Elecciones municipales y participación electoral en RD: Cuando se rompe el supuesto de que lo local debería generar mayor participación

Al ingresar en el análisis que nos ocupa en esta entrega, nos referimos a los datos sobre los niveles de obtención electoral en las últimas dos elecciones municipales y congresuales, se destaca un comportamiento que expresa consistencia en ambos ciclos en virtud de que la abstención municipal supera siempre a la congresual, y la diferencia entre ambas pasó de 6.16 a 7.63 puntos porcentuales entre 2020 y 2024. Es lo que la literatura comparada tipifica como elecciones de segundo orden, en las que el elector percibe menos en juego en los comicios locales y, en consecuencia, acude menos a las urnas que en la disputa por los cargos ejecutivos y legislativos nacionales. Lo que debería ser la elección de proximidad termina siendo la que menos convoca.

En nuestro país, ambos niveles muestran un ausentismo ascendente, aunque de intensidad muy distinta. La abstención congresual creció apenas 0.99 puntos entre un ciclo y el otro; la municipal, 2.46. El desgaste participativo no pega parejo: castiga sobre todo la esfera local y ensancha la brecha entre los dos niveles. En 2024 la participación municipal cayó por debajo del 47 por ciento del padrón, de modo que las autoridades locales resultaron electas por una fracción minoritaria del cuerpo electoral, con las consiguientes tensiones de legitimidad representativa.

Buena parte de este comportamiento se explica por un cambio de diseño. Desde que se separaron efectivamente los niveles de elección, las municipales se celebran desacopladas de las generales y perdieron el efecto de arrastre de la contienda presidencial, que antes elevaba la concurrencia a las urnas también en lo local. La cercanía de apenas unos meses entre ambos procesos (marzo y julio en 2020, febrero y mayo en 2024) no ha bastado para sostener la participación municipal, que hoy se comporta como una elección autónoma y de menor movilización.

El primer desafío inmediato para el sistema electoral es el debilitamiento de la legitimidad de origen de las autoridades electas. Cuando el nivel municipal se decide con una participación inferior al 47 por ciento del padrón, como ocurrió en 2024, los ayuntamientos quedan investidos por una minoría del cuerpo electoral. El mandato conserva plena validez jurídica, nadie lo discute, pero su respaldo social se estrecha, y eso resta autoridad efectiva a los gobiernos locales frente a la ciudadanía y ante los demás poderes del Estado.

Le sigue un problema de diseño institucional. Al separar el nivel municipal de las elecciones generales se privó a los comicios locales del arrastre que antes elevaba su concurrencia, y el dato obliga a preguntarse si la secuencia actual del calendario, pensada para dar identidad propia a la contienda local, no está funcionando en la práctica como un factor que deprime la participación. Es una cuestión que compete tanto al árbitro electoral como al legislador, y no se resuelve únicamente con campañas de sensibilización.

Visto desde la consolidación democrática, el problema de fondo que plantea la abstención municipal es el déficit de representación. Una democracia en la que la mitad del electorado, y en el nivel local la mayoría, permanece al margen de las urnas ve desmejorar el principio representativo que la sustenta. La distancia entre gobernantes y gobernados se amplía no por defecto de las reglas, sino por vaciamiento de la base participativa que les confiere sentido.

Ligada a lo anterior, la abstención sostenida y en ascenso es síntoma de desafección política: desconfianza hacia los partidos, distancia respecto de la clase dirigente, la percepción de que el voto individual no altera los resultados sustantivos de la gestión pública. El riesgo es que esa desafección se vuelva un ciclo que se autoalimenta, en el que la baja participación refuerza la sensación de irrelevancia del sufragio y esta, a su vez, deprime la participación futura.

Más grave todavía es el estímulo que la escasa concurrencia da a las lógicas clientelares. A menor participación, mayor el peso relativo del voto movilizado, y por tanto mayor el incentivo de las estructuras partidarias para intensificar la compra y el acarreo de votos; la contienda termina decidiéndose no por la deliberación del conjunto sino por la capacidad de movilización de una minoría organizada, lo que distorsiona la competencia y estrecha el vínculo entre financiamiento, clientela y resultado electoral.

Es preciso destacar además, una paradoja en que el ausentismo se concentre justamente en el nivel municipal: es el gobierno más próximo a la vida cotidiana del ciudadano el que menos lo moviliza. El debilitamiento participativo de lo local resiente los mecanismos de rendición de cuentas de proximidad y compromete la calidad de la democracia allí donde debería ser más tangible.

Conviene advertir, asimismo, que la abstención rara vez se distribuye de manera uniforme. Los indicios de una concentración del ausentismo en determinados territorios, con registros muy elevados en los grandes centros urbanos, sugieren que la no participación podría estar socialmente estratificada. De confirmarse, la agenda pública tendería a responder al segmento que efectivamente vota, lo que profundizaría desigualdades preexistentes; es una hipótesis que todavía necesita verificación empírica antes de tenerse por establecida.

En conjunto, estos factores configuran el riesgo mayor: la apertura de un espacio propicio para discursos antipolíticos, populistas o de vocación autoritaria, que hallan terreno fértil en una ciudadanía desencantada. Una democracia que no logra sostener la participación de su electorado queda expuesta a que su legitimidad sea impugnada desde fuera de los cauces institucionales. Leídos en su conjunto, estos desafíos remiten a un debate más amplio sobre la calidad de la democracia contemporánea, en el que la erosión de la participación, la cartelización de la oferta partidaria y el predominio de la lógica de gestión sobre la deliberación se han interpretado como signos de un tránsito hacia formas posdemocráticas.

Las recomendaciones de política electoral para revertir el fenómeno pueden ordenarse por responsable institucional y, dentro de cada uno, por horizonte temporal. El corto plazo comprende las medidas de gestión, comunicación y logística viables antes del ciclo de 2028; el mediano plazo abarca las reformas normativas y los ajustes de diseño que requieren tiempo legislativo y suelen madurar en el intervalo 2028-2032; el largo plazo alude a las transformaciones de fondo, de naturaleza cultural y educativa, cuyos frutos son transgeneracionales.

A la administración electoral le corresponde, en esa lógica de mediano plazo, promover un estudio técnico sobre el efecto del calendario vigente en la participación municipal, consolidar un sistema de estadística electoral desagregada que permita diagnosticar quién se abstiene y dónde, y avanzar en la modernización tecnológica mediante pilotos auditados y graduales. En el largo plazo, procede institucionalizar un observatorio permanente de participación electoral.

Al Congreso Nacional, en su rol legislativo, le tocan las decisiones de mediano plazo. Le compete evaluar el diseño del calendario y la separación de niveles a la luz de la evidencia técnica, incorporar al marco normativo un capítulo específico de promoción de la participación con obligaciones concretas para el órgano electoral, y endurecer la regulación del financiamiento político y de las prácticas clientelares mediante topes, trazabilidad y fiscalización efectiva.

En ese mismo horizonte cabría abrir un debate informado sobre el voto obligatorio y otros incentivos a la participación, materia genuinamente controvertida: sus defensores la vinculan a mayor legitimidad y equidad participativa, sus críticos advierten sobre la libertad del abstencionismo como expresión política y sobre los costos de fiscalización. Mejor tratarla como una opción que hay que estudiar con rigor, no como una prescripción. En el largo plazo quedaría pendiente el reto más ambicioso: reformas del sistema de representación que estrechen el vínculo entre electores y electos.

En lo que concierne al Ministerio Público, muy concretamente a la Procuraduría Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos Electorales, le correspondería, en el corto y mediano plazo, perseguir de manera efectiva la compra de votos y los demás delitos electorales, cuya impunidad alimenta la desafección ciudadana, y garantizar celeridad y previsibilidad en la resolución de los conflictos, condición indispensable para sostener la confianza en el certamen.

Finalmente, está el sistema de formación electoral a través del IESPEC, el espacio de formación de la JCE. Al instituto le corresponde, en el corto plazo, producir investigación aplicada sobre las causas del abstencionismo, estudios territoriales y de percepción que sustenten intervenciones informadas, y formar a los actores del sistema, desde la sociedad civil hasta la dirigencia partidaria y los jóvenes, en cultura democrática. En el mediano y largo plazo, procede articular un programa de educación cívico-electoral con el sistema educativo formal y consolidar una línea de investigación permanente, con difusión a través de las publicaciones institucionales, que convierta el análisis de la participación en un activo estable de la institucionalidad comicial.