La Colombia de los últimos espera en el Pacto Histórico

Por Geraldina Colotti.

Día histórico hoy en Colombia, segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En la primera vuelta, que tuvo lugar el 29 de mayo, votaron 21.146.287 personas habilitadas. La abstención fue del 45,2%. El más votado fue Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, la coalición que reúne fuerzas de izquierda y progresistas. Exsenador y exalcalde de la capital, Bogotá, Petro obtuvo 8.526.352 votos, más del 40%. El exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien se presentó como “independiente”, recibió 5.952.748 preferencias, poco más del 28%.

Federico Fico Gutiérrez, apoyado por el equipo de gobierno, que se postuló por la coalición Equipo por Colombia, sumó casi el 24%. Sus votos serán para Hernández, ingeniero y empresario multimillonario, apodado “el Trump colombiano”, líder del movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción. Un mantra, el anticorrupción, con el que Hernández ha machacado a la opinión pública en las redes sociales, donde despobló como «el rey del tik tok», o «el viejto del tik tok», tratando de ocultar las acusaciones por corrupción que le conciernen.

Su discurso fluctuó entre declaraciones machistas, declaraciones de fe en el nazismo que inmediatamente se retiraron y guiños a lo social: romper con el uribismo y presentarse como el hombre indicado para Colombia. Evitó los debates públicos, limitándose a presentar en twitter 20 propuestas inconsistentes que van desde la despenalización del aborto (cuando la interrupción del embarazo ya es ley estatal), hasta la legalización del cannabis medicinal, hasta el acuerdo de paz con las Farc (a pesar de haber votado “no» en el referéndum). «Mi propuesta es de no robarle a los colombianos», dijo Hernández, esperando canalizar todo el voto «anti-Petro» hacia él.

Estas son las segundas elecciones en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz de 2016. La primera tuvo lugar en 2018, justo cuando ese acuerdo intentaba dar sus primeros pasos. Con una campaña histérica, basada en el miedo y la desinformación, las élites lograron imponer a su propio candidato, Iván Duque, el delfín de Álvaro Uribe, del Partido Centro Democrático. Duque prometió hacer de los acuerdos de paz papel de desecho, transformándolos en una política llamada “Paz con legalidad”: la paz del sepulcro para las clases populares, impuesta por la legalidad de los poderosos, que mata con las manos limpias. A su manera, Duque cumplió su promesa.

Estas elecciones presidenciales son, además, las primeras desde la pandemia, que ha hecho más explosivas las contradicciones de un país enormemente injusto, como se vio con el estallido social en 2021. Protestas que duraron meses, anunciadas por otras menores, en 2019 y en el 2020. Duque intentó imponer una reforma fiscal en perjuicio de los sectores populares ya muy afectados por la crisis y la pandemia, provocando grandes protestas pacíficas en forma de huelga general.

Contra el pueblo en las calles, su gobierno desató una represión sin precedentes que fue respondida por una larga y generalizada resistencia popular. La policía torturó, violó y llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales. Al menos 87 personas murieron, cientos de heridos, muchos con daño visual permanente, como sucedió durante la represión en Chile. La mezcla de incapacidad, represión e impunidad que ha caracterizado al gobierno de Duque ha acelerado la crisis del uribismo en un país que tiene 15,4 millones de desempleados, una inflación del 5,26% y la deuda pública más alta de la historia, del 65,3% del PIB.

Un sistema que ha cerrado los espacios de viabilidad política a la oposición desde el asesinato del líder liberal Eliécer Gaitán en 1948, y en el que la violencia se ha convertido en un hecho estructural. Ya se han registrado 42 masacres en Colombia durante el año, durante las cuales fueron asesinados 76 líderes sociales y 21 exguerrilleros.

En este contexto, cobra especial significado simbólico la figura de Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro. Un inédito en la política colombiana: afrodescendiente, madre soltera, ecologista… Representa a los excluidos y excluidas: trabajadoras del hogar, barrenderos, campesinos pobres…, los que nunca han tenido cargos políticos, y que han dado voz a las protestas denunciando el rostro feroz de una sociedad racista y clasista.

El hecho de que otros cuatro candidatos hayan presentado afrodescendientes de distintas orientaciones políticas en su fórmula presidencial es, en todo caso, la señal de una transformación en marcha en cuanto a la idea de representación política. Una señal de que los debates sobre los temas del racismo, el feminismo y las necesidades de las zonas rurales pobres también están ganando terreno en sectores más amplios de la sociedad.

El Acuerdo de Paz, que Iván Duque se dedicó a derribar, en todo caso ha allanado el camino, poniendo sobre la mesa la posibilidad de llegar a una reforma agraria y permitiendo la participación política en seguridad incluso de la izquierda, en un país que, principalmente por esto había visto el surgimiento de dos guerrillas durante más de medio siglo.

Hasta ahora, nunca ha habido un candidato de una izquierda digna de ese nombre que haya logrado ganar una primera vuelta de las elecciones presidenciales, y que haya logrado mantenerse con vida, teniendo en cuenta la costumbre de enterrar en sangre a la oposición social, cada vez que se intentó iniciar un proceso de paz en Colombia.

Vale recordar lo sucedido tras la fundación de la Unión Patriótica (UP), partido nacido en 1984 como parte de los acuerdos de paz firmados en ese momento entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc-Ep, para permitir también la participación política a los exguerrilleros. En un informe de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) calculó que, entre 1984 y 2016, fueron asesinados al menos 5.733 militantes de la UP, entre ellos: dos candidatos presidenciales, 5 senadores en ejercicio, 11 parlamentarios, 109 concejales y varios exdirectivos, 8 alcaldes y tantos ex alcaldes…

La fragmentación del voto conservador en la primera vuelta, fue otro síntoma de la profunda crisis que enfrenta el bloque de poder representado por el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. Ya en las elecciones políticas del 13 de marzo, el Pacto Histórico obtuvo mayoría en el Senado y es la segunda fuerza representada en la Cámara. Petro, imponiéndose a otros 6 candidatos, diversamente modulados por la derecha, ganó en 18 de los 32 departamentos. En las elecciones anteriores solo había ganado 9.

Esta es la tercera vez que el exguerrillero se presenta a la presidencia. La última vez estuvo a un paso de ganar en segunda vuelta, y ciertamente pagó el fraude de un sistema político acostumbrado a tergiversar los asuntos públicos en beneficio de la élite del poder, fuerte en un sistema electoral que no está en todo automatizado, lo que favorece el fraude.

Ya se han dado trampas y engaños para impedir o condicionar el voto de los colombianos en el exterior, especialmente de los que viven en Venezuela. Pero, Duque ha permitido votar a 320.000 migrantes venezolanos, manipulados por la propaganda antichavista, y objeto de una gran financiación «humanitaria» internacional, embolsada por el Gobierno colombiano y de la que nunca han visto un centavo. Ahora prestarán su nombre al voto uribista, y estarán invitados al concierto de despedida organizado por Duque el 7 de agosto.

La derecha se esfuerza por impedir un cambio de dirección. Respaldada por los constantes llamamientos de Álvaro Uribe, la Fuerza Armada, institución tradicionalmente conservadora y proclive a los deseos de Estados Unidos, ya se ha hecho oír contra el Patto Histórico en campaña electoral. Colombia es el segundo país de América Latina en cuanto a número de soldados después de Brasil, y el primero en relación al número de habitantes. Alrededor de las fuerzas armadas existe una gran red de organizaciones sociales dotadas de poderosos medios de comunicación, que se ha puesto en marcha contra Petro, considerándolo enemigo de la «familia militar».

El fervor anticomunista de las fuerzas armadas colombianas se remonta al menos a la Guerra de Corea. En 1950, Colombia fue el único país latinoamericano que envió sus tropas bajo las órdenes de Estados Unidos contra los comunistas coreanos. Una tradición reavivada durante la guerra sucia contra la guerrilla y la oposición social.

Las denuncias por las violaciones cometidas por los militares, presentadas por organismos de derechos humanos, son innumerables, pero la fuerza de la propaganda oficial no obstante ha dado sus frutos. Según el Instituto de Estadística, en una encuesta de 2021, la Fuerza Armada aparece como la institución considerada más prestigiosa por el 26,8% de la población. En último lugar aparecen los partidos y movimientos políticos, con solo un 8,5% de aprobación.

El territorio colombiano alberga la mayor cantidad de bases militares norteamericanas que existen en el continente. Cada uno de estas, ubicadas en áreas estratégicas para el control de recursos o territorios, está equipada con sistemas de vigilancia satelital, los cuales pueden ser utilizados con fines desestabilizadores contra la Venezuela Bolivariana en caso de ser necesario. Colombia es un socio importante de EE.UU. en la economía de guerra y en la economía espacial, un sector muy útil también para el control social, como se vio durante las protestas populares.

Más allá de las declaraciones de Biden, quien dijo estar «ansioso» por colaborar con cualquier gobierno que surja de las urnas, Washington intentará por tanto que su principal gendarme no se escape del control. Colombia es el único país socio de la OTAN en América Latina. El expresidente colombiano Manuel Santos, al día siguiente de recibir el Premio Nobel de la Paz, pidió ser miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Duque ya envió personal militar para apoyar las patrullas estadounidenses en el Indo-Pacífico y ofreció a los nazis ucranianos capacitación en técnicas de desminado.

Aunque Petro, un hombre experimentado de las instituciones, no pertenece a la izquierda radical, y aunque expulsar bases militares estadounidenses no forma parte de su programa, su victoria produciría un giro en la política exterior colombiana, una mirada más sureña. Tanto Petro como su antagonista Hernández han incluido en su programa el restablecimiento de las relaciones con Venezuela.

“Ya que él hace todos estos esfuerzos para acercarse a nuestro programa, le propongo a Rodolfo un gran acuerdo nacional, gane quien gane”. Así se dirigió Petro a su contrincante durante un acto en el Congreso en el que recibió el apoyo de la Alianza Social Independiente (ASI) para su campaña presidencial. Una jugada táctica para evitar la reconsolidación de quienes, “viniendo de la política que polarizó a Colombia, ahora tratan desesperadamente de apoyar a Hernández”.

De hecho, incluso en caso de victoria, Petro tendría que lidiar con una oposición muy dura, especialmente en el Parlamento, y con el intento uribista de reagrupar sus filas utilizando algunas áreas geográficas fronterizas y algunos de sus baluartes institucionales, en vista de la elecciones de alcaldes y gobernadores de octubre de 2023.

Pero, mientras tanto, en un país donde la concentración mediática en pocas manos acompaña a la de la riqueza (más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en la pobreza extrema), la batalla por el segundo tiempo se hizo, como siempre, también con encuestas.

Las últimas consultas patrocinadas por los medios dieron al empresario multimillonario el 52% y a Petro el 44%. Las que, en cambio, registraron un empate sustancial hasta el final, si no un adelantamiento de Petro, sí de medida, han sido silenciadas o cuestionadas. Acompañado de Francia Márquez, Petro recibió el apoyo de Alejandro Gaviria, miembro de la moderada Coalición Centro Esperanza, que tenía como candidato a Sergio Fajardo (4% de los votos).

Los números, sin embargo, no dan certeza, sobre todo porque dentro de las mismas instituciones de control acechan los halcones uribistas, listos para desatar una de sus habituales y poderosas armas: el lawfare, el uso del sistema judicial con fines políticos.

Los más de 15 millones de abstenciones, que se quedaron lejos de las urnas, serán decisivos para la victoria electoral. Más aún, sin embargo, lo serán aquellos sectores populares, organizados y conscientes dentro del Pacto Histórico: conscientes de que la competencia electoral es sólo una clave para iniciar cambios mucho más profundos y estructurales.