«Hay una tradición de negociaciones fallidas»: ¿tiene futuro el cese al fuego firmado en Colombia?
En medio del escándalo de corrupción que salpicó al presidente Gustavo Petro, Colombia inició el histórico cese al fuego bilateral acordado entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tendrá una duración de 180 días.
El pacto, que había sido firmado el 9 de junio en Cuba en el marco de los diálogos de paz, constituye el más extenso acordado entre el Estado y la guerrilla de izquierda en tres décadas. Su aplicación será monitoreada y verificada por un mecanismo cuatripartito integrado por la Organización de las Naciones Unidas, la iglesia católica y las partes en conflicto.
«La expectativa es muy grande por el tipo de actor con el que se hace el acuerdo, la guerrilla histórica que lleva más de 60 años en guerra con el Gobierno colombiano, que no ha estado muy dispuesta a la negociaciones», aseguró a Sputnik el politólogo Camilo Villamizar.
Durante la jornada, el Gobierno de Petro también instaló un Comité Nacional de Participación integrado por 81 representantes de 30 movimientos, pueblos, organizaciones y gremios, que dará seguimiento a los diálogos de paz y será clave para encauzar las transformaciones del país.
«Es coherente que el grupo armado cese acciones bélicas con el fin de que las comunidades pueden acceder a estos espacios de participación. Sería muy difícil que la gente se acercara o se aproximara al proceso en medio de confrontaciones armadas», manifestó a Sputnik el analista internacional Luis Trejos.
Para el también experto en el conflicto armado, Bogotá busca que todo el peso de la guerra empiece a alivianarse en comunidades que habitan territorios en los cuales el ELN es un actor hegemónico.
De todos modos, Trejos señaló que ni desde el Gobierno ni desde el ELN hubo «una pedagogía muy fuerte» para explicar los alcances del cese al fuego entre la ciudadanía. Por eso, advirtió que puede generarse una sobreexpectativa con respecto a lo que va a pasar y, de no cumplirse, los colombianos podrían percibir que ese cese al fuego no sirve.
Otro de los escenarios que percibe se vincula a un mayor escepticismo, pues «hay un espíritu moderado porque ya con el ELN hay una larga tradición de negociaciones fallidas. Si bien este es el proceso en el que más se ha avanzado, todavía no hay garantías de que va a llegar a buen puerto», apuntó.
Además, y a pesar de su gran importancia para el país, el acuerdo puede no tener impactos de la misma magnitud en todo el territorio.
«Para una persona en Bogotá puede que no impacte directamente, pero para una persona en el Catatumbo, en el municipio de El Tarra, en Andagoya (departamento del Chocó) lo hace mucho», sostuvo Villamizar.
En esos territorios, el acuerdo le puede cambiar la vida muy positivamente a las comunidades. El cese al fuego les permite ejercer el derecho a la movilidad y evita que las comunidades se mantengan confinadas o deban desplazarse forzosamente, explicó el experto.
«Un buen acuerdo les cambia la vida totalmente de manera positiva a una comunidad porque dejan de vivir sin miedo», apuntó Villamizar.
Enfrentamientos y secuestros, las dificultades del acuerdo
El acuerdo pactado incluye la suspensión de operaciones ofensivas entre el Gobierno y el ELN. Ambas partes se comprometen a no violar el derecho internacional humanitario.
El pacto, sin embargo, ha generado interrogantes sobre sus alcances, particularmente sobre las acciones que comprenden el secuestro, una de las prácticas de financiamiento empleadas por la guerrilla. Para Trejos, del texto del acuerdo se derivan varias dificultades.
El experto subrayó además que el ELN tampoco se compromete a dejar de reclutar y «el tema de la financiación no aparece dentro del cese al fuego».
«Hay que entender que es un grupo armado irregular que demanda unos recursos para su funcionamiento diario y eso implicaría seguir administrando y gestionando rentas ilegales, dentro de las cuales están el secuestro, la extorsión, el cobro de gramaje a cultivadores de coca, la regulación de minería ilegal en algunos territorios», entre otras operaciones, explicó
Para Villamizar, la prioridad del Gobierno tiene que ser la gente, sobre todo las comunidades afrodescendientes e indígenas que están más expuestas a las acciones de la guerrilla. En ese sentido, apuntó que de continuar el secuestro y la extorsión la fuerza pública debería contrarrestar estas acciones.
A su vez, reivindicó que la gestión de Petro realice un trabajo multidimensional con el objetivo de alcanzar la paz total. «No se hace la guerra 60 años para que solo haya una desmovilización de combatientes, sino que tiene que haber algún tipo de cambio social que beneficie a todo el país», apuntó
A todo esto se suma el escándalo en el que se ve involucrado el hijo del presidente, Nicolás Petro. Para Trejos, el inicio del acuerdo con la guerrilla «se vió eclipsado» por el escándalo, que, «aunque no parezca, golpea directamente el proceso con el ELN, en la medida que el Gobierno pierde capital político» y podría debilitarlo para entablar negociaciones futuras.
