La tormenta económica y la ruta abandonada
Por Juan Ramón Mejía Betances.
El entorno internacional se complica aceleradamente, mientras el presupuesto sigue condicionado por urgencias políticas y clientelares. El país necesita disciplina, prioridades y capacidad de anticipación. La tormenta ya comenzó. El problema no es solo su intensidad: nos encuentra sin haber reparado el techo y habiendo abandonado la ruta de la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
El primer frente es energético. El petróleo Brent volvió a superar los US$100 por barril por los conflictos en el Medio Oriente, las dificultades en rutas estratégicas y los ataques a infraestructuras energéticas. También se dispararon los márgenes de refinación. En Estados Unidos, el diésel superó los US$6 por galón en septiembre, frente a unos US$3.70 un año antes; en Europa, su margen de referencia pasó de unos US$45 por barril en junio a cerca de US$95 en septiembre.
Para la República Dominicana, importadora neta de petróleo y combustibles terminados, el impacto es doble: pagamos más por la materia prima y por su transformación. A eso se suman transporte, seguros y almacenamiento. Dirigentes estadounidenses han planteado restringir las exportaciones de diésel. No se ha hecho, pero el debate debe alarmar a un país dependiente de ese suministro.
No se trata solo del precio, sino del acceso oportuno. La seguridad energética comprende disponibilidad, proveedores, almacenamiento, refinación y reservas estratégicas. Nosotros seguimos discutiendo casi exclusivamente cuánto subsidiará el Gobierno cada semana.
El segundo frente es monetario. El Banco Central Europeo subió 25 puntos básicos su tasa de depósito, a 2.50 %. Este 16 de septiembre, la Reserva Federal, presidida por Kevin Warsh, también aumentó 25 puntos básicos su tasa, al rango de 3.75 %–4.00 %, mediante votación unánime. Es la primera alza desde julio de 2023. En un entorno de inflación elevada y choque energético, la decisión endurece las condiciones financieras: se encarecerán el financiamiento, la deuda y las nuevas emisiones soberanas.
Al 31 de julio de 2026, la deuda del sector público no financiero alcanzaba US$67,827.8 millones, el 48.2 % del PIB. Respecto a diciembre de 2025, aumentó US$6,277.9 millones, un 10.2 % en siete meses. Cada punto adicional en el costo de refinanciamiento significa menos recursos para inversión, educación, salud e infraestructura.
El tercer frente depende de nosotros. De los RD$1.62 billones de gastos presupuestados para 2026, RD$1.41 billones —el 86.7 %— son corrientes y apenas RD$215,285 millones —el 13.3 %— van a capital: seis pesos y medio por cada peso de inversión.
No todo gasto corriente es prescindible: allí están maestros, médicos y policías. Pero también hay nóminas injustificadas, duplicidades, ayudas sin trazabilidad y publicidad estatal más orientada a promover incumbentes que a informar. Cada peso de promoción personal es un peso que no reduce vulnerabilidades.
El cuarto frente es eléctrico. Las distribuidoras pierden cerca del 40 % de la energía comprada. No es nuevo, pero pesa más cuando el combustible y la generación térmica se encarecen. El Estado subsidia, las distribuidoras pierden y los contribuyentes pagan la diferencia.
El subsidio generalizado a los hidrocarburos beneficia tanto al trabajador como al vehículo de lujo y a empresas capaces de absorber el aumento. Subsidiar el producto para todos es costoso y regresivo. La protección debe concentrarse en transporte público, agropecuaria, alimentos, pequeñas empresas vulnerables y hogares pobres.
El quinto frente es alimentario. La inflación interanual llegó a 5.13 % en agosto, sobre el techo de la meta de 4 % ± 1 %. Preocupan especialmente los alimentos y bebidas no alcohólicas: es la inflación que más golpea a los hogares pobres, porque destinan mayor proporción de sus ingresos a comer. Cuando suben diésel, fertilizantes, energía y crédito, aumenta el costo de los alimentos. La seguridad alimentaria se construye antes, con financiamiento, seguros, almacenamiento, cadena de frío, caminos e investigación.
El sexto frente es cambiario y social. Un peso apreciado ayuda a contener la inflación importada, pero abarata importaciones y resta competitividad a la producción nacional. También reduce los pesos que recibe quien depende de remesas. Por cada peso que baja el dólar, una familia que recibe US$500 mensuales deja de percibir RD$500. Si la tasa baja cuatro pesos, recibe RD$2,000 menos. Si además aumentan alimentos, transporte, electricidad y alquileres, esa familia recibe menos pesos y esos pesos compran menos.
De la reacción a la estrategia
Lo primero es ampliar el almacenamiento de combustibles terminados y convertirlo en reserva estratégica. Refidomsa puede almacenar 2.66 millones de barriles —111.7 millones de galones—, poco más de un mes frente a un consumo aproximado de 88 millones mensuales en 2025, suponiendo tanques llenos y con los productos requeridos. Capacidad no es inventario. Debemos fijar reservas mínimas, descentralizar terminales y establecer una salvaguarda temporal sobre reexportaciones durante emergencias, no una prohibición permanente que destruya seguridad jurídica.
La segunda línea es evaluar la ampliación modular y modernización de Refidomsa y, mediante estudios rigurosos, desarrollar un hub logístico energético del Caribe. Nuestra posición permitiría prestar servicios regionales de almacenamiento, mezcla, procesamiento, abastecimiento marítimo y aéreo y reexportación, generando divisas, empleos y actividad portuaria.
La exploración de hidrocarburos en bloques como CB1 y CB2 forma parte de esa visión, recordando que explorar no significa haber encontrado reservas comercialmente explotables. La inversión en refinación debe ser viable incluso si continuamos importando el crudo.
La tercera línea es reactivar, con estándares técnicos y sin competir con la producción de alimentos, la política de biocombustibles. Cada galón producido localmente ahorra divisas, reduce dependencia y crea valor interno.
Nada de esto es ajeno a la END. Su objetivo 3.2.2 manda garantizar combustibles confiables, diversificados, competitivos y sostenibles. Sus líneas de acción ordenan desarrollar la exploración petrolera; transparentar los precios; promover biocombustibles; y planificar infraestructura moderna y geográficamente equilibrada de refinación, almacenamiento, transporte y distribución.
Estas propuestas no son ocurrencias provocadas por la crisis: son mandatos de una ley vigente desde 2012 que el Estado no ha ejecutado plenamente. El artículo 50 también exige correspondencia entre el Presupuesto General, la END y el Plan Nacional Plurianual. Citar la Estrategia no basta: cada peso, cada deuda y cada inversión deberían responder a ella.
No podemos impedir las guerras, fijar el precio del petróleo ni decidir las tasas de la Reserva Federal. Sí podemos escoger entre planificación e improvisación; reservas o deuda; inversión productiva o gasto clientelar; cumplir la Estrategia Nacional de Desarrollo o ignorar nuevamente sus mandatos.
La tormenta perfecta no es solo la que se forma afuera. Es la que encuentra al país sin haber reparado el techo, pese a tener desde hace catorce años los planos para hacerlo.