De Aristóteles a la posdemocracia: las grietas fundacionales de la mentada democracia representativa

Hay una pregunta que suele generarse entre mis estudiantes de Derecho de la asignatura que imparto de Historia de las Ideas Políticas en la UNPHU, que discutimos en clase y damos por resuelta y que, sin embargo, nunca dejó de ser problemática: ¿qué significa, en rigor, que gobiernen los muchos? La democracia representativa contemporánea —esa que damos por sentada cada vez que hablamos de elecciones, partidos y alternancia— no nació como un edificio terminado, sino como una sucesión de respuestas parciales a una tensión que ningún pensador ha logrado disolver del todo.

El reto seria cómo conciliar la participación ciudadana, la competencia entre quienes aspiran a gobernar, y los límites institucionales que impiden que esa competencia degenere en captura del poder por unos pocos. Repasar cómo se fue construyendo esa respuesta —de Aristóteles a Robert Dahl— no es un ejercicio de erudición ociosa. Es, más bien, la manera más directa de entender por qué la democracia actual, incluso en sus versiones más consolidadas, exhibe hoy síntomas de fatiga que algunos autores han bautizado como posdemocracia.

Conviene empezar por un dato que suele sorprender: para Aristóteles, la palabra «democracia» no tenía la connotación positiva que le atribuimos hoy. En su clasificación de los regímenes políticos, el filósofo griego distinguía las formas de gobierno según dos preguntas —quién manda y en beneficio de quién— y reservaba el término «democracia» para la forma corrompida del gobierno popular: aquella en la que los muchos gobiernan en su propio beneficio, no en el de la comunidad entera. La forma virtuosa, en cambio, era la politeia, un régimen mixto capaz de integrar el elemento popular sin dejarlo capturado por intereses de facción.

Casi dos mil años después, Alexis de Tocqueville invierte la pregunta aristotélica. Ya no se trata de temer la desigualdad, sino de examinar qué ocurre cuando la igualdad se vuelve la fuerza dominante de una sociedad. Tras su viaje a Estados Unidos en 1831, Tocqueville describió en La democracia en América algo más amplio que un régimen político: un estado social, la igualación progresiva de las condiciones, que consideraba un proceso imparable en el mundo occidental.

De esa observación nace su advertencia más célebre —y quizás la menos comprendida—: la tiranía de la mayoría. No se trataba, en su análisis, de un temor a que la mayoría gobernara técnicamente mal, sino de algo más sutil: que la opinión mayoritaria, sin contrapesos institucionales ni resistencias intelectuales suficientes, terminara por uniformar el pensamiento antes incluso de que interviniera cualquier forma de coerción legal.

El tercer gran giro en esta historia es también el más radical. Lo que Schumpeter como: la democracia como mercado de líderes. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el economista Joseph Schumpeter propuso abandonar por completo la idea de que la democracia expresa una «voluntad general» del pueblo. Para Schumpeter, esa doctrina clásica descansaba en supuestos psicológicamente insostenibles: presuponía ciudadanos informados, racionales y capaces de coincidir en un bien común identificable, cuando la realidad mostraba más bien opinión fragmentada, información escasa y amplio margen para la manipulación.

En su lugar, propuso una definición minimalista que terminaría marcando buena parte de la ciencia política del siglo veinte: la democracia no es un método para determinar el bien común, sino un procedimiento mediante el cual distintos líderes compiten por el voto popular para acceder al poder. Su analogía más famosa compara ese proceso con un mercado: los partidos ofrecen liderazgo del mismo modo en que las empresas ofrecen productos, y los ciudadanos simplemente eligen entre las opciones disponibles.

Esa reducción tuvo un mérito innegable: permitió distinguir, de forma empírica, entre regímenes democráticos y no democráticos sin apelar a ideales imposibles de verificar. Pero dejó abierta una puerta que resultaría decisiva más adelante. Si la democracia se define únicamente por la existencia de competencia electoral entre élites, entonces un sistema donde esa competencia se mantiene formalmente intacta —pero donde las élites que compiten han terminado por converger en intereses comunes frente al propio electorado— seguiría calificando, bajo el criterio schumpeteriano, como plenamente democrático.

Ese resquicio conceptual es, precisamente, el espacio que ocuparán después las críticas contemporáneas a la democracia de partidos cartel: formaciones políticas que compiten entre sí en la superficie electoral, mientras cooperan por debajo de ella para preservar de forma conjunta su acceso a los recursos del Estado.

Robert Dahl retoma el legado de Schumpeter y propone su vara para medir lo real, pero lo somete a un ejercicio de precisión que la ciencia política sigue utilizando como referencia obligada. En La poliarquía (1971), Dahl sostiene que ningún régimen histórico ha logrado realizar plenamente el ideal democrático, y que resulta más útil distinguir ese ideal —inalcanzable, pero valioso como vara de medir— de los regímenes reales que más se le aproximan, a los que bautiza como poliarquías.

Su aporte específico consiste en descomponer la democracia en dos dimensiones que pueden medirse por separado: la contestación pública, es decir, el grado en que existe oposición organizada y competencia real por el poder, y la inclusividad, es decir, qué proporción de la población tiene derecho a participar en ese proceso. Un régimen puede exhibir alta contestación con baja inclusividad —como ocurría en las democracias censitarias del siglo diecinueve— o el patrón inverso. Solo cuando ambas dimensiones alcanzan niveles elevados de manera simultánea puede hablarse, en sentido estricto, de una poliarquía consolidada.

Ninguno de estos cuatro autores —a los que se sumaría después Giovanni Sartori, defendiendo la democracia de sus propias falsificaciones conceptuales— ofrece una definición única ni definitiva de democracia, de ahí la importancia de esta genealogía hoy. Lo que ofrecen, leídos en conjunto, es un mapa de sus fracturas constitutivas: la distancia entre ciudadanía activa y ciudadanía delegada que señaló Aristóteles; el riesgo de homogeneización social que advirtió Tocqueville; el vacío entre forma competitiva y contenido sustantivo que dejó abierto Schumpeter; y la exigencia de que la competencia y la inclusión avancen juntas, tal como la definió Dahl.

Esas fracturas no son curiosidades de manual de teoría política. Son, en realidad, la llave para entender un fenómeno que hoy se observa con particular intensidad en varias democracias latinoamericanas: sistemas que conservan intactas sus instituciones electorales formales —partidos, elecciones periódicas, alternancia nominal— pero donde la competencia real entre esas élites se ha ido erosionando, sustituida por acuerdos implícitos de reparto del Estado, debilitamiento del asociacionismo autónomo que Tocqueville consideraba indispensable, y una ciudadanía cada vez más relegada al rol de espectadora que Aristóteles habría reconocido como el reverso exacto de su ideal de participación activa.

El quinto momento de esta genealogía no aporta un modelo nuevo, sino algo igualmente necesario: una defensa metodológica de por qué el concepto de democracia debe manejarse con disciplina semántica. En Teoría de la democracia (1987), Giovanni Sartori advierte contra lo que llama el «estiramiento conceptual» —la tendencia a extender el término democracia hasta hacerlo compatible con realidades cada vez más alejadas de su núcleo original, ya sea por entusiasmo ideológico o por conveniencia retórica de regímenes que buscan legitimarse apropiándose de la palabra.

Sartori distingue, para ordenar esa disputa, entre teoría descriptiva y teoría prescriptiva de la democracia: la primera se pregunta qué es la democracia tal como funciona realmente; la segunda, qué debería ser para satisfacer sus propios ideales normativos. Su argumento central es que ambas dimensiones no pueden separarse por completo sin vaciar el concepto de sentido: una democracia puramente descriptiva, despojada de todo ideal regulativo, corre el riesgo de legitimar cualquier arreglo institucional que se limite a celebrar elecciones; una democracia puramente prescriptiva, sin anclaje en la experiencia empírica, se convierte en una utopía incapaz de evaluar regímenes reales.

Esta tensión —entre lo que la democracia es y lo que debería ser— constituye el hilo que atraviesa el resto de este libro. La hipótesis central de la obra, desarrollada en sus capítulos finales bajo el nombre de posdemocracia electoral latinoamericana, sostiene precisamente que buena parte de los regímenes de la región satisface hoy el criterio descriptivo mínimo —hay elecciones, hay alternancia, hay competencia formal entre partidos— mientras se aleja de manera creciente del criterio prescriptivo: la calidad de la representación, la autonomía de los partidos frente al Estado que capturan, y la capacidad real de la ciudadanía para incidir en las decisiones que la afectan.

Sartori proporciona, en ese sentido, el instrumento conceptual que permite nombrar esa distancia sin caer en el error de declarar que esos regímenes han dejado de ser democracias: siguen siéndolo, en el sentido schumpeteriano y dahliano del término, pero cada vez menos en el sentido que Sartori reserva para el ideal regulativo del concepto. En definitiva, la reflexión se orienta en entender la posdemocracia que, en suma, no requiere inventar un vocabulario nuevo. Requiere, ante todo, releer con atención las preguntas que la teoría democrática clásica dejó formuladas —y a veces sin responder— desde hace más de dos mil años.