La economía política de los impuestos
Antonio Ciriaco
El presidente de la República acaba de retirar la “Ley de Modernización Fiscal” depositada en el Congreso Nacional. Ha sido una decisión sabia del presidente al escuchar los reclamos de una gran parte de la sociedad dominicana. Es de sabios escuchar y rectificar.
En lo adelante, el presidente y su equipo económico tendrán mas tiempo para presentar una propuesta de “Ley de Modernización Fiscal” más consensuada y con una carga impositiva mejor distribuida entre los sectores económicos y sociales.
Esta experiencia nos enseña que tarde o temprano el sistema tributario de un país refleja sus aspiraciones económicas, sus objetivos sociales y su sistema político.
Por tanto, las reformas fiscales resumen los conflictos de grupos de intereses que evitan ser cargados por medidas impositivas.
De manera que, a medida que las aspiraciones económicas y los objetivos sociales de un país se extienden y hacen más específicos, y a medida que cambia la distribución del poder político y económico, varía la política impositiva y cambia el sistema tributario.
Pero con frecuencia entre uno y otro cambio se produce un retraso considerable. La política impositiva queda rezagada con respecto a la política económica y social y deja de reflejar los cambios en la distribución de la influencia política y económica.
Si esto ocurre, entonces el sistema tributario responde menos fielmente a las aspiraciones de la sociedad y origina tensiones. Aumenta la evasión, la administración se torna menos eficiente, crece un sentimiento de “injusticia impositiva” por parte del contribuyente, y en la mayoría de los casos se extiende a toda la población. Eso ocurrió con la “Ley de Modernización Fiscal”.
Muchos fueron los sectores económicos y sociales que, al verse afectados por este proyecto sometido por el Poder Ejecutivo, acudieron al Congreso Nacional solicitando que no los carguen con medidas impositivas.
En definitiva, el proceso de discusión, búsqueda de consenso y aprobación de una reforma fiscal es un ejercicio de “economía política”. Esta experiencia debería servir al Gobierno como aprendizaje para futuros proyectos de reforma fiscal.
