyéndose en otro preocupante retroceso en términos de la ampliación de derechos y de la democracia en nuestro país. En ese tenor, crece la preocupación sobre nuestro futuro mediato e inmediato en las esferas de la política y social. De esa circunstancia, deben tomar notas no solo la clase política de todos signos, sino también la sociedad civil, la academia y de la comunidad intelectual
