Por Julián Herrera. Una investigación especial de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) practicada a los contratos de suministro de material asfáltico AC-30 del Ministerio de Obras Públicas, detectó irregularidades y violaciones legasl por un costo de RD$ 325 millones 830 mil 826, que comprometen la gestión del exministro Gonzalo Castillo, en el gobierno de Danilo Medina.
Gonzalo Castillo, además de ministro de Obras Públicas, fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2020.
Los contratos para suplir el asfalto fueron adjudicados a la empresaGeneral Supply, Corporation, que según los auditores de la CCRD al momento del convenio con el Estado carecía de licencia para operar en el mercado del petróleo y sus derivados, en violación al decreto 307.01.
La auditoría indica que los contratos fueron suscritos con la empresa General Supply Corporation entre 2016 y 2017, «sin el proceso de contratación correspondiente».
Asimismo, la Cámara de Cuentas identificó pagos en exceso en los tres contratos investigados, que suman 1,275 millones de pesos; mientras que el Estado dejó de percibir impuestos por cerca de 172 millones de pesosdebido a estas operaciones.
También el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)pagó 3,500 millones de pesos al Banco de Reservas, que financió varias obras, sin el soporte indispensable para justificar los pagos.
“Las solicitudes de licencias para efectuar actividades en el mercado del petróleo y sus derivados se presentarán ante la SEIC (hoy Ministerio de Industria y Comercio), la cual dictará la resolución correspondiente, previo al análisis y evaluación de las condiciones de la empresa solicitante”, proceso al cual la empresa no se sometió, según la CCRD.
Durante la investigación especial, los auditores confirmaron también transferencias del Ministerio de Hacienda por RD $728 millones 020, 570, sin que Obras Públicas dispusiera de planificación presupuestaria para la compra de cemento asfáltico en ese momento.
Asimismo, la CCRD detectó diferencia entre la partida facturada de la empresa General Supply, Corporation y la cantidad importada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en 2016.
La compañía suplidora de asfaltos reportó facturas por 9 millones 469, 808 galones, mientras que la importación de material de asfalto AC-30 durante el periodo 2016-2020 fue de 6 millones 585,185 galones, estableciendo una diferencia de 2 millones 884, 626 galones, suministrado en exceso en comparación a la cantidad importada.
En la fiscalización a los reportes de compra y venta 6056 y 607 de la empresa General Supply Corporation, suministrado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los peritos pudieron observar que, durante el período señalado, no se registró compras de cemento asfáltico a proveedores locales; mientras acreedores nacionales certificaron, según la CCRD,no haber suministrado AC-30 a la referida empresa.
En las 94 Páginas de la investigación especial se detectaron otras anomalías, como pago en exceso al monto contratado sin justificación por valor de RD$484 millones 117,400; excedentes de cantidad sin evidencias de ajuste de precios por el monto de RD$ 3 millones 767,329, y desembolsos sin certificado de la DGII y TSS por RD$ 422 millones 992,993, según subrayan los auditores.
Asimismo, la CCRD cuestiona operaciones no transparentadas en el pago de líneas de crédito suscrito entre el Ministerio de Obras Pública y el Banco de Reserva por monto de RD$ 3,500,000,00, que establece la retribución del 10% en calidad de gasto por servicios de diseño, administración e implementación del programa.
En su informe, la fiscalización al programa de asfaltado de calles detectó, asimismo, ejecuciones de cláusulas de contratos con la referida empresa sin contar con un poder especial que otorga la Presidencia de la República en estos casos.
Además, y según la auditoría, surgieron hallazgos de contratos sin cláusulas del monto contratado, ni registro en la Contraloría General de la República.
La investigación Especial de la CCRD se realizó a solicitud de la Procuraduría Especializada En Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que lleva a cabo una investigación legal al programa de asfaltado de calles ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, durante la administración de Gonzalo castillo, en el gobierno de Danilo Medina, de 2012 a 2020
