Interpretación empírica de los medios de comunicación de masas en la sociedad Dominicana pos COVID-19. (3 de 5).

Por Juan Carlos Espinal.

Desde que los propietarios de los medios de comunicación de masas permitieron que los ratings se convirtieran en un elemento de atención pública el conflicto vende publicidad. Un debate inteligente con elementos educativos no genera comentarios. Un insulto genera millones de likes.

Muchos programas de radio y televisión copiaron el estilo de los «talk shows» basura de otros países.

Como en República Dominicana los medios de comunicación no están constitucionalizados, la ley de Información data de tiempos de la dictadura, y el Código Penal es irrelevante pues no hay regulación de los monopolios, y en la industria de las telecomunicaciones el principal auspiciador es el mercado. Lo que genera vergüenza sigue siendo consumido en vivo.

La polarización se da en temas de política, religión, género. Las audiencias son emocionales por lo que no existe garantías de propósitos. En su conjunto, los comentaristas de radio y televisión e influencers,
y el público en general, usualmente repiten lo que ven en los medios de comunicación.

Los jóvenes aprenden rápido que ser figura pública de éxito implica que para opinar hay que gritar sandeces y ofender al prójimo. Se normalizó el bullying. En el debate público actual se mata la idea. Ya nadie escucha, solo ataca. Es difícil hablar de temas complejos sin que las programaciones de radio y televisión se vuelvan una letrina.

En las redes sociales sin contenidos la violencia verbal o el lenguaje soez genera ansiedad pública, odio social, discriminación y división colectiva. Las grandes audiencias nacionales han preferido abandonar la radio y la televisión del alcance de sus hijos para evitar la fragmentación. Si en los programas de televisión con alto consumo al que o la que piensa diferente se le insulta, pues nadie querrá participar.

En el pais tenemos la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento. En teoría protege la libertad de expresión, pero también penaliza la difamación e injuria.
El problema es que casi nunca se aplica para casos de violencia verbal «entre panelistas». Solo se ejecuta cuando hay difamación grave.

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos e INDOTEL pueden sancionar, pero las multas son bajas y además la cultura de la impunidad establece códigos cerrados.

Periodistas, creadores de contenidos, YouTubers, que apuestan al debate con respeto y datos
promueven en Universidades talleres de comunicación educativos y culturales.

Cada vez más las audiencias nacionales dejan de seguir el tipo de cultura tóxica para abrazar las programaciones de Noticias, Deportes y Opinión.

Hay que decir que la libertad de expresión es un derecho. Debemos defender que se puede criticar con inteligencia sin destruir a las personas.

También debemos entender que los jóvenes repiten lo que el público consume. Los psicólogos saben que mientras más views facilite el conflicto, más confusion habrá.

Ahora bien, como todos los criminologos saben, la patología social del crimen organizado ocurre cuando el delito deja de ser un hecho aislado y se vuelve parte del funcionamiento de una sociedad. Es decir, normalizar la violencia enferma las relaciones ínter personales, debilita la cohesion familiar y agrede la paz social.

La violencia en los medios de comunicación de masas es una patología social. La cosificacion del otro es una enfermedad del cuerpo social.

Cuando algo que debería ser anormal, se vuelve común, los más jóvenes sin experiencia lo justifican y hasta lo imitan.

Con el crimen organizado pasa que al normalizarse el conflicto la violencia el efecto espejo empieza a influir en la composición social.

La normalización de la violencia social comienza en el momento en que el narcotráfico es un ejemplo de éxito en la música urbana, las redes sociales y la vida en el barrio, por ejemplo. El crimen organizado soborna policías, políticos, jueces. El lavado de activos no solo delinque, también pretende incidir en la toma de desiciones.

El Lavado de activos se manifiesta en los colmadones del teteo, en el dealer de venta de carros, en los proyectos de construcción, en las discotecas. Genera empleos informales enfermando la economía formal.

Cuando el crimen organizado se expande la denuncia en los medios de comunicación desaparece.

En esa atmósfera de violencia normalizada se premia la ley del más fuerte, el dinero fácil, la agresión como forma de resolver los conflictos y la marginalidad.

El crimen organizado recluta jóvenes desarraigados en las escuelas públicas, los barrios marginados y los centros de distribución del micro tráfico.

Ante la falta de oportunidades reales el crimen organizado estimula la cooptación de los jóvenes sin oportunidades.

Mientras el Estado y el sector privado no garanticen derechos habrá más demanda de drogas, armas, trata de humanos y anarquía porque siempre habrá oferta.

En la contra cultura del consumismo se mide el éxito por el tipo de carro, prenda o casa. El crimen organizado oferta el crecimiento rápido.

Como en la sociedad Dominicana en su conjunto la ausencia de paradigmas es una realidad, la violencia social se constituye en bandas juveniles.

Los jóvenes desorientados y sin tutores que pueden estudiar se van del país. Los hijos de esos jóvenes crecen viendo que se resuelve todo con la amenaza, el comercio ilícito y la extorsión. Cuando el lavado de activos financia campañas mediáticas, las leyes se ponen al servicio del crimen organizado.

La violencia social es una patología que se cura solo con tratamiento psiquiátrico. Para abordar esta problemática se necesita tratamiento INTEGRAL. El Estado dominicano requiere la recuperación de los territorios. El Estado debe estar presente de forma permanente en los barrios con salud, luz, agua.

Los Medios de comunicación deben ser responsables. Es hora de que la sociedad Dominicana en su conjunto deje de romantizar al narcotráfico.

En República Dominicana el crimen organizado se mueve en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en la justicia, en el sicariato mediático por encargo, en la extorsión, el lavado de activos y en la trata de mujeres.

En el país ese fenómeno ha impulsado una estrecha relación entre carteles mexicanos y colombianos así como de otros países y nacionalidades con redes que operan en Europa y Estados Unidos con mucha violencia utilizando jóvenes en barrios vulnerables para reclutarles.

El reto más grande de la sociedad dominicana en su conjunto es que este fenómeno no se vuelva un acontecimiento «normal». Observar jóvenes con armas en videos, jóvenes mujeres insultando a otras, o que se aplauda al que «resolvió» su problema financiero fuera de la ley demuestra la profundidad del problema.

Ese tipo de violencia organizada empieza cuando la sociedad pierde esperanza en las vías legales para progresar.
La proliferación de los problemas de salud mental entre los jóvenes dominicanos es uno de los temas que más ha crecido en las conversaciones de los años pos COVID-19.

Los datos más recientes de MSP, OMS y estudios locales muestran 3 problemas principales:

La ansiedad y depresión como las 2 principales causas de consulta en jóvenes de 15 a 29 años. La presión académica, laboral, redes sociales sin regulación y la situación económica inciden en el vertiginoso aumento.

El suicidio es la tercera causa de muerte externa en jóvenes. Entre 2020-2024 hubo un aumento de casos, sobre todo en hombres de 15-24 años.

El consumo de sustancias como el crack, la cocaína, los ansiolíticos y el abuso del alcohol aumentaron los fallecidos por enfermedades neurologicas y cardio vasculares.

En las redes sociales sin regulación el ciberbullying, (ansiedad por «tener que mostrar éxito»), las dificultades económicas para independizarse, el desempleo juvenil, el aislamiento social, la sobrecarga emocional qué generan la dependencia, la inseguridad laboral, las noticias de crímenes en los noticieros locales, por ejemplo, es una constante de violencia compleja.

Todavía muchos jóvenes con problemas de salud mental no buscan ayuda profesional. De hecho, pocas consultas son cubiertas por las ARS.

El Hospital Psiquiátrico Padre Billini y otros tienen consultas de psicología y psiquiatría a bajo costo. Las universidades UASD, PUCMM e INTEC tienen centros de psicología.

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