La provincia española que lidera el cambio energético: «Producimos un 120% de recursos sostenibles»
SPUTNIK.Extremadura ha proyectado un plan para suplir su consumo con plantas fotovoltaicas o incluso minas de litio. Ya se la considera la pila del país, y se ha adelantado al resto de Comunidades Autónomas en mirar el futuro sin elementos fósiles.
Cosme Segador muestra un entusiasmo de volumen similar al de los datos que maneja: 80.000 empleos, un 20% de Producto Interior Bruto (PIB) y multiplicar exponencialmente los megavatios actuales, que ya suponen el 120% de la energía necesaria para alimentar a la Comunidad Autónoma. El director de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) cita con alegría esas cifras a Sputnik, calculadas desde el organismo público, para justificar la reconversión de su tierra. Y no renuncia, por tanto, al apodo que se le ha otorgado a esta región del este de España: la pila verde del país, la vanguardia en sostenibilidad.
Porque Extremadura es ambas cosas, de acuerdo a los planes diseñados hasta 2030 y a un presente en movimiento. A través deplantas fotovoltaicas esparcidas por amplios espacios de sus dos provincias o del intento de extraer litio en algunos terrenos, la comunidad se ha puesto en cabeza de la tan mencionada transición energética. No es nuevo: según Segador, desde hace seis años se estudian posibilidades y se le van dando empujones a este cambio de paradigma.
Uno de ellos, el que Segador cree fundamental, es la constitución de un grupo específico para la tramitación de licencias. «Se creó cuando hubo un cambio de Gobierno, en las anteriores elecciones», explica, refiriéndose a los comicios de 2015, cuando el Partido Popular, que había tomado el poder durante la legislatura, cedió el puesto al PSOE. Antes, indica el responsable, no solo no se habían dejado en espera muchos expedientes, sino que se habían obstaculizado con leyes como la del denominado ‘impuesto al sol’, de 2015, que penalizaba la instalación de paneles solares y el autoconsumo.
«Ha ayudado mucho que desde la Junta se hayan agilizado los trámites», continúa, convencido de que el Ejecutivo provincial va unido en el proceso y de que la región facilita este cambio: «Aquí hemos hecho un plan a 10 años, y uno de los factores por los que podemos hacerlo es tanto por la cantidad de suelo como por los días de sol que tenemos«, justifica. En Extremadura, señala el doctor en ingeniería industrial, el precio de cada hectárea es más asequible que en otras comunidades autónomas y gozan de más de 3.100 horas de sol al año. «Y algo muy importante: hay camino para exportar esa energía», sostiene.
No es solo cuánta se produce sino cuánta se aprovecha, matiza el director de Agenex. Y para eso existe otra de las partes indisolubles de la fórmula: la «articulación». La Junta de Extremadura, apunta, ha tenido un papel destacado a la hora de analizar las necesidades, autorizar proyectos y repartir la energía. Según cuenta Segador, ya se producen 2.500 megavatios. «Y queremos cuadruplicar esta producción de aquí a dentro de una década«, indica, convencido de que los beneficios superan a los inconvenientes.
Segador opina con firmeza que esta región será la punta de lanza de la energía verde y, teniendo en cuenta su pasado de labranza y ganadería, suma otro concepto al apodo: Extremadura será un paraíso «agrovoltaico»: se compaginará la agricultura con las plantas fotovoltaicas, proporcionando combustible y pasto. «Las quejas suelen estar relacionadas con el uso de los terrenos y con las emisiones para elaborar los paneles, pero hay estudios que dicen que sale rentable medioambientalmente y las hectáreas ocupadas no serán de más del 1%», sintetiza.
El director de la Agenex está ilusionado con esta transformación y lo secundan desde altas instancias de la administración. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, ha presumido en multitud de ocasiones de cómo es «el camino a seguir” que están tomando las provincias que gobierna. Según destacó en una rueda de prensa de finales de 2020, en esta comunidad es «donde más fácil es desarrollar un proyecto energético» por las adecuaciones normativas. «Tenemos sol, agua y tierra», incidía, «por eso estamos en una posición muy favorable».
Fernández Vara glosaba este avance con su reflejo en la tasa de desempleo, con las consecuencias positivas en la factura de la luz y con aupar a Extremadura en el tablero autonómico nacional. «El dinero que este sector está haciendo llegar por la vía de los impuestos a los ayuntamientos es el dinero mejor invertido del mundo«, señalaba. Olga García, consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, también lo alaba a menudo: «Es el camino para avanzar hacia un nuevo modelo energético», señalaba en una reciente comparecencia.
La emergencia climática y la transición energética ya forman parte estructural de la Junta», añadía, convencida de que para 2030 el 100% de la electricidad que se genere en la Comunidad Autónoma vendrá solo de fuentes renovables y la región llegará a cero emisiones netas. Es decir, una «neutralidad climática» que se adelantará 20 años a lo previsto para el conjunto de España. Y que tiene una trayectoria previa: en Extremadura, la producción de energía siempre ha sido un asunto popular que en estos años toma aún más relieve.
En sus 41.363 kilómetros cuadrados de superficie se construyeron varios de los famosos embalses del franquismo, que ahora alimentan a las empresas hidroeléctricas y el verano de 2021 fueron protagonistas de una merma de caudal importante. Y Almaraz, una de las centrales nucleares de España en activo, da lo que pueden ser sus últimos coletazos en la localidad del mismo nombre de Cáceres: el Gobierno central anunció su último permiso de funcionamiento hasta 2028 antes de desmantelarla.
Por eso, las más de 200 instalaciones fotovoltaicas que están planificadas a los largo de 81 municipios de Extremadura son una esperanza. A estas alturas ya es sorprendente ver en cualquier trayecto por el norte, por el sur o entre capitales de provincia un mar gris cobijando a la sombra a rebaños de ovejas, pero también hay dos minas de litio (el mineral que se utiliza para las baterías de automóviles eléctricos) que andan en proceso de ser explotadas, ante las contrapuestas posturas de los vecinos.
Iberdrola, Capital Energy y otros grupos del sector han apostado por la zona. La primera ya ha avisado de que Extremadura será «el centro de su estrategia renovable en España». Según exponen a Sputnik desde la compañía, seguirán aumentando sus megaproyectos como el de Núñez de Balboa, en Usagre (municipio de Badajoz), que es la mayor planta fotovoltaica de Europa. Con varias instalaciones como esta (cuyo nombre se debe a que «Extremadura es tierra de conquistadores») ya en funcionamiento y otras en proceso, Iberdrola alardea de liderar un «cambio estratégico» y de ser un elemento dinamizador del tejido industrial y del empleo local.
Alejandro Labanda, director de Regulación y Estudio de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ve en este sistema la dirección correcta. «La fotovoltaica va a cambiar la producción eléctrica. Es la tecnología reina del sistema eléctrico mundial y será la más instalada en los próximos años en todo el mundo, gracias a su carácter renovable, su competitividad económica, la sencillez de su tecnología, su facilidad de implantación y su reducido impacto ambiental», argumenta a Sputnik. En España, anota, ocurrirá lo mismo.
«Lleva dos años siendo la tecnología más instalada, y este 2021 también lo será. Ya se han instalado 1.864 megavatios en 2021, llegando a un valor acumulado de 13.602, cuando hace tres estábamos en 4.767», detalla.
Para Labanda, Extremadura fue en 2020 la Comunidad Autónoma que más fotovoltaica instaló, con un 50% del total del país. Y en 2021 supone el 34%. «Como decíamos antes, la fotovoltaica es muy competitiva en precio, por lo que la principal barrera para su despliegue no está en superar los riesgos tecnológicos, conseguir financiación, etcétera, sino en la tramitación administrativa. En Extremadura se ha hecho una apuesta por una tramitación exigente y ágil que está dando sus frutos. Además, esta comunidad cuenta con muchas horas de sol y terreno disponible para ubicar estas instalaciones», afirma, en consonancia con lo que defendía Cosme Segador.
Nuestra valoración de Extremadura es muy favorable», resume Labanda, mencionando esa «apuesta por facilitar el despliegue de fotovoltaica», la generación de empleo y la reducción de costes de electricidad. «La Junta ha entendido que estas instalaciones son compatibles con la preservación de la biodiversidad«, agrega. A nivel nacional, contextualiza, cada comunidad va a un ritmo: «Hay unos objetivos y un plan para alcanzarlos —el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)— que implica una transformación del sistema energético nacional», indica, «pero se tiene libertad para modificar el proceso, lo que hace que algunas vayan por delante y otras por detrás, con regulaciones más restrictivas».
«Es importante que, sea cual sea la regulación que se establezca, los promotores tengan visibilidad sobre los requisitos que se tienen y que se alcance un proceso ágil que permita el desarrollo de las renovables. No puede ser que haya comunidades autónomas que lleven años sin conectar un solo megavatio», sentencia Alejandro Labanda.
Queja que podría encontrar su espejo en la de quienes se oponen a ese concepto de motor energético de España. Algunos residentes en la zona ponen en duda ese honorable puesto. Asociaciones ecologistas y vecinos tildan de oportunista el ejercicio de la Junta. Aparte de sus daños medioambientales para la fauna y la flora, proclaman, el milagro económico no es tal. «Parece muy bonito que seamos los primeros, pero, ¿qué nos dejan estas plantas? Nada», cuestiona Fernando López-Rodríguez, catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Extremadura.
Según el experto, lo que falta es una remodelación total, que incluya la industrialización. «Las plantas generan una energía que se exporta, a las arcas autonómicas solo les proporciona las licencias de obras, el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y poco más. Además, los contratos de trabajo que proporcionan son una bagatela, porque la instalan y solo se queda gente de supervisión«, arguye a Sputnik. López-Rodríguez ya ha expuesto sus razonamientos en el estudio Cómo evitar la tercera colonización energética de la región, donde habla de las tres colonizaciones que ha sufrido la región: «Primero, los embalses; luego, Almaraz; y ahora, la fotovoltaica. Desde 2010 se han metido hasta fondos buitre».
En ningún caso, insiste, se ha traducido en un progreso de la población: Extremadura sigue siendo de las Comunidades Autónomas con menor renta per cápita y con el desempleo más alto del país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la media neta en el conjunto del territorio español fue de 12.292 euros anuales por persona, mientras que en esta Comunidad es de 9.147. Y en los resultados población activa en el tercer trimestre de 2021 se ve cómo el paro en España ronda una media del 14% y aquí sube hasta rozar el 18%. «Están sacando nuestro patrimonio sin que contribuya en nosotros», zanja el catedrático.
Otro inconveniente es el aumento del precio del suelo debido a la compra al por mayor de terrenos. Ángel García Blanco, responsable regional de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), protestaba en el diario El País por los pagos de las grandes compañías a los dueños de terreno. Según calculaba, oscila entre los 1.400 y 1.800 euros anuales por hectárea, 10 veces más que lo que se da para actividades agrícolas.
«Extremadura se está convirtiendo en el parque fotovoltaico de Europa y ya estamos sufriendo la competencia por la tierra. Cuando una de estas empresas llama a la puerta, le toca la lotería al propietario de la tierra, que logra una jubilación más que generosa. Pero también desaparece un agricultor», lamentaba.
De ahí que se hayan convocado manifestaciones contra este modelo y contra el olvido de otros sectores. En Ecologistas en Acción, por ejemplo, respaldan el lema de Renovables sí, pero no así. En varios comunicados enviados a Sputnik defienden que «otro modelo sin energías fósiles ni nucleares y en manos de la ciudadanía es posible y necesario», criticando los métodos de la administración, que da luz verde a las empresas. «Estas aprovechan para fragmentar los proyectos o para elevar el coste del suelo, por lo que desplazan a quienes de verdad trabajan aquí y eluden un control riguroso», advierten.
«Consideramos fundamental establecer garantías para la correcta evaluación del impacto ambiental, a través de una medición de las afecciones sobre la fauna y la flora, los recursos hidrológicos, la biología, los sistemas alimentarios, la economía local, el patrimonio arqueológico, el paisaje y el valor cultural», esgrimen. El terremoto de la sostenibilidad, esa urgencia que ensalza a Extremadura como el gran generador verde de España, también tiene sus pegas, a pesar del entusiasmo general.
