Por Arismendi Díaz Santana. Con el costo mensual de una pensión graciosa e inmerecida es posible otorgar diez pensiones solidarias, como dispone la Ley de seguridad social, en un acto de justicia y como parte de la lucha contra la pobreza e indigencia.
Más que llamarme la atención, me ha dado mucha pena la situación de la enfermera Jacoba Petronila Crisóstomo Morillo quien, en forma dramática, le solicita al presidente Abinader una ayuda para cubrir una operación en los ojos y recuperar la vista “porque todavía puedo dar mucho y seguir aportando a la sociedad”.
Jacoba ha trabajado durante 30 años en el Hospital Toribio Bencosme de Salud Pública, por lo que debe estar en retiro, no solo por su edad sino, además, por su limitación visual para ejercer una profesión tan delicada como la enfermería. Es hipertensa, tiene 62 años y vive sola, por lo que apela a la ayuda del presidente y de la primera dama.
Ese perfil indica que Jacoba debe estar pensionada y con acceso garantizado al Seguro Familiar de Salud (SFS). Por esa razón, pensé que se trata de una intervención de alta complejidad, de esas que el pueblo conoce como “tratamientos catastróficos” por su alto costo, y asumí que ya ella había agotado el límite anual de ese tipo de servicio.
Pero al seguir leyendo, veo que se trata de una operación de la vista con un costo de apenas 250,000 pesos “para una terapia de células madre”. Jacoba señala, sin rodeos, “no tengo ese dinero, soy una mujer sin recursos, sola, sin hijos y actualmente atravieso por una situación económica calamitosa”.
No la conozco, ni he podido contactarla para conocer mejor su situación, si está pensionada y si tiene derecho a los servicios de salud. Lamentablemente, la noticia sobre su solicitud al presidente no ofrece suficiente información en cuanto a su estatus actual como servidora pública.
No me cabe la menor duda de que el presidente Abinader o la primera dama, Raquel Arbaje, atenderán esa conmovedora solicitud. Pero, más allá de este caso particular, en nuestro país existen decenas de miles de personas abandonadas a su propia suerte, que no tienen cómo plantear su necesidad, ni oportunidad de recibir la atención requerida.
Estas son las verdaderas prioridades sociales del Estado
El Estado está obligado a auxiliar a miles de madres solteras, a discapacitados y envejecientes que viven solos, olvidados incluso por su propia familia. Esos pobres de solemnidad tienen mucho más derecho a la protección social que centenares de personas sanas que reciben pensiones jugosas del Estado, sin necesidad y sin haber laborado en la administración pública.
El país y la opinión pública verían como un acto de justicia y equidad abandonar la práctica de otorgar pensiones graciosas subsidiadas, a quienes no las necesitan, para dedicar esos limitados recursos a atender a los miles de casos como el de Jacoba Petronila. Cada vez son más frecuentes las demandas frente al Palacio Nacional.
A pesar del claro planteamiento de la Ley de Seguridad Social, 20 años después, debido a la mezquindad gubernamental, todavía resultan ridículamente insuficientes las pensiones solidarias, no contributivas, otorgadas a favor de las familias realmente más pobres y vulnerables.
En promedio, con el costo mensual de una pensión graciosa e inmerecida, es posible otorgar unas diez pensiones solidarias, no sólo para cumplir con la Ley de Seguridad Social sino, además, como un acto de justicia social, como parte del compromiso internacional de reducir la pobreza e indigencia
