Las encuestas también deben rendir cuentas
Por Daniel Toribio.
En Estados Unidos y en numerosos países se realizan encuestas para conocer opiniones, evaluar gobiernos y medir preferencias electorales. Su utilidad depende de que publiquen información para que especialistas examinen sus métodos y valoren sus conclusiones.
No necesitan aprobación de otras firmas. Necesitan permitir una revisión independiente. La Asociación Estadounidense de Investigación de Opinión Pública establece criterios de transparencia sobre selección de participantes, entrevistas, ponderación y precisión. Publicar porcentajes sin explicar cómo se obtuvieron dificulta evaluar su calidad.
La encuesta de ACD Media de octubre merece examinarse con ese criterio. Presenta resultados relevantes sobre la situación nacional, los precios y la valoración del Gobierno. Pero deja preguntas pendientes.
Una muestra grande no garantiza que represente al país.
La distribución territorial requiere aclaración. El sur aparece con 38.1 % y el norte con 16 %. ¿Están intercambiadas las etiquetas? ¿Se utilizó otra regionalización? ¿Son entrevistas realizadas o porcentajes ajustados? Sin explicarlo, resulta difícil evaluar la cobertura nacional.
Que las respuestas difieran de esa identificación no demuestra sesgo. La pregunta es cómo se seleccionaron los entrevistados y si representan a la población.
Las comparaciones internas necesitan información: cuántas personas respondieron dentro de cada organización. Sin esas cantidades y el diseño de la muestra, no puede evaluarse la precisión de las diferencias entre aspirantes. Tampoco una preferencia general demuestra quién ganaría frente a candidatos de otros partidos.
También hay inconsistencias de presentación. Los porcentajes de recordación de figuras digitales suman 105.9 %. Puede ser válido si se admitieron varias respuestas, pero debe indicarse. Una pregunta compara la Policía con años anteriores mediante categorías que mezclan valoración actual y cambio. Otra lámina anuncia popularidad presidencial, aunque pregunta por aprobación del Gobierno.
Estas observaciones no prueban manipulación ni invalidan los resultados. Exigen aclarar el diseño, publicar las cantidades de entrevistados correspondientes a cada grupo y corregir las inconsistencias.