Es una falta de sensibilidad social dar pensiones discrecionales a artistas y comunicadores, que no han cotizado o no han trabajado en el sector público.
El gobierno tiene una potestad discrecional en algunos asuntos. Esto no sólo es legal. Sino que incluso puede servir para hacer actos de justicia. Por ejemplo, si una persona ha trabajado 40, 50 años en la función pública, muchos de ellos en puestos de alta responsabilidad y ésta persona no ha sido un depredador de los bienes públicos, parece de equidad que no se le pensione con una cantidad que no le permita solventar sus necesidades.
Hay pensiones que dan instituciones que están financiadas por el Estado que sus administrativos y docentes con apenas 20 años de servicios pueden acogerse a la jubilación con sumas de 40, 50, 70 mil pesos o cantidades mayores. Es injusto, pues, que un alto administrador del Estado con más de tres décadas de servicio, cobren eso mismo, una vez que han sido gestores en organismos donde, si hubieran sido corruptos, hoy serían millonarios en dólares. Como sobran ejemplos de estos millonarios al vapor, en los últimos 25 años.
Corregir casos de inequidad, puede ser una de las tareas que se puede hacer en uso de la potestad discrecional del Gobierno. Ahora bien, utilizarla para dar pensiones extraordinarias a artistas y a comunicadores famosos o influyentes, que han ejercido sus oficios en el sector privado o como autónomos o por cuenta propia, no tiene ningún sentido de Estado y promueve injusticias y abusos.
Si cuando ganaron millones de pesos no supieron invertir, ni ahorrar y si dilapidar y “gozar” y no pueden mantener su antiguo tren de vida, la culpa no es del Estado. Los contribuyentes no tienen porque subvencionar a quienes gastaron como cigarras, en vez de ser previsores como hormigas. Es criticable que el Gobierno les de pensiones.
También es criticable que esos artistas pidan ser pensionados o si no las han solicitado, que las acepten, pero es menos grave que el que el hecho que el Gobierno se las conceda. En definitiva, ellos como personas individuales se mueven por sus intereses particulares, no tienen necesariamente que pensar en la defensa de lo público, que sí es un deber del Gobierno.
Existe en el país una cultura nefasta para lo público, que es considerar que el Estado es una ubre inagotable, de la cual se puede mamar sin límites. Eso se puede constatar en la idea infantil de que los recursos del Estado se pueden gastar sin poner trabas, sea en el uso de la Sanidad Pública, en los nombramientos de personal o en cualquier otro tipo de gasto.
Lo más curioso es que los más individualistas, y muchas veces los que más bienes e ingresos poseen, son los que más angurria tienen. Son los que intentan aprovecharse en mayor cuantía de lo público. Es una cultura del despojo, del saqueo del Estado.
¿Quiénes son los más perjudicados? Como siempre, los más pobres y marginales. Aquellos que no tienen capital económico, ni capital cultural. Ni mucho menos capital social. Es decir, no tienen familiares, amigos, colegas, ni conocidos en las esferas superiores del poder económico, político, militar, ni entre los intelectuales, profesionales y técnicos orgánicos de esos poderes, a los que sirven, y que pueden influir para que el Gobierno les de sus pensiones.
Por eso mismo los Gobiernos siguen manteniendo unas pensiones desproporcionadamente altas para ciertos ex directivos de, por ejemplo, el Banco Central, el de Reservas, la Superintendencia de Banca y la de Seguros, e Indotel, entre otras. Pensiones que alcanzan o rondan el millón de pesos mensuales.
Mientras, hay maestros cuya pensión no les da para la canasta familiar de alimentos de una semana, y no digamos, el caso de los braceros de la caña que llevan décadas reclamando una pensión mínima, que al menos les permita dejar su dieta de agua con azúcar, para comer aunque sea un día a la semana alitas, cogote o hígados de pollo.
Así tenemos un escenario con un polo de hiper egoístas con poder o influencia versus obreros manuales o de la mente desarrapados y descamisados. Un Gobierno con sentido de la Justicia y un mínimo de sensibilidad social y equidad, debe usar sus medios para ayudar a los últimos y poner freno a las apetencias de los primeros.
De todos modos, cada vez más me voy convenciendo que la idea subyacente, en muchos empresarios y en algunos políticos en el poder (antes y ahora), es la siguiente: “El que no pueda vivir, que se muera”.
A fin de cuentas la RD, para ellos y para muchos de los profesionales, técnicos e intelectuales a su servicio, la población dominicana no requiere una mejora de sus condiciones de vida, no es tan importante que ésta población esté viva y que viva bien.
La concepción instrumental imperante lleva a la idea de que la población más pobre es mano de obra sustituible, gracias a la reserva inagotable de población haitiana de que pueden disponer sin límites. El funcionamiento del mercado, de sus “leyes” es implacable en su búsqueda de beneficios, en aumentar sus cuotas de plusvalía. El capital (y sus agentes) es cosmopolita, transnacional y anti fronteras.
Gracias a todos los que directa e indirectamente, propician la inmigración masiva irregular haitiana hacia la RD, no desde hace dos años sino desde décadas atrás, en tiempos del Partido Reformista y del PLD y de sus aliados (no olvidarlos), no existe ninguna presión social ni demográfica para que los gobiernos, empresarios y políticos, se vean compelidos a actuar para mejorar las condiciones de vida de la masa pobre nacional. Al ser sustituible con facilidad, se convierte, política y económicamente, en irrelevante. Repito: al ser sustituible se convierte en irrelevante.
