Por César Pérez
Demandas de contenido democrático que fueron el dinamo impulsor hacia la acción colectiva de significativos grupos y clases sociales contra el anterior gobierno se mantienen insatisfechas.
Hoy día, la mayor amenaza contra los sistemas políticos es la desafección política de grandes grupos de individuos de totas las edades, aunque más notorio entre los jóvenes. Esa animadversión está directamente dirigida hacia los partidos, de éstos se deriva hacia los políticos y por vía de directa y peligrosa consecuencia hacia democracia. Sin embargo, esa malquerencia no debe confundirse con resignación o inacción, porque si hay una cosa que distingue el actual momento de la política son las continuas y variadas manifestaciones de protestas de grandes y heterogéneos grupos de individuos que, a veces constituidos en movimientos, en las últimas décadas han sacudido gobiernos de diversos signos y en todos los continentes.
Entre los elementos más salientes estos movimientos de protestas, vale destacar la diversidad de identidades, la variedad de objetivos grupales/particulares, la creatividad y a veces la claridad del objetivo de algunos de sus participantes. Se dice que no son políticos en el sentido de que no se proponen un cambio del sistema, pero muchas veces sus condenas contra la corrupción, los privilegios de determinadas oligarquías políticas y económicas calificadas de castas, corruptas por definición, entran de lleno en el plano político. Otro elemento llamativo de estas nuevas formas de interpelación a la clase política es que, a diferencia de otros tiempos, se escenifican amplísimas protestas en sociedades de regímenes negadores de elementales derechos ciudadanos.
En ese sentido, lo esencial es que estas colectividades expresan una novedosa idea sobre la democracia que va más allá del simple formalismo institucional en que ha discurrido este sistema, demandando que este sea capaz de garantizar de manera efectiva los derechos de igualdad ante la ley y de oportunidad en los planos de la educación, la economía y la política.En breve, el fin de las exclusiones y de los privilegios de las viejas y nuevas castas económicas y políticas forjadas en anteriores gobiernos. En esencia, aunque a veces clara y a veces difusa, esas fueron las demandas de Marcha Verde en nuestro país, aunque, entonces y ahora, algunos sectores no leyeron correctamente los elementos esenciales que definían ese movimiento.
Este logró, junto a varios organizaciones políticas e instancias de coordinación, la defenestración del PLD del poder, que ha hecho posible que hoy se haya establecido una dinámica de una Justicia que gran medida recoge la demanda de que ante ella debe comparecer todo transgresor, sin importan abolengo ni cargo político. Es lo que fundamentalmente está sucediendo con el caso Medusa. “Lo que nunca se ha hecho”. Por lo cual, si se tiene sentido político, el apoyo a esta Justicia y la exigencia de que su brazo llegue hasta el último de los implicados constituye una tarea de todo aquel que quiera cambiar el rumbo del país. En política hay hechos que, independientemente de quién los determine, pueden marcar el curso de los acontecimientos de un determinado proceso.
En la presente época, la democracia es el contexto que permite, y a veces exige, a una pluralidad de actores de profundizar las demandas contra los privilegios de viejas y nuevas castas económicas y políticas que medran a la sombra y/o con la anuencia tácita de sus partidos, sin importar el signo del sistema o del partido. También, luchar por la ampliación de la democracia por ser la vía más expedida para producir cambios sociales y incidir en la política. Pero, en el caso que nos ocupa, esto sólo se hará efectivo si se tiene conciencia de que los movimientos de protestas suelen ser espasmódicos, que alcanzan una cresta y luego su impacto tiende a descender sostenidamente. Es lo que aquí podría suceder si no se amplían y profundizan algunas cosas que han cambiado.
Hoy, a dos años del contexto político surgido con la derrota del gobierno de los entramados de corrupción más sórdidos de nuestra historia, la principal tarea de quienes quieren cambios sustanciales en el país, incluyendo a muchos que desde diversas posiciones son partes de este gobierno, es apoyar la Justicia en su lucha contra las estructuras de corrupción que sostenían a políticos y empresarios enquistados en el anterior gobierno y los que todavía medran en el actual, simultáneamente con la lucha contra las castas que de esta nación han hecho una suerte de finca: minera, agrícola y de recursos naturales que explotan impunemente para engrosar sus fortunas.
Por consiguiente, las posiciones frente estas cuestiones son claves para los próximos dos años del gobierno de cara al balance de su gestión y a su eventual reelección, y para la oposición definir su estrategia de articulación de cara a las próximas fechas electorales. Muchas de las demandas de contenido democrático que fueron el dinamo impulsor hacia la acción colectiva de significativos grupos y clases sociales contra el anterior gobierno se mantienen insatisfechas, y en este tiempo el sector político que mejor se conecte con esas demandas (gobierno u oposición) será el que mejor posicionado estará para mantener o establecer su hegemonía política. Hasta ahora no hay de otra
